La audiencia preliminar contra tres acusados por el asesinato del defensor ambiental Juan López fue reprogramada por cuarta vez
Por Lissy Serén
San Pedro Sula, Honduras. El jueves 14 de agosto, a 11 meses exactos del asesinato del ambientalista Juan López, estaba programada la audiencia preliminar contra tres imputados. Sin embargo, se reprogramó para el jueves 21 de agosto a las 10 de la mañana en el Juzgado con Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, donde se ha realizado siempre.
El 14 de septiembre de 2024, un grupo de sujetos armados no identificados asesinó a tiros al ambientalista mientras se encontraba en su auto en Tocoa, departamento de Colón, Honduras.
Es importante recalcar que esta audiencia preliminar ha sido reprogramada por cuarta vez. La reprogramación se hizo por solicitud de los abogados defensores de los imputados Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz, presuntos autores materiales del crimen.
En esta ocasión, el motivo fue que el Ministerio Público habría entregado de forma tardía el dictamen preliminar de los vaciados telefónicos, evidencia que indicaría que el asesinato del defensor y delegado religioso fue por encargo y que personas ordenaron y pagaron su ejecución.

Ineficiencia del Ministerio Público
El retraso viene desde el Ministerio Público que demostró ineficacia, ya que de manera recurrente presenta los dictámenes el mismo día de la audiencia, lo que causa retrasos e impide el trabajo legal efectivo.
Esta actitud provoca serias dudas en las organizaciones nacionales y organismos internacionales que siguen de cerca este caso.

Complejidad del caso justifica el aplazamiento
El abogado Júnior Zúniga, acusador privado, manifiesta que los principales motivos para reprogramar esta audiencia es la existencia de hechos nuevos y un dictamen extenso de más de 160 páginas, por lo cual la defensa de los imputados pidió el tiempo prudente para estudiar el caso.
“Como acusación privada creo que creemos que ese es el tiempo necesario para dar una muy buena acusación o también ellos, como parte de defensa”, agregó el abogado acusador representante de la familia del ambientalista Juan López.
Zúniga manifestó que esta no es ninguna razón para dar largas al juicio, sino que es necesario para llegar a la raíz del asunto.
Agregó que, en aras del principio de defensa de las personas imputadas, incluso el principio de igualdad de armas para todas las partes, tanto la acusación como la defensa están en condiciones similares.

Para el representante de la familia de López es muy necesario estudiar los medios de prueba, pero, como este es un caso grande, el proceso se vuelve complicado.
En cuanto a la reprogramación, el Ministerio Público y los acusadores privados no tuvieron ningún tipo de objeción debido a la complejidad y alto impacto del caso en el país.
El representante de la familia de Juan López agradeció a las organizaciones que llegaron al Palacio Judicial a exigir justicia y solicitó seguir siendo constantes.
Por su parte, Selvin Maldonado, abogado defensor de los acusados, señaló que el informe consta de 160 páginas y que debido a su complejidad técnica fue imposible analizarlo adecuadamente en el corto tiempo disponible antes de la audiencia.
El defensor lamentó y calificó esto como una práctica recurrente del Ministerio Público que provoca indefensión de los imputados.
Un informe incompleto
Es importante recalcar que el informe de 160 páginas, aún incompleto, incluye el vaciado de 48 teléfonos celulares incautados a personas presuntamente vinculadas con el crimen.
Entre la evidencia recopilada hay registros de llamadas, mensajes, fotografías y videos que han sido analizados por especialistas en Costa Rica. Además, en el análisis participaron técnicos hondureños con el apoyo de la embajada de Estados Unidos y del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).
Ruy Barahona informó que su solicitud se basa en la equidad de las partes en el uso de la palabra, ya que no tenían conocimiento pleno del dictamen relacionado con los aparatos electrónicos o propiamente conocer el resultado del vaciado telefónico.
Barahona manifestó que la defensa alega que sus defendidos son inocentes. No obstante, señaló que eso se va a conocer en un juicio oral y público o si determinan acogerse a un procedimiento abreviado.
El vocero del Poder Judicial adujo que la defensa técnica legal no tenía conocimiento y quiere también hacer el análisis de ese resultado del vaciado telefónico. Barahona agregó que está en su derecho.
¿Dónde están los “peces gordos”?
El padre jesuita Ismael Moreno manifestó que su presencia tiene como propósito que la justicia no se quede con “los gatitos”, sino que avance e identifique a quienes pagaron para perpetrar este hecho.
Agregó que el fiscal general del Ministerio Público ha realizado investigaciones y ya ha identificado a quien o quienes pagaron.
“Estamos exigiendo que haya requerimiento fiscal lo más pronto posible. Pero de igual manera también creemos que los que pagaron recibieron otras órdenes. ¿Quiénes dieron esas órdenes? Porque en la sospecha nuestra estamos convencidos de que el asesinato de Juan López responde a decisiones de quienes conducen redes criminales en la zona del Aguán, probablemente en el país”, dijo Moreno.

Agregó que el asesianto de López está relacionado con estructuras criminales dentro de Honduras donde hay peces gordos.
“Si hacemos la comparación, aquí tenemos sardinas, pero lo que queremos es que se avance a quienes pagaron, ordenaron y planificaron el asesinato. Igual hay otra gente que está en peligro”, dijo Moreno.
Asimismo, exigió una investigación para ver si hay políticos, empresarios y otro tipo de agentes involucrados en el crimen.
Exigen justicia sin fronteras
Betty Vázquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), destacó la importancia de obtener justicia verdadera para alcanzar la paz.
Vázquez expresó que la presencia del MAS representa un acto solidario y combativo. Señaló que están exigiendo justicia para los defensores de la tierra, específicamente en el caso de Juan López, asesinado hace exactamente once meses.
El movimiento también extendió su demanda de justicia al territorio del Aguán. Así se sumó a la denuncia de la violencia contra líderes ambientales. Asimismo, enfatizó que esta audiencia preliminar representa una oportunidad para definir quiénes son los autores materiales involucrados en el asesinato de López.
Vásquez reconoció que las personas actualmente detenidas y sometidas a juicio son ejecutores materiales, pero insistió en que detrás del crimen hubo una estructura que orquestó el asesinato con el objetivo de silenciar la voz de la región del Aguán y proteger intereses extractivos en el territorio.

Por último, la coordinadora del MAS recalcó la necesidad de que los autores intelectuales del crimen sean identificados, judicializados y encarcelados.
A once meses del asesinato del defensor ambiental Juan López, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) reiteró su llamado urgente a que se esclarezcan los hechos que rodearon su muerte. Además exigió investigar las violaciones de derechos humanos de comunidades en resistencia y abordar los impactos ambientales provocados en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
La Oacnudh enfatizó que solo mediante investigaciones expeditas, exhaustivas, imparciales y diligentes, así como con la sanción de todos los responsables materiales e intelectuales, se podrá garantizar el derecho a la verdad y a la justicia, no solo para López y su familia, sino también para las comunidades afectadas.



