Por primera vez en la historia, llevaron a Honduras ante la ONU por haber establecido la prohibición del aborto en cualquier circunstancia
Por José Manuel Serén
Ilustraciones de CDM
Tegucigalpa. La violación sexual de una mujer indígena defensora de derechos humanos motivó al Comité de Derechos Humanos de la ONU a denunciar a Honduras por la prohibición absoluta del aborto vigente en el país.
El Comité de Naciones Unidas denunció a Honduras por la prohibición del aborto en Honduras después de que Fausia –nombre fiticio– fuera víctima de abuso sexual en represalia por defender su territorio. Como consecuencia, resultó embarazada.
Debido a esta circunstancia, el Estado de Honduras violó los derechos humanos de Fausia al imponerle un embarazo y una maternidad forzada debido a la prohibición total del aborto vigente en el país. De ese modo, el país obstaculiza las garantías para que las mujeres hondureñas accedan a servicios esenciales de salud, incluido el aborto.
La violaron en represalia
La denuncia que está marcando la historia fue realizada por el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres, que presentaron el caso de Fausia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas con el objetivo de pedir justicia en su nombre.
Fausia es una mujer indígena y defensora de derechos humanos hondureña del pueblo nahua que sobrevivió a violencia sexual y tuvo que enfrentar una maternidad forzada producto de la prohibición total del aborto vigente en el país.
Fue agredida por dos hombres y violada sexualmente por uno de ellos como represalia por su trabajo en defensa del territorio. Producto de la agresión sexual, quedó embarazada, lo que le causó un grave sufrimiento físico y mental. En ese momento, en Honduras la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), que le habría evitado un embarazo, estaba prohibida, aclaran las organizaciones demandantes.
En el comunicado se explica que Fausia no quería continuar con el embarazo. Cuando fue al hospital no recibió atención integral. En cambio, el personal médico la amenazó con denunciar si abortaba porque en Honduras ese servicio de salud está totalmente prohibido. Esta situación la obligó a asumir la maternidad forzada.
Las organizaciones que participan en el litigio esperan que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ordene al Estado hondureño modificar el marco legal que prohíbe y penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier circunstancia, incluso cuando se trata de una violación o cuando la vida y la salud de la mujer gestante están en riesgo. Esa prohibición fue reforzada con una reforma constitucional aprobada en el año 2021.
La denuncia de las organizaciones feministas firmantes del caso de Fausia se deriva de la penalización de un servicio esencial de salud. Asimismo, la penalización del aborto afecta a quienes pueden necesitarlo, en particular personas vulnerables como las sobrevivientes de violencia sexual. Con el litigio buscan justicia para Fausia y que hechos como el que ella enfrentó no se repitan.
Exigen modificar la ley
Las organizaciones demandantes establecen que para que la historia de Fausia no se repita es necesario que el Estado hondureño garantice el acceso al aborto en condiciones seguras, restituya derechos fundamentales violados con la reforma constitucional en relación con el aborto y ponga fin a la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Además manifestaron en el comunicado que es esencial que el Estado brinde garantías de acceso a la PAE, en especial para las sobrevivientes de violencia sexual; que tome medidas para proteger el secreto profesional médico e implemente protocolos y evite que los estereotipos de género afecten a las sobrevivientes de violencia sexual que buscan atención ante el sistema de salud o el judicial.
Las organizaciones colitigantes insistieron en que la penalización del aborto es una medida discriminatoria, pues sólo impacta sobre las personas que tienen capacidad reproductiva. Además, reproducen estereotipos de género sobre las mujeres, entre ellos, la maternidad como una obligación; que deban ser terceras personas (su familia o pareja, jueces y hasta médicos) quienes decidan sobre sus cuerpos porque ellas serían, supuestamente, incapaces de hacerlo; o que están obligadas a continuar con un embarazo incluso cuando afecte su vida, salud e integridad.
Por el caso, que cuenta con el apoyo del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, el Bufete Justicia para los Pueblos y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, demandan justicia para Fausia. Además exigen que Honduras, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, modifique el marco legal que criminaliza totalmente el aborto para regularlo como lo que es: un derecho humano y un servicio de salud esencial.
