La alegría duró poco, ya que la Corte Suprema modificó las agravantes contra David Castillo, señalado como un actor intelectual del asesinato de Berta Cáceres. Organizaciones critican reducción de la pena de Castillo
Por Dunia Orellana
Colaboración de Dennis Arita
Tegucigalpa, Honduras. Con la confirmación de la sentencia contra siete de ocho personas condenadas por el asesinato de la activista Berta Cáceres, el lunes 25 de noviembre, se acabaron ocho años de esperar justicia.
Sin embargo, según organizaciones se trata de un triunfo a medias en el caso de la activista asesinada en su casa en el año 2016, ya que la Corte Suprema de Justicia modificó las agravantes contra David Castillo, señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato.
La justicia a medias abarca además el intento de asesinato de Gustavo Castro, compañero de lucha de la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
📌Bertha Zúniga, coordinadora general de COPINH, expresa su preocupación por las recientes modificaciones de la Corte sobre las condenas de los responsables del asesinato de su madre, Berta Cáceres.
"Aunque se han ratificado las sentencias para los autores materiales del… pic.twitter.com/lYaPU0cWbl
— COPINH (@COPINHHONDURAS) November 28, 2024
A pesar de la señalada reducción de penas, incluyendo la de Castillo, el máximo tribunal confirmó las condenas de los exmilitares Henry Hernández y Douglas Bustillo, el mayor del Ejército de Honduras Mariano Díaz y otros tres involucrados en el crimen.
Como es sabido, el asesinato de Cáceres se sumó a la violencia contra la defensa de derechos humanos y medio ambiente en Honduras, donde, según Naciones Unidas, unas 561 personas defensoras y periodistas sufrieron agresiones y al menos 15 fueron asesinados en 2023.
“Un momento de justicia”
Tras conocer las condenas confirmadas para los siete involucrados en el asesinato de Cáceres, el Copinh manifestó su alegría en redes sociales y por otros medios.
La sentencia contra los asesinos no solo fue causa de celebración para el Consejo Cívico, que lleva años denunciando a los responsables del asesinato de la activista.
Asimismo, medios de comunicación y organizaciones en Honduras y en otros países afirmaron que las condenas de los responsables son “un momento de justicia”.
Pero la alegría duró poco, ya que unos cuantos días después, Bertha Zúniga Cáceres, hija de la ambientalista asesinada y coordinadora general del Copinh, aseguró que el anuncio de los medios sobre la condena de los asesinos “no se corresponde con lo que dice esta sentencia”.
Temor por reducción de penas
“Ayer logramos acceder a la sentencia escrita [y] lo que se había anunciado en las noticias no se corresponde con lo que dice esta sentencia. Aunque se ratifican las sentencias de casación, ha habido un cambio de categoría a varios de los asesinos y una reducción de la pena”, confirmó Berta Zúniga Cáceres tras conocer el escrito de la sentencia.
La afirmación de Zúniga pone en duda la efectividad de la condena de 22 años y seis meses de cárcel para David Castillo, quien es parte del grupo de condenados junto con sicarios, exmilitares y trabajadores de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), empresa responsable de la hidroeléctrica a la que se oponía Berta Cáceres.
Así pues, el temor de las organizaciones de derechos humanos de Honduras se debe a una criticada reducción de la condena de Castillo tras haberse modificado las agravantes en su contra.
1/2🖼 ¿Por qué el asesinato de Berta Cáceres es un femicidio político?
👉🏾La lucha de Berta Cáceres en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la familia Atala Zablah, la convirtió en una amenaza para poderosos intereses políticos y empresariales en Honduras. Su… pic.twitter.com/VuYCwtCzOM
— COPINH (@COPINHHONDURAS) November 29, 2024
De hecho, según el Copinh, la decisión de la Corte “confirma una vez más la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala, continúan en la impunidad”.
Asimismo, la organización señala que las modificaciones en las condenas se deben a “presiones indebidas al órgano de justicia y demuestra la continuidad de la estructura criminal detrás del crimen contra Cáceres”.
Así, según integrantes del Copinh, la categoría de David Castillo se ha cambiado “de autor a inductor”.
Esta modificación se da a pesar de que las investigaciones del Copinh apuntan a que Castillo fue mediador entre los autores intelectuales del crimen y los sicarios.
Asimismo, según la organización, Castillo participó en la planificación y el pago a los sicarios, con lo cual su papel es más que el de instigador del crimen al haber sido parte de la preparación directa del hecho.
Sin embargo, aseguró Berta Zúniga Cáceres, el cambio de categoría reduce la pena de David Castillo de 22 años y medio a 20 años. También en el caso de Mariano Díaz Chávez, la condena baja de 30 años a 20 años y 10 meses.
Las reducciones abarcan asimismo a los sicarios, es decir, a los autores directos del crimen de Cáceres y del intento de asesinato de Gustavo Castro.
“Estas sentencias confirman una estructura criminal que utilizó a la empresa DESA como fachada. De esta estructura falta la cabeza, que es la familia Atala, los dueños de todas estas inversiones [y] los más afectados por la labor de Berta Cáceres contra este proyecto hidroeléctrico junto al Copinh y la comunidad indígena lenca”, manifestó Camilo Bermúdez, integrante del equipo de litigio de Copinh.
