Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. El reciente colapso del Ueno Bank en Paraguay y la consiguiente renuncia del presidente Santiago Peña han encendido las alarmas en América Latina. Todavía sacudida por la crisis bancaria y el escándalo, en la región se ha reabierto el debate sobre el uso de los fondos de pensiones públicos en inversiones bancarias privadas.
De hecho, analistas y sectores sociales advierten que las similitudes con las decisiones financieras tomadas en instituciones de previsión en Honduras arriesgan al país a exponerse a una crisis parecida a la de la nación sudamericana.
Así detonó en Paraguay
El escándalo estalló cuando se reveló que el gobierno de Santiago Peña había inyectado más de 800 millones de dólares provenientes del Instituto de Previsión Social (IPS), equivalente a los fondos de los jubilados paraguayos, en el Ueno Bank. El problema es que el propio mandatario había sido socio de esta institución financiera.
Poco después, Ueno Bank se declaró insolvente y sin liquidez patrimonial, por lo cual congeló los ahorros de casi tres millones de ciudadanos y puso en riesgo las pensiones. La presión social y política fue tal que la Cámara de Diputados votó unánimemente a favor de un juicio político, obligando a Peña a renunciar a su cargo para intentar eludir responsabilidades penales.
Las sombras en el Injupemp de Honduras
Según diversos sectores, el caso paraguayo es un «espejo» para Honduras. Medios independientes denuncian que el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), bajo la dirección de Raúl Valladares Pavón, inyectó más de 900 millones de lempiras de los aportantes y jubilados en acciones preferentes de Banco Ficohsa. La inversión de 900 millones se repartió en 360,000 acciones preferentes de banco Ficohsa, a 2,500 lempiras cada una, aunque su valor nominal es de 100 lempiras.
Organizaciones gremiales y jubilados han manifestado su profunda preocupación debido a la falta de voz y voto, ya que la millonaria transacción no otorga al Injupemp poder de decisión en la institución financiera privada.
Asimismo, han denunciado que las acciones no tienen obligación de recompra. Esto es así porque se trata de fondos vitales invertidos en instrumentos que generan desconfianza entre los aportantes.
Por último, se quejan de una exposición acumulada, pues, además de esta compra de acciones, el banco privado maneja otra cartera multimillonaria de depósitos a plazo fijo del instituto previsional.
A esto se suman los temores macroeconómicos señalados por expertos, como la presión inflacionaria y la emisión de moneda sin respaldo reportada en años anteriores por el Banco Central de Honduras (BCH), lo que reduce el poder adquisitivo de la ciudadanía.
La exdiputada liberal Suyapa Figueroa se unió a las denuncias sobre el movimiento de fondos del Injupemp hacia banco Ficohsa y exigió que investigarlo. «Esto es grave y debe analizarse y hacer las acciones que correspondan», señaló Figueroa.
En medio de las voces de alarma por los ahorros de los jubilados en Honduras, el director del Injupemp, Raúl Valladares, salió a defender las acciones de la institución que dirige y pidió calma a la población de jubilados del país.
“El pago de sus pensiones continúa con normalidad”, aseguró Valladares. “Los invitamos a no dejarse sorprender por la desinformación ni por quienes buscan generar incertidumbre para favorecer sus propios intereses políticos”.
Voces de alerta y exigencia de transparencia
Mientras en Paraguay la crisis cobró la cabeza del poder Ejecutivo, en Honduras los funcionarios involucrados continúan en sus cargos y las explicaciones oficiales sobre la rentabilidad y seguridad de los fondos no han logrado calmar el descontento.
Asociaciones de jubilados, que ya han protagonizado protestas en ciudades como San Pedro Sula, exigen auditorías independientes y transparencia absoluta. La advertencia de la sociedad civil es clara: los ahorros y las pensiones de los trabajadores hondureños no pueden ni deben ser utilizados como caja chica ni expuestos a riesgos de insolvencia bajo ninguna administración política.