En vez de atenderla, la amenazaron
Desde el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), organización hondureña feminista, Regina Fonseca manifiesta que es la primera vez en el país que el Comité de Derechos Humanos emite un comunicado por un caso como el de Fausia, una mujer indígena que defendía su territorio ancestral en su comunidad nagua.
Fonseca señala que a Fausia se le cerraron todas las puertas para interrumpir el embarazo. Ella no sabía que en Honduras estaba penalizado el aborto. Tampoco conocía la existencia de la anticoncepción de emergencia, que en Honduras estaba prohibida en ese momento. De todos modos, aunque hubiese tenido la información para acceder, la prohibición estuvo vigente desde el 2009 hasta el año pasado.
Agrega que Fausia buscó atención médica, pero se la negaron y la amenazaron con que iría presa tras abortar, con lo cual la obligaron a no interrumpir su embarazo.
Fonseca dice que la inoperancia del Estado le provocó a Fausia un enorme sufrimiento físico que la llevó a intentar suicidarse. Ahora carga todas las secuelas emocionales de depresión, ansiedad y estrés postraumático.
Según la defensora, Fausia teme por las amenazas de los agresores que se han quedado con su territorio, el cual tuvo que abandonar con toda su familia. Además, los agresores y sus familiares destruyeron la casa de Fausia y la casa comunal del pueblo.
Asimismo, en 10 ocasiones durante los últimos nueve años ha cambiado de domicilio debido a la persecución y la desprotección del Estado.
“Las mujeres en Honduras no han tenido acceso a información, educación sexual y servicios de salud. Con la prohibición del aborto en la Constitución y la penalización absoluta en el Código Penal, las mujeres no dejan de abortar. Lo hacen de manera clandestina”, afirma Fonseca.
Agrega que quienes pueden abortar sin poner en riesgo su vida son quienes tienen más recursos. Las más pobres, las más jóvenes, las del área rural y las de origen indígena, como Fausia, sufren graves limitaciones.
Según la entrevistada, estos servicios no existen en Honduras porque están penalizados. Las más pobres y las del área rural no tienen recursos para moverse y buscar ayuda y se ven se ven en situaciones límite, como los suicidios, aseguró.
“Hemos documentado suicidios por maternidad forzada porque es la única salida que encuentran. No es lo mismo para una mujer del área urbana que tiene un empleo pleno. Aunque sea con préstamos lo resuelve. Pero las mujeres pobres, que son la mayoría en Honduras, tienen mayores dificultades”, manifiesta.
Lamenta que ante la desprotección del Estado han recurrido a instancias internacionales porque los tratados que Honduras ha firmado son parte de la Constitución del país.
Fausia sintetiza la situación de miles de mujeres en Honduras que dan a luz, menores de 14 años se convierten en madres por violencia sexual o recurren a la clandestinidad porque en Honduras está prohibido abortar, añade Fonseca.
La activista recalcó que haber prohibido el aborto en Honduras no impide que las mujeres tomen medidas desesperadas, pero lo hacen solas, con la carga del estigma que las élites políticas, económicas y sobre todo religiosas ponen sobre el aborto cuando en la mayoría de los países es un servicio esencial.
Esperan debatir en la ONU
En Naciones Unidas están buscando la justicia que no han tenido en el país, manifiesta el abogado Joaquín Mejía. Además señala que la historia de Fausia representa lo que viven muchas mujeres diariamente.
“De acuerdo con datos oficiales, unas ocho mujeres [al día] sufren violación en el país; es decir, 248 mujeres y niñas al mes. Muchas sufren embarazos forzados y desafortunadamente en este país por más de una década han estado prohibidas las pastillas de anticoncepción de emergencia y obviamente también hay una prohibición absoluta del aborto”, comenta el analista e investigador.
