La herencia no deseada: niñas y mujeres enfrentan el embarazo temprano y las consecuencias de un aborto penalizado en Honduras
Por Telma Quiroz y Brenda Arguedas
Edición: Dunia Orellana y Dennis Arita
Este reportaje de Reportar Sin Miedo y Zebra News fue realizado con fondos de la IWMF, la iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas
Tegucigalpa, Honduras. Ana, Lucía, Iris (*) y Emperatriz se enfrentaron a embarazos no deseados, abortos y violencia sexual en Honduras. El desenlace en los casos de estas niñas y mujeres fue el castigo de una sociedad que impone la discriminación y el discurso fundamentalista.
¿Qué tienen en común estas niñas y mujeres que en algunos casos ocultaron sus embarazos mientras en otros sufrieron abortos espontáneos o fueron víctimas de feminicidio? Respuesta: el miedo a la vergüenza pública y a la prisión. Esto es así porque desde hace tres décadas las leyes hondureñas penalizan el aborto sin excepciones.
La prohibición tajante del aborto incluye casos de violación, incesto, riesgo para la vida o salud e incluso malformación fetal, con penas de hasta seis años de prisión para la mujer y el profesional de la salud que participen en el procedimiento.
La pregunta que se hace la ciudadanía consciente y las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos es: ¿hasta cuándo esta situación dejará de obligar a las víctimas de violencia sexual a esconderse y a poner en peligro sus vidas?
Las cuatro mujeres procedentes de varias regiones de Honduras tienen historias que siguen un patrón parecido, ya que todas son sobrevivientes de varios tipos de violencias.
Las cuatro también han carecido de educación sexual integral en un país patriarcal y machista que niega el derecho a decidir hasta en la Constitución de la República. Sobre todo, son víctimas de un sistema que las encarcela o las victimiza en lugar de defender su derecho a decidir sobre sus cuerpos.
“Nos condenan a la tortura, al dolor y a la negación de derechos humanos básicos”. Esta poderosa declaración del Foro de Mujeres en San Pedro Sula resume la lucha que miles de mujeres emprenden en Honduras en defensa de sus derechos sexuales y reproductivos.
¿Estas cuatro historias podrían haber tenido un final distinto? Sí, pero sucedió lo contrario porque las leyes en Honduras terminaron exponiéndolas a la vergüenza pública y a penas injustificadas.
Mientras tanto, los verdaderos criminales siguen burlándose de la justicia y cometiendo delitos impunes.
UNFPA-El-precio-de-la-desigualdad-Consecuencias-socio-econoI_micas-del-embarazo-en-adolescentes-y-la-maternidad-temprana-en-AmeI_rica-Latina-y-el-CaribeLa huida de Ana: cómo una niña burló al sistema para ocultar su aborto
Ana, de apenas 13 años de edad, llegó un domingo de abril del 2025 al hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, presentando sangrado.
A tan temprana edad, era natural que Ana no supiera que estaba embarazada ni que había sufrido un aborto espontáneo. Sin embargo, para ocultar su nombre y edad, tuvo que cambiar su identidad. Con ese objetivo, utilizó la partida de nacimiento de una pariente cercana. De ese modo consiguió engañar a los médicos.
¿En qué circunstancias Ana había quedado embarazada? Desde hacía seis meses mantenía una relación con un líder de una pandilla en el norte del país. El hombre de 33 años de edad la había obligado a abandonar a su familia para irse con él. Entretanto, sus parientes, por miedo a morir, apoyaron a la joven para conseguir los papeles con los que había conseguido que la atendieran en el hospital.
Honduras tiene la tasa más alta de embarazo adolescente en toda América Latina: 97 de cada mil jóvenes entre 15 y 19 años son madres. Esta cifra supera el promedio regional y refleja una crisis profundamente arraigada.
Aunque Ana sobrevivió a su aborto, otras niñas no corren con la misma suerte. De hecho, en 2017, la Secretaría de Salud de Honduras informó que solo el 12% de las muertes maternas en el país fueron causadas por abortos inseguros.
No obstante, esta misma fuente advierte que esa cifra podría ser más elevada debido a que la penalización del aborto obliga a muchas mujeres a ocultarlo.
