Lencas demandan la derogación de decreto criminalizador y sanciones contra jueces corruptos en Honduras
Por Lissy Serén
Fotos: Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos
Tegucigalpa, Honduras. Los Consejos Indígenas Lencas de Potrerillos, La Tigra y El Achotal, del municipio de Siguatepeque, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el Decreto Legislativo 93-2021 y el uso arbitrario del delito de “usurpación agravada”. Según un comunicado del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos, el decreto se utiliza para criminalizar la defensa de las tierras ancestrales.
Condenas injustas bajo Decreto 93-2021
El 7 de agosto de 2023, once personas recibieron condenas injustas bajo este marco jurídico que promueve el despojo y la represión.
Mientras tanto, los representantes lencas denunciaron la aprobación ilegal y sin consulta previa del Decreto 93-2021 con el objetivo de favorecer a sectores empresariales, reprimir la protesta social y expulsar a los pueblos indígenas de sus territorios.
Asimismo afirmaron que han denunciado esta norma por su carácter inconstitucional al violar derechos protegidos por la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y otros tratados internacionales de derechos humanos.
Lencas: Estado incumple obligaciones
Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Congreso Nacional han incumplido su obligación de derogar esta ley ilegal y proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. De ese modo permiten usarla para perseguir, castigar y silenciar las luchas legítimas.
Con esta acción, los pueblos exigen que se declare inconstitucional el uso de cuatro artículos introducidos por el Decreto 93-2021 y creados para castigar a quienes defienden su territorio frente al despojo y la criminalización.
De este modo, con el recurso exigido buscan establecer un precedente frente al uso del derecho penal como arma contra la organización indígena y comunitaria.
Entretanto, los Consejos Indígenas Lencas hicieron énfasis en que su lucha es legítima, pacífica y basada en derechos colectivos.
“No aceptamos que la ley se utilice para despojarnos ni que se criminalice nuestra existencia”, expresaron en su comunicado.
“¡Nuestra raíz es resistencia, nuestro camino es justicia!”, añadieron. “Ni el Decreto 93-2021 ni los jueces corruptos nos van a callar en la lucha por la tierra”.
Lencas exigen investigar y sancionar a jueces y fiscales corruptos
Por otra parte, los Consejos Indígenas Lencas de Potrerillos, La Tigra y El Achotal informaron al pueblo hondureño y a la comunidad nacional e internacional que se presentaron denuncias ante el Ministerio Público contra operadores de justicia de Siguatepeque. Además, consideraron que tal medida es legítima y en defensa de sus derechos contra el despojo y la criminalización.
Las denuncias presentadas ante la justicia incluyen denuncia penal por extorsión, acusación falsa, amenazas y trato degradante contra la jueza Sara Shayk Tobar Aguilera, cuyas actuaciones racistas y corruptas han sido guiadas por intereses ajenos a la ley y la imparcialidad judicial.
Por otro lado, denunciaron por acusación falsa a las fiscales Ana Gissela Ferrera Carbajal, Cindy Michelle Calderón, Kenia Yaquelin Rivera y a continuación exigieron investigarlas y sancionarlas por sus actuaciones.
Según el comunicado de prensa, además de las denuncias penales presentadas se preparan nuevas acciones legales por prevaricación judicial contra los jueces Darvin Ulises Almendares Lizardo, Carlos Rolando Alemán Rodríguez, Víctor Antonio Cálix Ponce y Juan Pablo de León Gómez por dictar sentencias arbitrarias que favorecen el despojo de tierras lenca y violan el debido proceso.
También expresaron que se presentará una denuncia contra el fiscal Maximiliano Rubí, a quien consideran responsable de desalojos ilegales, amenazas y criminalización sistemática de la lucha por la tierra y la vida.
Persiste reclamo de justicia
Estas denuncias se presentan como una exigencia de justicia verdadera en un contexto donde el sistema judicial ha sido utilizado para perseguir y castigar a quienes defienden su territorio frente a intereses económicos y políticos.
De igual manera reiteraron que su lucha es pacífica, legítima y basada en sus derechos como pueblos indígenas reconocidos por el Convenio 169 de la OIT, la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos.
Por último hicieron un llamado a la solidaridad de otros pueblos originarios, organizaciones y medios de comunicación para acompañar y visibilizar estas acciones y exigir el respeto a los derechos colectivos lencas, así como el fin de la criminalización y el despojo.
