El sistema judicializa a líderes comunitarios, pero ignora informes oficiales que recomiendan cerrar Agrecasa por daños ambientales
Por Redacción de RSM
Fotos del Movimiento Amplio y otros
San Pedro Sula, Honduras. El Bloque para la Conservación de Recursos Naturales, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y comunidades del Sector Medina en Puerto Cortés han alzado la voz contra lo que denominan la «doble vara» de la justicia hondureña. Denuncian que el Ministerio Público (MP) ha iniciado un proceso de criminalización contra 13 defensoras y defensores del medio ambiente mientras mantiene en la impunidad a la empresa Agregados del Caribe (Agrecasa). Esta situación se da a pesar de que informes de instituciones estatales –incluyendo la Secretaría de Recursos Naturales (Serna)– corroboran los graves daños ambientales causados por la minera.
Informes oficiales recomiendan el cierre, pero la justicia no actúa
La contradicción señalada por las comunidades se sustenta en documentos oficiales. En agosto de 2025, la Serna emitió un dictamen legal que recomienda la cancelación definitiva de la licencia ambiental de Agrecasa. Además exige investigar los delitos cometidos por la minera y establece las afectaciones al medio ambiente y a la salud. El informe incluso rechaza la resolución del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) que buscaba reactivar las actividades de la empresa.
Pese a estas recomendaciones técnicas y a las múltiples denuncias presentadas por las comunidades ante diversas instancias del Estado, «hasta la fecha el Estado de Honduras no ha efectuado ninguna acción contundente» para responsabilizar a la empresa, según señala el comunicado de las organizaciones.
MP contra el Campamento Digno
En un giro que las comunidades califican de «deplorable», el pasado 7 de noviembre el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en contra de los 13 liderazgos del Campamento Digno René Alemán y Pedrina Gonzales. Este campamento es una estrategia de protesta pacífica ubicada a pocos metros de la entrada de la minera para impedir sus actividades contaminantes.
Según la denuncia, el fiscal a cargo «de manera sospechosa insiste en que se gire orden de captura» en contra de los defensores, así como el «desalojo inmediato» del campamento, a pesar de que la protesta se declara legítima, pública y pacífica.
Destrucción de viviendas y fuentes de agua: el costo de la impunidad
Las comunidades del Sector Medina llevan más de un año sufriendo las consecuencias de las operaciones de Agrecasa, ubicada en el cerro Sapadril. Entre los daños reportados se encuentran:
- Afectación a las fuentes de agua por vertido de desechos tóxicos.
- Destrucción de viviendas debido a las constantes vibraciones de las detonaciones.
- Diversas afectaciones a la salud de los pobladores.
Frente a esta situación, las organizaciones exigen al Estado de Honduras:
- El cierre definitivo de Agrecasa.
- Una investigación real del MP y la Procuraduría General de la República (PGR) para deducir responsabilidades penales, civiles y administrativas contra la empresa.
- El cese inmediato del proceso de criminalización contra los 13 defensores.
- Garantías para un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos y el territorio.
El caso del Sector Medina se ha convertido en un emblemático ejemplo de la lucha comunitaria por la justicia ambiental y la demanda por un sistema judicial que no privilegie los intereses económicos sobre los derechos de la población.
