En el marco del EPU, más de 70 organizaciones presentaron informes que denuncian retrocesos, violencia e impunidad en Honduras
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras. En el marco del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones de sociedad civil en Honduras presentaron informes alternativos para evidenciar el incumplimiento de compromisos en materia de derechos humanos. Las recomendaciones al Estado serán revisadas en noviembre de 2025, cuando Honduras enfrente su evaluación internacional.
Durante el evento se compartieron siete informes temáticos sobre mujeres, niñez, diversidad sexual, personas defensoras, tierra, discapacidad y radios comunitarias. Las organizaciones exigen que las recomendaciones se traduzcan en acciones reales.
Informe-Situacion-DDHH-Honduras-VO4-paginas-Diagramado-2025Violencia contra las mujeres y retrocesos legales
La Plataforma EPU Mujeres denunció que entre 2020 y 2024 se registraron más de 1,500 muertes violentas de mujeres y más de 8,600 evaluaciones médicas por violencia sexual. Solo hay tres juzgados especializados y 72 fiscales para más de 100 mil denuncias anuales.
También alertaron que no se ha aprobado la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres ni la Ley de Violencia Política. Ciudad Mujer opera solo en seis ciudades, dejando sin cobertura al 42.8% de las mujeres. “Seguimos exigiendo voluntad política para avanzar”, afirmaron.
Niñez: pobreza, violencia y abandono estatal
Organizaciones como Coiproden expusieron que el 66.8% de la niñez vive en pobreza y que siete de cada diez están en situación de pobreza multidimensional. Aunque se ha creado la Secretaría de Niñez y se aprobó una política nacional, aún no hay presupuesto suficiente ni liderazgo institucional claro.
Entre 2020 y 2024, más de 270 niñas, niños y adolescentes murieron por violencia. También se reportaron más de 800,000 alertas de desaparición, de las cuales el 30% corresponde a niñez. Las organizaciones exigen actualizar la política de prevención de violencia y fortalecer el sistema de protección.
Diversidad sexual: impunidad y exclusión
Desde 2009, más de 400 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Honduras, con un 93% de impunidad. Las organizaciones denunciaron la falta de avance en la aprobación de la Ley de Identidad de Género, el reconocimiento legal del matrimonio igualitario y la adopción de políticas inclusivas.
“El Estado mantiene patrones de discriminación institucional. No basta con crear políticas si no hay voluntad para implementarlas”, señalaron.
Solo existen seis fiscales a nivel nacional para investigar estos crímenes.
Territorio, pueblos indígenas y represión
El Centro de Estudios para la Democracia denunció que más de 1.8 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria grave. No se han hecho reformas para resolver la deuda agraria ni se han implementado sentencias a favor de comunidades garífunas.
También señalaron que, a pesar de existir un mecanismo de protección, Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para las personas defensoras. “Se asesina, se criminaliza y no hay respuestas del Ministerio Público”, denunciaron.
Llamado urgente
Las organizaciones exigieron al Estado hondureño tomar con seriedad las recomendaciones del EPU.
Además, exigieron asumir compromisos reales con los sectores históricamente excluidos y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos desde una visión integral y con enfoque de justicia.
Los informes completos están disponibles para consulta pública.
