Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. «Riesgos graves» generan las recientes reformas penales aprobadas en Honduras en el marco de la lucha contra el crimen organizado, advierte la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
En una alerta pública, el organismo internacional señala que los Decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026 incorporan restricciones excepcionales a derechos fundamentales. «Apreciadas de manera integral, se asemejan a facultades propias de un estado de excepción sin que exista una declaratoria formal de suspensión de garantías», agrega.
Seguridad y derechos humanos son complementarios
La Oacnudh reconoció los «importantes desafíos» que enfrenta el país en materia de violencia, extorsión y criminalidad organizada. Asimismo, subrayó que el Estado no solo tiene la facultad sino la obligación de adoptar medidas para proteger a la población frente a las estructuras criminales y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
Sin embargo, enfatizó que esas medidas deben adoptarse dentro del marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Honduras. «La seguridad y los derechos humanos son objetivos complementarios y mutuamente reforzantes», sostuvo la Oficina, al reiterar que las respuestas frente al crimen organizado deben desarrollarse dentro del Estado de derecho.
Los puntos preocupantes
Según el pronunciamiento, resulta alarmante la ampliación penal de asociación terrorista a organizaciones sin objetivos ideológicos y su acreditación mediante tatuajes.
Según la Oacnudh, estas disposiciones vulneran el principio de legalidad, la responsabilidad individual penal, la presunción de inocencia y la libertad personal.
Por otra parte, el organismo alertó sobre la autorización de allanamientos sin posibilidad de control judicial, lo que debilita la prevención de actuaciones arbitrarias y afecta el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
La Oacnudh también cuestionó la ampliación a 48 horas de detención sin comparecencia inmediata ante una autoridad judicial. A su juicio, esto «incrementa significativamente el riesgo de detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y situaciones que podrían facilitar desapariciones forzadas».
Finalmente, la Oacnudh advirtió que estas medidas podrían incrementar el riesgo de criminalización indebida, especialmente contra la protesta social y la defensa de derechos humanos.
Esto es lo que recomiendan
La Oficina recomendó reformar la legislación apegándose a las obligaciones internacionales de derechos humanos y adoptar medidas para prevenir y mitigar cualquier riesgo de violaciones.
Asimismo, pidió asignar al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) recursos para monitorear y controlar la actuación estatal.
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