Por Redacción de RSM
Washington, EUA. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) registra la cifra más alta de muertes en custodia en más de dos décadas, con al menos 17 inmigrantes fallecidos desde enero de 2026. Esta cantidad representa un promedio de aproximadamente una muerte por semana, según documentó el programa Democracy Now en una investigación exclusiva.
La cifra, que ya supera los registros anteriores incluso durante la pandemia de COVID-19, ha encendido las alarmas. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalan un patrón de negligencia médica, violencia por parte de agentes y condiciones inhumanas en un sistema de detención que la administración Trump se empeña en expandir.
Asfixia en Fort Bliss
Entre los casos documentados destaca el de Geraldo Lunas Campos, cubano de 55 años, cuya muerte el 3 de enero en el campamento de detención Camp East Montana —ubicado en la base militar Fort Bliss, Texas— fue inicialmente atribuida por ICE a «una emergencia médica».
Sin embargo, el forense del condado de El Paso determinó que Lunas Campos murió por asfixia debida a compresión del cuello y el pecho.
Testigos detenidos en la misma instalación declararon bajo juramento que escucharon al hombre suplicar por medicamentos minutos antes de que al menos cinco agentes lo redujeran en el suelo.
Uno de los uniformados le apretó el cuello con un objeto hasta dejarlo inconsciente, según los testimonios.
«La última cosa que escuché fue a Geraldo hablando con una voz que sonaba como si no pudiera respirar. Dijo: ‘Suéltame, me estás asfixiando'», relató un testigo en declaración jurada ante un tribunal federal.
Suicidios y muertes evitables
El caso más reciente corresponde a Alec Damién Carbonell Betancourt, inmigrante cubano de 27 años detenido en Miami, quien falleció en circunstancias de presunto suicidio que aún son investigadas.
Un reportaje del San Francisco Chronicle reveló que más de una docena de muertes podrían haberse prevenido con atención médica oportuna.
Los casos documentados
- Maksym Chernyak: sufrió una convulsión; los agentes demoraron en llamar al 911.
- Luis Beltrán Yánez Cruz: se quejó de dolor de pecho; no fue atendido por médicos durante semanas.
- Santos Banegas Reyes: presentaba síntomas de abstinencia; no fue trasladado a urgencias.
- Lorenzo Antonio Batres Vargas: no podía respirar; le ordenaron esperar.
- Ismael Ayala Uribe: tenía dolor severo; fue devuelto a su celda.
«Nunca había visto algo así»
Satareh Ghandehari, de la organización Detention Watch Network, quien ha monitoreado las muertes en custodia de ICE durante años, calificó la situación como inédita.
“He estado rastreando estos números durante varios años y nunca había visto algo como esto, donde ICE reporta al menos una muerte por semana. Es realmente impactante», declaró Ghandehari en entrevista con Democracy Now. «Si continuamos con este ritmo, estamos en camino de superar con creces el récord del año pasado».
La activista atribuyó la crisis a la naturaleza misma del sistema: “ICE ha estado actuando con impunidad durante décadas. El sistema es inherentemente violento, inherentemente abusivo. No están interesados en cuidar a las personas bajo su custodia; están interesados en meter a tantas personas en detención y deportar a tantas como sea posible».
Expansión masiva del sistema carcelario migratorio
La administración Trump ha impulsado una expansión sin precedentes del sistema de detención migratoria mediante:
- Órdenes ejecutivas emitidas durante sus primeros días de gestión.
- Reapertura de la prisión de Guantánamo para detención de migrantes.
- Acuerdo con El Salvador para externalizar detenciones.
- Contratos con cárceles locales, prisiones federales y bases militares, incluyendo Fort Bliss.
- Reapertura de instalaciones federales cerradas y acuerdos con gobiernos estatales para abrir centros como la cruelmente apodada «Alcatraz de los caimanes» en los Everglades de Florida, y una prisión estatal cerrada en Indiana.
- Compra de docenas de almacenes industriales en todo el país para convertirlos en centros de detención, anunciada en diciembre pasado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Esta expansión ha sido financiada con una inyección histórica de fondos del Congreso aprobada el verano pasado. Estos recursos han permitido a ICE acelerar la construcción de una infraestructura que, según Ghandehari, busca alcanzar una capacidad de más de 100,000 personas detenidas simultáneamente.
Se trata de una cifra comparable con el número de estadounidenses de origen japonés encarcelados durante la Segunda Guerra Mundial.
Oposición ciudadana y renuncia en ICE
La compra de almacenes industriales desató una oposición de base sin precedentes en más de 160 comunidades, donde residentes se han manifestado en solidaridad con sus vecinos inmigrantes.
La presión ciudadana coincidió con la renuncia de Todd Lyons, director interino de ICE, quien nunca fue confirmado por el Senado.
Ghandehari considera la renuncia como un síntoma de inestabilidad ante la creciente resistencia social: “La gente en todo el país está diciendo que este no es el tipo de país en el que queremos vivir».
No obstante, advirtió que la agenda de la administración permanece intacta y que ICE podría estar negociando la apertura de almacenes ya adquiridos «entre bastidores».
Niños en jaulas: el regreso de la detención familiar
El Centro de Procesamiento de Dilley, en Texas, ha reactivado la detención de familias con niños, práctica suspendida durante la administración anterior.
Según un reportaje de The New Yorker de la periodista Sarah Stillman, cientos de menores han sido recluidos en condiciones que incluyen negligencia médica e interrupción de su educación.
“No hay cantidad de detención que sea apropiada para un niño», enfatizó Ghandehari. «ICE es responsable de la salud y el bienestar de las personas bajo su custodia y está fracasando completamente”.
La atención médica es tercerizada a contratistas privados que operan con incentivos de lucro, en un ciclo donde ni ICE ni el Congreso ejercen supervisión efectiva. «Tenemos corporaciones privadas lucrando con el dolor y el sufrimiento de adultos y niños por igual», denunció la activista.