Honduras tiene la tasa más alta de embarazo adolescente en toda América Latina: 97 de cada mil jóvenes entre 15 y 19 años son madres. Esta cifra supera el promedio regional y refleja una crisis profundamente arraigada.
Cada año, más de mil niñas menores de 14 años dan a luz en el país. Muchos de estos casos son consecuencia de violaciones, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
El embarazo adolescente está directamente relacionado con la desigualdad y la pobreza. Los riesgos son graves: las jóvenes de 15 a 19 años tienen el doble de probabilidades de morir durante el parto que las mujeres mayores de 20. En el caso de las niñas entre 10 y 14 años, el peligro es cinco veces mayor.
Esposada y acusada: el caso de Lucía reabre el debate sobre el aborto
Lucía, de 19 años, estaba en peligro de muerte. Tras sufrir un aborto con complicaciones, llegó en mayo de 2025 a un hospital en Copán, en el occidente de Honduras, para que la atendieran.
En un país con leyes humanitarias, respetuosas de los derechos de las mujeres, su historia habría terminado con la atención hospitalaria adecuada que la ayudara a recuperarse satisfactoriamente.
Por el contrario, Lucía terminó esposada a la camilla y con un requerimiento del Ministerio Público que la acusaba de haber provocado su aborto. Como en el caso de Ana, las autoridades hondureñas se movilizaron con prontitud sorprendente, dejando sin resolver casos que sí ameritan la acción fiscal y policial.
Las autoridades hondureñas no solo la sometieron a esa tortura física. Además, la traumatizaron luego de publicar fotos de ella esposada y rodeada de policías. La trataron como una delincuente cuando en realidad es otra víctima de las leyes patriarcales y machistas en Honduras.
La fotografía de Lucía esposada dio pie a múltiples titulares morbosos de los grupos antiderechos, quienes explotaron en sus redes sociales el caso de la joven copaneca.
El caso de Lucía se parece no solo al de Ana y de las demás mujeres retratadas en este reportaje. Es también el de muchas mujeres en Honduras, ya que sus únicas alternativas en caso de embarazo no deseado o riesgoso son la maternidad forzada y la interrupción insegura del embarazo.
Al referirse al caso de Lucía, Vanessa Siliezar, de la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Udimuf), consideró “terrible” la imagen de la joven en Copán, ya que la policía la expuso «con el catéter, saliendo del hospital». Para Siliezar, este acto es una vejación de los derechos de la joven, específicamente de su derecho a la intimidad.
Siliezar enfatizó que la criminalización de las mujeres por decidir sobre su cuerpo es un problema estructural «delicado en pleno siglo XXI». Señaló la falta de avances en diálogos y garantías, y criticó la ausencia de «información y de currícula educativa que empodere a las jóvenes para tomar decisiones más conscientes e informadas».
Las más vulnerables —mujeres jóvenes, rurales, de pueblos originarios, con discapacidad y hombres trans— son quienes más sufren porque carecen de recursos para buscar soluciones seguras con personal capacitado.
—Regina Fonseca, CDM
Por otro lado, Regina Fonseca, del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), advirtió que la prohibición total del aborto en Honduras tiene consecuencias letales. «Produce muertes de mujeres con complicaciones de salud que les impiden llevar adelante el embarazo. El aborto clandestino e inseguro también causa numerosas muertes o problemas graves de salud», afirmó.
La defensora destacó que solo las mujeres con recursos pueden acceder a interrupciones relativamente seguras. Sin embargo, esta opción no está al alcance de la mayoría.
«Las más vulnerables —mujeres jóvenes, rurales, de pueblos originarios, con discapacidad y hombres trans— son quienes más sufren porque carecen de recursos para buscar soluciones seguras con personal capacitado», concluyó Fonseca.
De hecho, un informe del CDM reveló que, de 47 casos criminalizados por aborto entre 2012 y 2018, el 70% fueron reportados por el propio personal sanitario, vulnerando el secreto profesional y exponiendo a las mujeres a procesos penales.
La historia de Iris: maternidad forzada a los 15 años
Tenía solo 15 años cuando quedó embarazada. Criada en un hogar donde sus padres trabajaban todo el día y su abuela asumía su cuidado, la información sobre sexualidad era casi nula para Iris, especialmente en su escuela pública.
