A pocos meses del EPU, denunciaron impunidad, exclusión y ausencia de voluntad política para garantizar derechos LGBTI+ en Honduras
Por Nazareth Gómez
Fotos de Aecid
Tegucigalpa, Honduras. El Comité de la Diversidad Sexual de Honduras (CDSH) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) presentaron el informe No estamos pidiendo privilegios a pocos meses para el Examen Periódico Universal (EPU) que enfrentará Honduras en noviembre de 2025.
El reporte es fruto de la colaboración entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y múltiples organizaciones de la sociedad civil.
El EPU: ¿cómo podemos avanzar?
El informe No estamos pidiendo privilegios analiza el cumplimiento de 15 recomendaciones emitidas al Estado en el EPU de 2020, específicamente sobre derechos de personas LGBTI+. Estas recomendaciones se agrupan en tres ejes principales:
- No discriminación: incluye medidas para erradicar prácticas discriminatorias basadas en la orientación sexual o identidad de género, así como la aprobación de leyes contra la discriminación.
- Acceso a la justicia: orientado a garantizar investigaciones efectivas, la tipificación adecuada de delitos de odio y la sanción a los responsables.
- Protección: busca fortalecer mecanismos que salvaguarden la vida e integridad de personas LGBTI+, defensoras de derechos humanos, periodistas y otros grupos vulnerables.
La violencia persiste
Aunque 14 de estas recomendaciones fueron aceptadas, las organizaciones sostienen que ninguna se ha implementado de manera efectiva.
Además, la violencia persiste y la impunidad predomina: entre 2020 y marzo de 2025 se registraron 194 asesinatos de personas LGBTI+, siendo 2023 el año más letal.
Por otra parte, el 93% de estos crímenes permanece impune.
El informe también señala que el Estado no ha adoptado reformas clave como una ley de identidad de género, una ley integral contra la discriminación, ni ha modificado el artículo constitucional que impide el matrimonio igualitario.
De hecho, los intentos de la sociedad civil por promover estos cambios han sido ignorados.
¿El Estado “saluda con sombrero ajeno”?
Aunque el Gobierno presentará en el EPU algunas acciones, como capacitaciones para policías o creación de unidades de género, las organizaciones aclararon que esas acciones han sido diseñadas, impulsadas y sostenidas por la sociedad civil, no por iniciativa estatal. “Nosotras hacemos el trabajo, ellos lo reportan como logro propio”, reclamaron.
El informe concluye que el Estado sigue sin asumir su responsabilidad, mientras las personas LGBTI+ continúan enfrentando discriminación en instituciones de salud, justicia, seguridad y educación.
Ante esta situación, las organizaciones llamaron al cuerpo diplomático y a los mecanismos internacionales a tomar en cuenta esta evaluación alternativa, basada en evidencia y en años de trabajo en el terreno.
“No estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo los derechos que el Estado está obligado a garantizar”, afirmaron.
