Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. El alarmante incremento de la violencia letal contra personas LGBTIQ+ en el país registra ya 13 muertes violentas en lo que va del año 2026, afirmaron organizaciones de la diversidad sexual. La Asociación Colectivo Violeta, el Grupo Transfenix, Grupo Labry’s Artemis y el Observatorio de Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+ en Honduras se hallan entre los colectivos que presentaron esta grave denuncia.
Según el comunicado público emitido ayer, el Observatorio mantiene un registro histórico de 582 muertes violentas contra personas LGBTIQ+ entre 1997 y 2025. La cifra de 13 homicidios en los primeros meses de 2026 evidencia, según las organizaciones, un «incremento alarmante» de agresiones letales motivadas por la orientación sexual, expresión e identidad de género de las víctimas.
Honduras, trampa letal

Las organizaciones subrayaron que estos crímenes no son hechos aislados, sino una manifestación de un «patrón estructural histórico de discriminación y exclusión» que amenaza el derecho fundamental a la vida. Honduras es señalado como uno de los países más letales para las personas trans en América Latina, según informes de Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El comunicado destaca que las personas LGBTIQ+ enfrentan un contexto de vulnerabilidad sistemática agravado por décadas de impunidad que supera el 95% en estos casos, estigmatización social y fallas institucionales.
Factores como la pobreza extrema, la falta de acceso a empleo digno, la ausencia de políticas de inclusión y la criminalización de la diversidad sexual intensifican esta crisis.
También denunciaron que la violencia se agrava por «discursos de odio promovidos por diversos sectores conservadores, fundamentalistas, medios de comunicación y autoridades», que fomentan estigmas, el transfeminicidio y la lesbofobia.

En deuda con el marco legal
La dignidad humana y el derecho a la vida están blindados en la Constitución de la República (Artículos 59, 60 y 65), que garantiza la inviolabilidad de la vida humana, la igualdad ante la ley y la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar violaciones.
Así, a nivel internacional, Honduras está vinculada a los Pactos de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 4), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 6) y la Resolución 27/32 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
¿Qué le exigen al Estado?
Las organizaciones demandaron al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y al Poder Judicial que brinden protección efectiva. Para ello demandaron planes de prevención específicos, alertas tempranas, refugios seguros y mecanismos de protección.
Asimismo exigieron investigar con debida diligencia cada caso bajo estándares internacionales y protocolos de crímenes de odio y sancionar a los responsables, cumpliendo las recomendaciones de la CIDH y la ONU.

Las organizaciones hicieron un llamado a la sociedad hondureña a rechazar y condenar estas muertes violentas, y a participar activamente en la construcción de una cultura de respeto a la diversidad.
El Observatorio de Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+ en Honduras fue desarrollado con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), dentro del proyecto «Fortaleciendo la Inclusión de los Derechos de la Población LGTBI en la agenda política de Honduras fase II». Este 21 de abril de 2026, el Observatorio presentó su segundo informe anual correspondiente al año 2025.