«No sabía nada sobre métodos de planificación ni lo que implicaba tener relaciones sexuales», recuerda. Fue en ese contexto de desinformación y vulnerabilidad que Iris conoció al padre de su hija y, sin herramientas para prevenirlo, inició un embarazo que marcó su vida.
Al principio vivió en negación. El shock fue tan grande que durante meses se resistió a admitir su estado, incluso cuando su cuerpo comenzaba a cambiar.
Fue su madre, a pesar de verla solo por las noches, quien notó las señales y la llevó a hacerse una prueba de embarazo. «Cuando salió positiva, mi mamá no me regañó. Solo me dijo: ‘Vamos a afrontarlo, viene un niño'».
En ese momento, Iris era aún una niña, física y mentalmente inmadura para asumir la maternidad.
Con el apoyo familiar, continuó sus estudios mientras avanzaba el embarazo. Su hija nació prematura, lo que añadió más dificultades a su situación. «Tuve el apoyo de mi abuela y mis primas», cuenta, agradecida por la red que la sostuvo.
Sin embargo, la información crucial sobre su salud y derechos llegó tarde. Fue hasta cuando su hija cumplió un año cuando, a través de un hospital, recibió orientación sobre cuidados y prevención. Esa falta de educación sexual temprana definió irreversiblemente su adolescencia.
Hoy, con 30 años y una hija que pronto cumplirá 16, Iris reflexiona sobre las consecuencias de un sistema que les falla a las niñas. «La información que dan en las escuelas es muy poca», insiste.
La experiencia de Iris no es un caso aislado, sino el reflejo de una realidad donde la desinformación, la pobreza y la falta de políticas públicas obligan a las adolescentes a asumir maternidades forzadas, truncando sus proyectos de vida y perpetuando ciclos de desigualdad.
Entretanto, el padre de la niña, quien también era adolescente, decidió no asumir su responsabilidad al enterarse del embarazo. «Él dijo que no podía afrontarlo», recuerda Iris.
Ante esta ausencia, su madre asumió tanto el rol de padre como de madre, brindando un apoyo fundamental. «Mi mamá tomó el papel de papá y mamá conmigo, y de papá de mi hija», explica Iris, destacando cómo el abandono paternal añadió más dificultad a su situación.
La maternidad forzada transformó completamente su vida. Iris describe cómo su realidad «dio un giro de 180 grados». Mientras cuidaba a su hija, que había nacido prematura y requería atención especial, tuvo que compatibilizar el trabajo diurno con los estudios nocturnos.
«Era bastante duro trabajar en el día, estudiar en la noche y luego regresar con mi hija», confiesa. Para Iris, lo más difícil fue la separación forzada de su hija para poder trabajar y brindarle una vida digna, un sacrificio que marcó su juventud.
Nos ven como objetos para parir, para garantizar la descendencia, pero no para hablar de derechos. Si hablo de mi derecho, soy vetada, funada y tachada de libertina.
—Jinna Rosales, Acción Joven
Jinna Rosales, experta en derechos sexuales y reproductivos de Acción Joven, señaló la ausencia de educación sexual integral (ESI) en Honduras como un obstáculo fundamental. «Todo esto se debe a la influencia de grupos religiosos en los tomadores de decisiones», afirmó.
La experta denunció que en Honduras ni siquiera se menciona el placer, un silencio impulsado por una lógica conservadora y un sistema machista que busca controlar la vida de las hondureñas. . Señaló la paradoja de que, a pesar de la falta de ESI, Honduras sea uno de los países que más consume pornografía, lo que evidencia la desinformación generalizada.
Para la especialista, la raíz del problema es la violación del Estado laico, consagrado en la Constitución pero no aplicado en la práctica, sumado a una «voluntad política absurda» que estigmatiza cualquier tema vinculado a los derechos de la mujer.
Para la organización de defensa de derechos de las mujeres Ecuménicas por el Derecho a Decidir, la prohibición absoluta del aborto en el país condena a las mujeres más pobres a recurrir a prácticas clandestinas e inseguras, poniendo en riesgo sus vidas y profundizando las brechas de desigualdad.
El caso de Emperatriz: tres generaciones, violencia que no cesa
Emperatriz tiene una historia que no es solo suya. Es la de una familia marcada a fuego por la violencia machista y las maternidades forzadas que se repiten, como un ciclo, a través de las generaciones.
