Unas 14 comunidades exigieron captura de Lenir Pérez tras el auto de formal procesamiento contra ejecutivos por desastre ambiental
Por Lissy Serén
Fotos de Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. La captura inmediata de Lenir Pérez volvió a exigir el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos tras la presentación, el 13 de mayo, de pruebas aplastantes contra tres altos ejecutivos de las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek.
La demanda de la organización se repite luego de la revelación de contundente evidencia de explotación ilegal de recursos naturales y daños en el Parque Nacional de Montaña Carlos Escaleras-Botaderos.
El Comité volvió a demandar que la ley alcance tanto al prófugo Lenir Pérez como a otros nueve imputados de la Municipalidad de Tocoa y del ICF que han sido acusados de corrupción y abuso de poder.
“Falta Lenir”
“La esperanza es que el juez tomará una razonada resolución en base a todos los medios probatorios que yacen en este caso», dijo Juana Esquivel, asesora del Comité. Según Esquivel, esta acción impulsará el formal procesamiento contra los directivos de la empresa Pinares Ecotek.
Para respaldar sus señalamientos por el desastre causado en el Parque Carlos Escaleras, las y los ciudadanos alzaron pancartas y fotografías en las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
“Falta Lenir Pérez” se leía en una de las pancartas que los manifestantes pegaron en los muros de la Corte Suprema de Justicia.
La demanda de captura de Pérez, principal accionista de las compañías señaladas, sirvió junto con otros mensajes para respaldar la protesta pacífica de ciudadanía en demanda de justicia.
Al menos tres funcionarios involucrados
Con una serie de pruebas contundentes quedó acreditada la participación directa de tres altos ejecutivos de las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotek en la explotación ilegal de recursos naturales y daños al Parque Nacional de Montaña Carlos Escaleras Botaderos.
Las evidencias se presentaron durante las conclusiones de la audiencia inicial celebrada el 13 de mayo del 2025.
El caso penal abarca a Víctor Lorenzo Bernárdez, representante legal; Fernando Padilla, superintendente de medio ambiente, y Douglas Alvarenga, superintendente de minas.
Las comunidades exigieron llevar a juicio a los tres funcionarios por varios delitos para hacer avanzar el megaproyecto Pinares/Ecotek.
Adulteraron el acta municipal
Según Juana Esquivel, entre los actos de corrupción en beneficio y por directrices de esta empresa se halla la falsificación del acta, ya que quienes toman las últimas decisiones son los ejecutivos y directivos.
Esquivel afirmó que la minera traficó con influencias, involucrando al alcalde, la secretaria y el representante de la UMA de la Municipalidad de Tocoa. De esa manera obtuvo la falsificación del acta según la cual la empresa socializó su megaproyecto con las comunidades de Guapinol y el sector San Pedro.
Viajaron toda la noche en busca de justicia
Gente de las comunidades viajó toda la noche hasta la Corte Suprema de Justicia para conocer la resolución. Esta decisión se debió a que hay suficientes pruebas de la responsabilidad de los directivos de las empresas señaladas por el desastre ambiental en el Parque Carlos Escaleras, las fuentes de agua y la vida de las comunidades.
Juana Esquivel comentó que se han movilizado personas de 14 comunidades vecinas de la zona donde se halla la empresa extractiva. A la capital también viajó gente del sector San Pedro.
Se trata en este caso de ciudadanía directamente afectada, ya que el plantel se halla en la orilla del río San Pedro, el cual nace en el corazón de esta zona protegida.
La representante del Comité señaló que el desastre causado por esta empresa es una tragedia humana.
Añadió que el daño ambiental ha desplazado a 40 familias y causado la muerte de al menos ocho personas, además del asesinato del ambientalista Juan Antonio López.
Dictan formal procesamiento
Se dictó auto de formal procesamiento contra los cuatro ejecutivos de Pinares/Ecotek, y se abre camino para seguir juicio oral y público que comenzará el 11 de junio.
Las comunidades lamentaron el terrible papel de la Procuraduría General de la República (PGR).
El reclamo ciudadano se debe a que la PGR no presenta argumentación suficiente para decir que los delitos cometidos son crímenes que han puesto en riesgo la existencia de las comunidades.
Según la ciudadanía en protesta, la PGR tampoco ha señalado la responsabilidad de las personas inculpadas en los asesinatos cometidos por las mineras.
¿Justicia a medias?
Las comunidades afectadas esperaban que hubiera un poco más de equidad en la justicia que se está exigiendo desde hace 10 años.
Las cuatro personas responsables del daño causado por la explotación ilegal de recursos naturales siguen defendiéndose en libertad. Este desenlace evidencia que es posible comprar la justicia.
Por el contrario, siete personas defensoras del Guapinol estuvieron en detención arbitraria durante más de dos años por defender el parque nacional y sus fuentes de agua.
Con leyes debilitan protección ambiental
Este proceso judicial ocurre en un contexto alarmante, ya que el Congreso Nacional de Honduras discute actualmente una propuesta de reforma de la Ley General del Ambiente. La modificación legal eliminaría la obligación de realizar estudios de impacto ambiental para ciertos proyectos extractivos.
Si la aprueban, esta reforma legalizará retroactivamente prácticas como las investigadas en ese caso. Además debilitará gravemente los mecanismos de protección ambiental y de rendición de cuentas.
Las comunidades afectadas y las organizaciones ambientales defensoras de derechos humanos advierten que esta propuesta abre la puerta a una nueva ola de destrucción ambiental con impunidad garantizada para las empresas responsables.
