Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. Luego de pagar una fianza de tres millones de lempiras, el empresario hondureño Lenir Pérez obtuvo medidas distintas a la prisión preventiva en la audiencia de declaración de imputado.
La audiencia inicial quedó fijada para el 23 de abril, pero la suspendieron y reprogramaron para el 25 de mayo. En esa nueva fecha, el proceso volvió a aplazarse, lo que ha prolongado la falta de avances. Mientras tanto, comunidades y organizaciones ambientales exigen justicia por los daños ocasionados en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
Lenir Pérez, una historia de daños y explotación
El empresario Lenir Pérez es uno de los principales representantes del proyecto minero vinculado con la empresa Inversiones Los Pinares Ecotek.
Testimonios señalan a Pérez por presunta responsabilidad en actividades asociadas a daños ambientales y explotación ilegal de recursos naturales, lo que ha derivado en un proceso judicial que continúa en desarrollo.
El caso tiene su origen en varias denuncias presentadas por comunidades y organizaciones ambientalistas, quienes señalaron actividades extractivas en áreas protegidas del norte de Honduras, con impactos negativos en ecosistemas estratégicos.
En el desarrollo de este conflicto socioambiental también perdió la vida Juan López, regidor y líder del Comité de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. La muerte de Pérez generó amplia conmoción y reavivó el debate nacional e internacional sobre la protección de defensores ambientales en el país.
Juan López, desde su rol cómo regidor y coordinador de los Bienes Comunes y Públicos, realizó acciones de protesta pacífica en oposición al megaproyecto extractivo EMCO Holdings/Los Pinares/Ecotek, lo que ocasionó su muerte.
Así premian a Lenir Pérez
En cuanto al avance del proceso, la audiencia inicial ha sufrido varias reprogramaciones. Lenir Pérez, entretanto, se mantiene prófugo de la justicia y lo han premiado con una fianza. Esta situación ha generado críticas de sectores sociales que consideran que el Ministerio Público no ha impulsado con suficiente celeridad las acciones correspondientes.
Mientras tanto, el caso continúa en espera de una nueva fecha, en medio de la exigencia de justicia por parte de comunidades afectadas.