La prohibición, según el analista, no permite interrumpir el embarazo cuando hay una causal tan grave como la violación sexual. Por lo tanto, se espera que este caso plantee un debate en Naciones Unidas para ordenarle al Estado de Honduras que garantice que el sistema de salud permitirá que las mujeres en la misma situación de Fausia accedan a la interrupción del embarazo.
Para Mejía, las víctimas son convertidas en victimarias. Por ejemplo, Fausia es una defensora de la tierra y una lideresa indígena que en el marco de la defensa del territorio fue agredida sexualmente por un hombre que actuó como cómplice y otro que la atacó directamente.
Mejía manifiesta que este caso refleja la vulnerabilidad y la interseccionalidad de violencia contra las mujeres porque la agredida, además de ser mujer, pobre e indígena, es lideresa y defensora de derechos humanos.
“El Estado de Honduras tiene la obligación de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas. Hay que recordar que hay estándares internacionales mínimos que permiten la interrupción del embarazo cuando se trata de violaciones sexuales, de peligro para la vida y la salud de las mujeres. Por otro lado, cuando la vida del feto no va a ser posible o está fuera del útero materno”.
Es un caso histórico
La abogada Carmen Cecilia Martínez López, directora asociada de estrategias legales del programa para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, califica el caso de Fausia como histórico no solamente para Honduras, sino también para la región y el mundo.
Manifiesta que este caso busca cambiar la vida de millones de mujeres y niñas en el país que no están en condiciones seguras.
Martínez señala que buscan una reparación integral para marcar un antes y un después, un cambio en los derechos humanos de las mujeres en Honduras, particularmente por acceso a derechos y servicios de salud reproductiva para las mujeres, niñas y personas con capacidades especiales.
Agrega que considerar que el aborto es un delito desencadena una serie de violaciones de derechos humanos para las mujeres y las niñas en Honduras.
Además comentó que América Latina es la segunda región del mundo con la mayor cantidad de partos en niñas menores de 14 años producto de la violencia sexual y además es la primera región del mundo donde esa cifra va en ascenso.
Las defensoras indígenas en Honduras padecen desigualdad en cuanto a posición social, añade. Es decir, el hecho de que una líder indígena del área rural se enfrente a agresores de clases pudientes representa cómo la penalización del aborto, desprendida de la violencia estructural institucional, y el entramado de violencia de género institucional permitieron que el Estado tolerara esta acción.
El caso representa una discriminación interseccional, pues Fausia no es sólo una mujer indígena, sino también una defensora de derechos humanos que vive en situación de pobreza. Además es madre cabeza de familia. Esos elementos y factores se intersectan, creando un efecto sinérgico que a ella la afecta de manera exacerbada.
La abogada Martínez aseguró que la decisión que tome el Comité de los Derechos Humanos no solamente representa justicia integral, sino un veredicto que buscan desde hace muchísimo tiempo para que Honduras modifique el marco normativo que prohíbe y penaliza el aborto en todos los casos.
Según estadísticas de la Secretaría de Salud (2022), cada día, tres niñas menores de 14 años son forzadas a mantener embarazos por violación y a ser madres.
La falta de acceso real a la PAE y la penalización del aborto afectan sus derechos a la vida, salud, integridad e igualdad y van en contra de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en sus guías para la atención del aborto publicadas en 2022 explícitamente recomendó la despenalizarlo y regularlo desde la salud pública, pues se trata de un servicio de salud.
En los últimos 30 años, más de 60 países han liberalizado sus leyes para ampliar el acceso al aborto, incluiyendo México, Colombia y Argentina. En contraste, sólo cuatro países, incluido Honduras, han tenido retrocesos en sus leyes.
Las políticas regresivas de Honduras en materia sexual y reproductiva constituyen claras violaciones de los derechos de mujeres y niñas, incluyendo su derecho a la vida, la salud, la privacidad, la autonomía e integridad corporal, así como a vivir una vida libre de discriminación, tortura, violencia y persecución. Además, sus efectos son devastadores, como lo prueba el caso de Fausia.
Estas vulneraciones de derechos humanos hacen que se perpetúen ciclos de pobreza que no sólo afectan a estas mujeres, sino también a sus familias.