Con Jorge Cálix fuera de la papeleta, magistrados acusados y roces con el Ejército, la credibilidad de las elecciones está en juego
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras. Con Jorge Cálix, exdiputado y aspirante a la diputación por el departamento de Olancho, fuera de la papeleta, la tensión ha aumentado pocos días antes de las elecciones generales. La inscripción de Cálix se frustró esta semana cuando el órgano electoral declaró “inaplicable” su eventual candidatura.
“Vamos a utilizar la estrategia que ya ha sido usada. Ahora será ‘[votar por] Cálix [es] votar por Samuel [García]’”, señaló Cálix tras anunciar que apoyará a otro candidato en su casilla. Asimismo, denunció que la acción del órgano electoral es una “ilegalidad” y persecución política.
Este episodio ha generado fuerte tensión en el proceso de las elecciones, ya que la entidad descartó una resolución del Tribunal Electoral.
Institucionalidad en juego
En paralelo, la CSJ nombró con inusual rapidez un tribunal especial para conocer del antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia por el delito de prevaricato.
Sin embargo, el Ministerio Público (MP) anunció que emitirá un requerimiento fiscal contra Barahona y Urrutia. Esta decisión se produjo después de que una sala ad hoc de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inadmisible la solicitud de antejuicio en su contra, argumentando que estos funcionarios no gozan de ese derecho.
El MP, que aún no ha sido notificado oficialmente, solicitó a la CSJ el envío inmediato de la resolución para proceder con la presentación formal del requerimiento ante un juez competente.
Por su parte, el magistrado Flores Urrutia calificó la acción del MP como un «fraude a la ley» y sostuvo que el procedimiento correcto para juzgar a los magistrados del TJE es un juicio político en el Congreso Nacional, ya que este es su superior jerárquico.
Mientras tanto, la CSJ explicó que la inadmisibilidad del antejuicio fue unánime y se basó en lo establecido por el Código Procesal Penal, dejando abierta la posibilidad de que las partes interpongan un recurso de reposición en un plazo de 24 horas tras ser notificadas.
Este desarrollo ocurre en medio de la controversia por la inscripción de candidaturas y pone en entredicho la autonomía de los órganos electorales.
Advertencia al Ejército
a presidenta del órgano electoral, Ana Paola Hall, recordó a las Fuerzas Armadas que durante el proceso electoral están bajo disposición funcional del ente electoral y que cualquier interferencia constituiría una violación de la autonomía institucional.
“Ninguno de los poderes públicos puede contradecir o revocar las instrucciones emanadas del CNE”, advirtió Hall. Además, en un oficio fechado esta semana dejó claro que la institución castrense no debe emitir declaraciones que puedan incidir en el desarrollo electoral y que su rol se circunscribe a lo dispuesto por la ley.
Este llamado se da en un contexto donde la logística, la seguridad del material electoral y el rol de los militares están en el centro del debate por la transparencia del proceso.
Padre Melo llama a la calma
En medio del clima de tensión, el sacerdote jesuita Ismael Moreno emitió un mensaje de reflexión para partidos, instituciones y ciudadanos. “Los tres partidos políticos con capacidad de ganar las elecciones no muestran madurez democrática, cada uno se siente ganador y considera que los demás serán los perdedores”, dijo el padre Melo.
Moreno advirtió del riesgo de polarización, subrayando que “actúan en contra de la paz y la justicia” aquellas estructuras que priorizan el poder antes que el servicio público. Su pronunciamiento se alinea con la urgencia de lograr un proceso electoral creíble y pacífico justo cuando el país se aproxima a la jornada del 30 de noviembre.
La semana ha quedado marcada por cuatro focos de tensión: la exclusión de un aspirante a diputado, un enjuiciamiento inesperado de magistrados, la supervisión militar del proceso electoral y un llamado religioso a la sensatez y el consenso.
En conjunto, estos hechos configuran un escenario de mayor fragilidad institucional y política justo en los días antes de los comicios.
El desafío ahora será que las instituciones actúen con transparencia y que los actores políticos eviten dramatismos que puedan minar la legitimidad del proceso.
