A pesar de la suspensión temporal de Agrecasa, comunidades exigen cierre definitivo tras 20 años de contaminación, enfermedades y ruptura social
Por Dunia Orellana con material de Radio Progreso
Puerto Cortés, Honduras. «Aquí hay gente que ya murió de cáncer», dice Lucio Chávez sobre los efectos de la contaminación causada por la minera Agrecasa en su comunidad, Brisas de Tramade.
Lucio se ajusta la gorra negra bajo el sol abrasador mientras señala las pancartas colgadas frente a la entrada de Agregados del Caribe S.A. de C.V. (Agrecasa), dedicada a la extracción de material pétreo en la cantera Sapadril, municipio de Puerto Cortés, norte de Honduras.
«Han muerto de cáncer ancianos y niños de nueve años», afirma.
Desde hace dos semanas, él y decenas de vecinos mantienen un campamento frente a la mina, exigiendo su cierre definitivo. Han cubierto de mensajes en pancartas la entrada de la empresa minera para clamar por sus derechos.
Lucio asegura que la empresa minera ha contaminado el ambiente de la zona con los materiales que emplean para perforar los suelos de las comunidades de Puerto Cortés.
“Lo arruinan todo con el líquido que le echan a la piedra para reventarla. Ese líquido se riega y el aire lo lleva a las comunidades. Con eso a nosotros nos tienen matados. Y si esta minera no se fuera, tenemos que emigrar de aquí», relata Lucio en entrevista con Radio Progreso.
Contratos vencidos y enfermedades mortales
Los informes oficiales respaldan la denuncia de don Lucio Chávez y de la ciudadanía que lo acompaña en la larga protesta frente a Agrecasa.
Por ejemplo, Copeco confirmó en junio de 2024 que los explosivos usados por la empresa liberan gases tóxicos y partículas que contaminan el aire y el agua.
Por otra parte, la Secretaría de Salud hondureña ha documentado cientos de casos de dermatitis y enfermedades respiratorias entre habitantes. Tales afecciones están vinculadas directamente con la actividad minera de Agrecasa.
Además, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) evidenció que las lagunas de sedimentación —sin impermeabilización— filtran desechos al río Sapadril, vital para siete comunidades.
Concesión opaca, licencias vencidas
Agrecasa opera desde 2004 con una concesión de mil hectáreas. Sin embargo, su licencia ambiental venció hace un año. Encima de eso, el contrato para extraer miles de galones diarios de agua de la quebrada Brisas de Tramade caducó hace tres años.
Por otro lado, su permiso para usar explosivos expiró también hace más de un año.
«No le digo Agrecasa, sino ‘Abrecasa’. Cuando se les vence un permiso, inventan otro», ironiza Lucio.
La doble cara del «desarrollo»
Agrecasa, vinculada al conglomerado estadounidense American Aggregates, defiende su labor. Sus representantes afirman que la empresa ha donado millones de lempiras para educación y alumbrado público y que ha creado casi doscientas plazas de trabajo.
Sin embargo, los dirigentes locales han señalado que los empleos que Agrecasa ofrece son temporales y mal pagados.
Violencia ecológica y ríos enfermos
Según informes institucionales, las actividades de Agrecasa ponen en riesgo el agua de las comunidades de Puerto Cortés como Brisas de Tramade, donde reside don Lucio Chávez.
Por ejemplo, la minera gasta 60,000 galones por hora para lavar piedra. Sin embargo, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) advierte que sus tanques contaminan el río con metales como manganeso.
Por todo lo anterior, la lucha de las comunidades no se detiene. «De este campamento no nos vamos a mover hasta que dé un sí la Serna o el Ingeomin y el Estado de Honduras», dice con firmeza Lucio Chávez.
A pesar de todo, Lucio no pierde la esperanza de que se dé un desenlace favorable a la población vulnerabilizada de Puerto Cortés. «Que la presidenta diga: «Pues, muchachos, ya les entrego esto». Y hasta aquí llegó todo. Hasta “Las golondrinas” le vamos a cantar el día que se vaya esta compañía».
