Nueva oleada de violencia en el Bajo Aguán: organizaciones exigen respuestas claras a impunidad y criminalización del movimiento campesino
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras. La violencia ha vuelto a teñir de sangre las tierras del Bajo Aguán. Una escalada de asesinatos y desplazamientos forzados contra el campesinado hondureño denunciaron, en un pronunciamiento público, la Mesa Tierra y Territorio (MTT) y las organizaciones que integran la Coalición contra la Impunidad (CCI).
Muerte e impunidad en el Aguán, ¿hasta cuándo?
La situación ha alcanzado un punto crítico, ya que solo en las últimas semanas resultaron asesinados tres miembros de empresas campesinas en el departamento de Colón.
El 17 de julio, hombres armados emboscaron a Ramón Rivas Baquedano, socio de la Empresa Asociativa Campesina de Producción La Aurora, y su hijo Carlos Rivas, miembro de la Empresa Campesina Gregorio Chávez, mientras se dirigían a trabajar al sector de Sinaloa, Tocoa.
Días después, el 26 de julio, los asesinos acabaron con la vida de Héctor Otoniel Hernández Castro, de apenas 22 años. Castro era miembro de la misma empresa y hermano de Wendy Hernández, subcoordinadora de la Plataforma Agraria. Los criminales atacaron a Héctor cuando mientras realizaba labores agrícolas en Trujillo.
No son hechos aislados: organizaciones
Las organizaciones firmantes denuncian que estos hechos no son aislados, sino parte de una estrategia de desarticulación del movimiento campesino, que incluye asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y terror sistemático ejercido por estructuras criminales con presencia impune en la región, particularmente en la finca Paso Aguán. “Estos crímenes responden a una estrategia de desarticulación del movimiento campesino”, advierten en el pronunciamiento.
La Coalición responsabilizó directamente al Estado hondureño por su inacción y negligencia.
A pesar de que la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, la DPI y la Secretaría de Derechos Humanos tienen conocimiento de las operaciones de estos grupos armados, “han sido ineficaces en el abordaje de los hechos que afectan a las comunidades campesinas”.
La Coalición también cuestionó el incumplimiento de los acuerdos firmados en febrero de 2022 entre el Gobierno y el movimiento campesino, los cuales prometían frenar la violencia y avanzar en la reforma agraria. “La falta de cumplimiento ha abierto las puertas a los desalojos irregulares y a procesos de criminalización contra quienes defienden pacíficamente sus territorios”, señala el comunicado.
Exigen que Xiomara actúe
Desde Tocoa, las organizaciones exigen a la presidenta Xiomara Castro actuar con urgencia, desmantelar las estructuras criminales, procesar a los responsables y garantizar la vida de quienes defienden el derecho a la tierra.
También hicieron un llamado a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático y a las organizaciones de derechos humanos a mantenerse vigilantes y exigir justicia.
El mensaje es claro y contundente: “¡Basta ya de derramar sangre campesina! ¡No más desplazamientos forzados! ¡Reforma agraria sí, desalojos no!”.