El primer eslabón de esta cadena de dolor fue Emperatriz.
Con solo 17 años, su vida fue brutalmente truncada por su pareja, un hombre 15 años mayor. Este femicidio no solo arrebató una vida joven, sino dos: Emperatriz estaba embarazada, llevando en su vientre a un niño que también murió con ella.
Este acto de violencia extrema dejó en la orfandad a Norma, de un año y medio de edad, y la condenó a un futuro de vulnerabilidad. Este doble crimen —un femicidio y la pérdida de un embarazo— no fue un suceso aislado, sino la semilla de un trauma que definiría el destino de las mujeres que siguieron.
Norma, la hija de Emperatriz, quedó huérfana y creció en la sombra de esta violencia. Se crió en Las Lomas de Las Balitas, Nacaome, donde la pobreza era solo una parte de su batalla.
La violencia que mató a su madre se tradujo, en su vida, en el abandono absoluto. A los siete años, quedó al cuidado de su bisabuela y, a los 11, se quedó completamente sola. Su infancia fue una lección cruda de supervivencia, recuerda ahora a sus 56 años.
«Con siete años usaba pedazos de madera como escalones para alcanzar la hornilla», recuerda. Moler maíz y vender tortillas para comprar sus útiles escolares no era un acto de iniciativa, sino un acto desesperado por sobrevivir en un mundo que la había dejado atrás.
La resiliencia de Norma la impulsó a los 15 años hacia Tegucigalpa, donde una profesora le ofreció un salvavidas: trabajo y estudio. «Tú me haces las cosas, yo te pago y vas al colegio por la noche», le dijo. Ella agarró esa oportunidad con ambas manos y logró lo que parecía impensable: terminar sus estudios.
La resiliencia de Norma la impulsó a los 15 años hacia Tegucigalpa, donde una profesora le ofreció un salvavidas: trabajo y estudio. «Tú me haces las cosas, yo te pago y vas al colegio por la noche», le dijo. Ella agarró esa oportunidad con ambas manos y logró lo que parecía impensable: terminar sus estudios.
Sin embargo, su historia es un testimonio agridulce. Aunque ella logró romper en parte el ciclo de la pobreza, la sombra de la violencia que comenzó con el femicidio de su madre Emperatriz demostró cómo el machismo persiste a través de los años. Deja a su paso un reguero de huérfanas, de niñas-madres, de hijas, madres y nietas que cargan con el peso de historias de dolor y abandono que nunca les pertenecieron, pero que terminaron definiendo sus vidas.
La historia de Norma es el reflejo de una herencia de violencia que no se extingue, sino que se transforma y persigue a las familias a través de las generaciones. Sin embargo, también es un testimonio de resiliencia. Norma logró romper ese ciclo: culminó sus estudios secundarios y, gracias a la educación, forjó un futuro diferente. A los 36 años formó una familia y tuvo dos hijas que, hoy en día, han concluido sus estudios universitarios y aspiran a continuar su formación a nivel superior.
Un informe de las Naciones Unidas revela que el embarazo en adolescentes le cuesta caro a Honduras. Cada año, el país deja de ganar aproximadamente 525.5 millones de dólares debido a este problema. Este impacto es uno de los más altos de la región, ya que esa cifra representa un 2.09% de toda su economía (producto interno bruto), ubicando a Honduras como el tercer país más afectado entre los 15 analizados.
La carga más pesada de esta situación recae directamente sobre las jóvenes. Para ellas, el costo total es de 484.1 millones de dólares. Esto se debe a que muchas abandonan la escuela, lo cual tiene un costo de 187 millones de dólares. Además, les es más difícil encontrar trabajo o se ven obligadas a dejar sus empleos, con un costo de 104 millones. Como consecuencia de esto, pierden ingresos que podrían haber ganado, sumando 194 millones de dólares en salarios no percibidos.
El estudio también muestra una gran desigualdad en el mercado laboral. Las madres adolescentes tienen una tasa de inactividad (no estudian ni trabajan) 8.7 puntos más alta que las madres adultas.
Asimismo, el desempleo es casi tres puntos más alto para ellas. Finalmente, el Estado hondureño también resulta afectado: gasta casi 16 millones de dólares en atender estos embarazos y deja de recibir 25.4 millones en impuestos porque las jóvenes tienen menores ingresos.
