Estado, militares y policías siguen al frente de ataques contra defensoras. Pese a la narrativa oficial de la “refundación”, las violaciones de derechos humanos persisten
Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. El Estado sigue siendo el principal perpetrador de los ataques contra defensoras de derechos humanos, según un nuevo informe de la Red Nacional de Defensoras. De hecho, la organización afirma que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional y las autoridades de instituciones centrales y municipales se cuentan entre las responsables de este tipo de agresiones en Honduras.
Para documentar estos hechos, la Red ha construido a lo largo de sus 15 años de existencia una propuesta de protección integral feminista.
Esta iniciativa tiene como objetivo el acompañamiento colectivo para continuar la lucha por los derechos de una forma más cercana, cuidadosa y segura en los territorios, afirmó la defensora de derechos humanos Katherin Cruz.
Militares y policías, principales agresores
Cruz explicó que la estrategia de protección feminista abarca la documentación de agresiones contra defensoras de derechos humanos.
Según datos de la Red, los principales responsables de los ataques siguen siendo el Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las autoridades centrales y municipales.
Cruz agregó que las personas defensoras de la tierra y del territorio continúan siendo las más agredidas durante los últimos 15 años.
La defensora aseguró que la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y el Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) se hallan entre las más atacadas.
Lo anterior se debe a que estas organizaciones se hallan en constante confrontación con los megaproyectos extractivos. Asimismo, sus principales ejes de lucha atraviesan la defensa de la tierra y el territorio, así como los bienes comunes.
“El Gobierno quiere extinguirnos”
El pueblo garífuna ha recibido muchas agresiones y amenazas que el gobierno ha querido callar, afirmó Tania Iden, defensora garífuna de Ofraneh.
«Tenemos que seguir perseverando en la lucha porque no queremos lo que quiere el Gobierno para nosotros: extinguirnos de todas las costas», aseveró Iden.
Entretanto, Melissa Cardoza, de la Red de Defensoras, manifestó que la organización avanza y que la conciencia y la lucha de la gente sigue adelante.
Cardoza señaló que, en los últimos años, ciertas políticas de gobierno han deteriorado más la vida de las mujeres. Entre ellas mencionó el estado de excepción y los desalojos en el campo, que han aumentado las agresiones contra las defensoras.
Informe-2024-RNDDHLa mitad de los ataques son del Estado
Según el informe de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, en 2024 se documentó un total de 2,735 ataques contra defensoras de derechos humanos. Más del 80% de los casos se produjeron contra quienes defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes.
De hecho, las tendencias se mantienen a lo largo de más de una década. Entre 2010 y 2023, al menos el 50% de las agresiones registradas se dirigieron contra defensoras de la tierra y el territorio. A continuación se hallan los ataques contra el derecho de defender derechos, así como el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Asimismo, se sostiene la tendencia de los perpetradores, pues durante estos 15 años los representantes del Estado —policías, militares y autoridades públicas— ocupan más del 50% del total histórico de quienes llevan a cabo los ataques contra defensoras.
De acuerdo con el informe, los tipos de agresión más frecuentes fueron el hostigamiento, las amenazas y la vigilancia.
Casi 2,800 agresiones en 2024
En el 2024 se registraron un total de 2,735 ataques contra defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y comunidades.
En este contexto ha habido un incremento del 1.8% respecto al 2023, cuando se reportaron 2,687 ataques.
De acuerdo con los datos, se observa una tendencia de crecimiento progresiva en las agresiones de los últimos 15 años. Esta subida se relaciona con la sofisticación del sistema de registro.
El 32% de las defensoras, ante la crisis nacional, realiza trabajo de base y movilización permanente, mientras el 12% son campesinas y agricultoras.
Por lo anterior, su labor se vuelve compleja, ya que no solo defienden causas colectivas, sino que también deben garantizar la seguridad y bienestar de sus familias.
Defensoras del territorio, en riesgo
Del total de agresiones, el 82% fueron colectivas. Es decir que provienen de desalojos, ataques durante acciones de movilización, plantones y cabildos abiertos. Asimismo, abarcan encuentros de mujeres, conferencias de prensa, campañas de desprestigio en redes sociales, medios de comunicación y vocerías institucionales.
Por otro lado, el 11% de las agresiones fueron personales, es decir, contra la defensora por su actuación política. Y el 7% se dirigieron contra las organizaciones.
En 2024, el 81% de las defensoras más agredidas fueron quienes luchan por la tierra y el territorio, el medio ambiente y bienes naturales. Las políticas de despojo y la dinámica extractivista continúan teniendo raíces profundas y sostenidas.

¿Dónde sucedieron más agresiones?
Respecto al lugar donde ocurrieron las agresiones, se documenta que el 27%, o sea 729, se reportaron en Atlántida. Por cierto, en este departamento se encuentran comunidades organizadas en la Ofraneh.
A continuación se sitúa Francisco Morazán con un total de 432 agresiones conectadas con la centralización de las instituciones estatales donde las organizaciones exigen respuestas a sus problemáticas.
Y, en tercer lugar, Colón, donde han ocurrido 343 agresiones y la lucha histórica por la tierra y contra los megaproyectos extractivos continúa presente.
Vulnerabilidad de derechos
El derecho más vulnerado de las defensoras es el de la integridad personal. En este apartado se registran 1,158 agresiones durante 2024.
El 46% de las agresiones en esta categoría incluye hostigamiento, seguido de violencia, física o psicológica y el uso excesivo de la fuerza.
Agresiones contra el derecho a la vida
El informe registra ocasiones en las que hubo disparos directos contra las defensoras y sus familias, como en Choluteca, el Aguán, Triunfo de la Cruz y Nueva Armenia. Se trata de la más grave y alarmante expresión de violencia.
¿Quiénes son los agresores?
Se documentó que el 41% de las agresiones fueron responsabilidad de policías, militares y autoridades públicas.
El 15% de los agresores fueron personas desconocidas. Mientras tanto, el 9% fueron agentes de seguridad privada contratados, en muchas ocasiones, por empresas e industrias extractivas para protegerlas.
Finalmente, el informe profundiza en la violencia que viven las defensoras por su ejercicio político, por ser mujeres y parte de las disidencias sexuales. Asimismo, resalta el impacto que estas violencias generan en el territorio cuerpo de las defensoras.



