Investigación en cuatro departamentos de Honduras documentó proyectos empresariales sin consentimiento, pueblos desplazados violentamente y un sistema penal hecho para el despojo territorial
Por Lissy Serén
Fotos de Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. Las comunidades y personas defensoras de derechos humanos continúan siendo criminalizadas por reivindicar sus tierras y territorios y por oponerse a megaproyectos. Esa es una de las revelaciones de un equipo de juristas internacionales que realizó una investigación en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Cortés y Colón. Durante su misión, los expertos internacionales tuvieron encuentros con representantes de pueblos desplazados, comunidades indígenas y campesinas, movimientos sociales y sus representantes legales.
De la violencia empresarial a la indiferencia estatal
El equipo también se reunió con autoridades gubernamentales, Ministerio Público, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y cuerpo diplomático. Los encuentros se dieron con el objetivo de analizar las causas estructurales del despojo de tierras y los desalojos.
Según los juristas, esta situación se agravó con el Decreto 93-2021, que permite desalojos inconstitucionales, como lo resolvió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el Decreto sigue vigente.
Otra de sus observaciones es que varias comunidades han sido desplazadas mediante actos de extrema violencia. Estas acciones incluyen asesinatos cometidos por redes de empresarios y crimen organizado, quienes actúan con la participación directa y consentimiento del Estado en un contexto de sistemática impunidad.
Asimismo, los juristas expresaron que el Estado continúa incumpliendo las recomendaciones en esta materia de organismos internacionales de derechos humanos, como la Oacnudh y la Comisión Interamericana.
Las estructuras de poder están interesadas en que los megaproyectos extractivos y agroindustriales se ejecuten sin importar la vida. El objetivo es que el río y la mina se exploten y la palma se siembre.
-Omar Gómez Trejo
Además, señalaron que las entidades estatales han desacatado las sentencias de la Corte Interamericana en favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan.
“Los hechos de violencia, en especial los asesinatos de Berta Cáceres y Juan López, reflejan un patrón de sistematicidad en contra de las personas defensoras del territorio”, puntualizó el criminalista Omar Gómez Trejo sobre los asesinatos y otros hechos de violencia observados.
“Asimismo, las estructuras de poder están interesadas en que los megaproyectos extractivos y agroindustriales se ejecuten sin importar la vida. El objetivo es que el río y la mina se exploten y la palma se siembre”, afirmó Trejo.
Pueblos desplazados, tildados de invasores
El experto en derechos humanos Daniel López Cerqueira subrayó: “Honduras es uno de los pocos países de la región en donde la vía penal, y no la civil o agraria, es empleada para desalojar a comunidades indígenas y campesinas de sus tierras sin que la autoridad judicial ejerza un control sobre la validez del título de propiedad que sustenta los desalojos. Esta práctica es contraria a sus obligaciones internacionales de derechos humanos”.
Cerqueira señaló que el marco legal e institucional de Honduras no está alineado con sus obligaciones internacionales. Añadió que la presencia del crimen organizado es cada vez más clara en el territorio indígena, donde muchas veces actúa en coordinación con empresas. Según el experto, esto se da con la tolerancia o el consentimiento de las autoridades estatales, sobre todo a nivel más local, según su observación en el Bajo Aguán.
Cerqueira puntualizó sobre la vigencia de decisiones estatales que ponen a las comunidades en una situación de riesgo. Esta situación llega al punto de que, a escala mundial, Honduras es uno de los países con más asesinatos de personas defensoras del territorio.
Asimismo señaló que los grupos empresariales actúan mancomunados con medios de comunicación para representar a las comunidades que reivindican sus territorios, muchos ocupados desde tiempos inmemoriales.
López indicó además que estos pueblos son tildados de invasores y usurpadores en campañas de comunicación de la prensa.
El Estado sigue en deuda
“Se ha reportado la participación y el financiamiento de algunas empresas en megaproyectos que carecerían de estudios socioambientales y consentimiento libre, previo e informado”, manifestó Camila Zapata Besso, abogada especializada en derecho internacional. “Proyectos que han resultado en daños ambientales y violaciones de derechos humanos sin que esas empresas cumplan con la debida diligencia exigida por la normativa internacional”.
Según Zapata, hay evidencia de casos de comunidades desplazadas tras desalojos violentos y algunas han sido afectadas por asesinatos cometidos por redes criminales que involucran a empresarios y crimen organizado.
Zapata mencionó el caso de Juan López, que guarda similitudes con el asesinato de la reconocida lideresa Berta Cáceres. Por otra parte, expresó que el Estado hondureño continúa sin cumplir las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos.
“La extrema pobreza causada por el desalojo arranca a estas personas de la tierra que les da de comer. Después de los desalojos, se quedan sin cosechas, con las viviendas quemadas, sin nada”.
Criminalización, estrategia de despojo
“Además del efecto en el derecho de propiedad comunitaria, los desalojos o la persistente amenaza de estos implican graves impactos psicosociales en las familias que conforman las comunidades indígenas, garífunas y campesinas”, manifestó la experta en derechos de los pueblos indígenas Isabel Madariaga Cuneo con respecto a los efectos de los desalojos.
Según la experta, “la zozobra permanente y falta de acceso a la alimentación, a la educación, a la vivienda, al agua, son solo algunos de los daños que estos procesos de desalojos arbitrarios e inconstitucionales generan”.
Edy Tábora, del Bufete Justicia para los Pueblos, se pronunció sobre las denuncias presentadas por juristas internacionales en torno a la criminalización y el despojo de tierras que enfrentan comunidades indígenas y campesinas en Honduras.
El abogado señaló que actualmente varias comunidades están en situación de desplazamiento forzoso, como Nueva Esperanza de Comayagua, El Cacao de Lago de Yojoa, y Río Bonito en Siguatepeque, entre otras.
Tábora explicó que esta problemática se ha agravado con la aprobación del Decreto 93-2021, el cual reformó el tipo penal de usurpación, incorporando elementos que permiten criminalizar ocupaciones históricas de tierras, incluso aquellas que tienen 10, 20 o más años.
Asimismo alertó que con esta reforma se introdujo el concepto de «delito permanente», lo que significa que en cualquier momento el Ministerio Público puede acusar a las personas por usurpación.
El representante del Bufete expresó que el decreto permite desalojos preventivos sin la necesidad de un control judicial, fiscal o policial. Añadió que basta que un empresario o terrateniente presente una denuncia acompañada de una escritura pública, sin necesidad de ubicar con exactitud el terreno en cuestión, para que se proceda al desalojo.
“La criminalización es una estrategia para el despojo”, afirmó, añadiendo que existe mucha falta de protección del Estado. En especial, la Dirección de Personas en Desplazamiento Interno, adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos, no ha dado respuestas efectivas.
La delegación de juristas observó que las causas estructurales de las violaciones de los derechos humanos de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas y garífunas se mantienen y se han agravado en los últimos años. La seguridad jurídica y la protección de sus tierras y territorios son una condición fundamental para resolver esta grave situación de conflictividad.
