Por Dunia Orellana
Con información de Radio Progreso y Diario de Colón
San Pedro Sula, Honduras. El asesinato del defensor ambiental Juan López no fue un hecho aislado. Detrás del crimen que conmocionó a Honduras en 2024 se esconde una red de intereses empresariales, políticos y contratistas que aún no termina de revelarse. Mientras tres acusados permanecen en prisión preventiva, Lenir Pérez —dueño del grupo Emco, impulsor del proyecto Pinares-Ecotek— sigue sin aparecer en el banquillo. Sin embargo, la Fiscalía lo señala como parte del contexto que llevó a la muerte del defensor ambiental.
“¿Por qué me graba?”, me cuestionó, con tono entre molesto y desafiante al salir de la sala del juzgado, un abogado de la defensa de Juan Ángel Ramos Gallegos, Adán Fúnez y Héctor Méndez, acusados por el asesinato de Juan López, que no llegaron a la audiencia por “problemas logísticos” y tampoco participaron por zoom.
El incidente ocurrió a las 3:30 de la mañana de ayer en los juzgados de San Pedro Sula, justo al terminar la audiencia inicial que duró casi 20 horas. En ella, la jueza dictó auto de formal procesamiento contra los tres y les negó cualquier medida sustitutiva por riesgo de fuga. Permanecerán en prisión en Támara.
Mi respuesta fue firme: “Estoy filmando todo”. A esa hora sólo quedaban los periodistas de Radio Progreso, Diario de Colón y yo. En el lugar estaban también representantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (Cmdbcp), de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh). Además había defensores y ambientalistas que, ante tantas intimidaciones, recibieron con esperanza la decisión de la justicia.
La planificación del crimen
La jueza no aceptó como prueba los testimonios de dos integrantes del comité ni el llamado “narcovideo”, pero sí las declaraciones de un testigo protegido conocido como “Triple C”, quien identificó a los acusados como parte de la conspiración.
El fiscal del Ministerio Público amplió, el 12 de mayo del 2026, el requerimiento presentado en octubre de 2024, en el que señala a Adán Fúnez (exalcalde de Tocoa), Juan Ángel Ramos Gallego (empresario) y Héctor Méndez Pérez (contratista) como supuestos autores intelectuales del crimen contra Juan Antonio López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón. López era regidor municipal y se había opuesto públicamente a proyectos minero-energéticos de la empresa Pinares-Ecotek, del Grupo Emco, propiedad de Lenir Pérez, un nombre que hasta ahora se mantiene en la sombra.
Según la investigación, el crimen fue planeado en reuniones previas en un bar de Tocoa, donde participaron al menos dos de los implicados. El testigo “Triple C” declaró que en esos encuentros se ofrecieron pagos —unos 60 mil lempiras— para ejecutar el asesinato. El autor material de los disparos fue Óscar Alexis Guardado, señalado como la “mano derecha” de Ramos Gallegos.
Guardado fue detenido en octubre y ya aceptó su culpabilidad; incluso pidió al Poder Judicial un procedimiento abreviado. Los otros dos acusados, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz Munguía, irán a juicio oral y público en junio.
10 años de lucha contra Lenir Pérez
El Ministerio Público presentó decenas de pruebas: peritajes balísticos, análisis de videovigilancia, intervenciones telefónicas y actas de inspección en la escena del crimen. Destaca un informe que ubica a los acusados en la misma zona de cobertura telefónica el día de la reunión conspirativa. También se incluyen documentos que acreditan contratos millonarios entre el exalcalde Adán Fúnez y el contratista Héctor Méndez, revelando su estrecho vínculo.
La Fiscalía expuso que este crimen no puede analizarse como un hecho aislado, sino dentro de un contexto de conflictividad social que se remonta a 2014, marcado por la oposición comunitaria a un proyecto de Lenir Pérez y Ana Facussé, vinculado a la explotación de recursos naturales en la zona, especialmente en el parque nacional Carlos Escaleras.
Juan López no era un actor cualquiera. Como regidor y líder del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, denunciaba decisiones municipales que, a juicio de las comunidades, favorecían a empresas a costa del ambiente y la salud de la población. Esas denuncias le costaron tensiones políticas que estallaron en 2024, tras protestas comunitarias y la difusión del “narcovideo”, donde aparece Adán Fúnez negociando con narcotraficantes el financiamiento para campañas políticas. El video, sin embargo, no fue aceptado como prueba.
La denuncia que selló su destino
El 3 de septiembre de 2024, apenas once días antes de que lo asesinaran, Juan López pidió públicamente la renuncia de Fúnez. Desde entonces, las amenazas aumentaron. Su riesgo era tan alto que organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), les habían otorgado medidas cautelares a él y a otros miembros del comité ambiental.
Durante la audiencia, el Ministerio Público detalló su teoría del caso: existía una estructura criminal que planificó y ejecutó el asesinato. Como pruebas clave, presentaron testimonios —incluido el del testigo protegido Triple C—, peritajes balísticos, análisis de comunicaciones, inspecciones en la escena y documentos administrativos.
Según la acusación, el 17 de agosto de 2024, en un local comercial de Tocoa, los acusados Héctor Méndez y Juan Ángel Ramos se reunieron con Óscar Alexis Guardado (el gatillero) para planificar el crimen. Le mostraron a Guardado la foto de la víctima y acordaron que Adán Fúnez pondría 200 mil lempiras para el asesinato.
La Fiscalía también vinculó a Guardado como mano derecha de Ramos Gallegos en negocios posiblemente ilegales. Además, presentó documentación sobre contratos municipales entre Méndez y Fúnez. Méndez es dueño de la constructora La Unión, pero no aparece registrada en la Cámara de Comercio ni en la Cámara de la Construcción de Honduras.
La acusación privada: “Esto es sólo un pasito”
Por su parte, la acusación privada —en representación de la familia de Juan López y del Comité Municipal de Tocoa— se adhirió al planteamiento del Ministerio Público. Edy Tábora, abogado de la familia, explicó al final de la audiencia: “Ha quedado acreditado claramente la participación de los señores acusados en la coordinación y la propuesta para que se cometiera este delito. El auto de formal procesamiento significa que el proceso sigue adelante. La jueza ha ordenado prisión preventiva en el centro penal de Támara”.
Tábora destacó la importancia de la transparencia: la audiencia se celebró en una sala con acceso para público, familiares, observadores y periodistas. Y anunció que el 15 de junio comenzará el juicio oral y público contra los autores materiales. Pero advirtió: “Esperamos que el Ministerio Público profundice las investigaciones para dar con otras personas que aparentemente han participado en la ejecución de este hecho”.
Juana Esquivel, representante del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, llamó a la organización comunitaria.
“Este es un pasito que se está dando con la autoría material, pero la estructura criminal tiene que caer. La estructura que ha hecho todos los crímenes alrededor de este proyecto minero energético, de las autoridades municipales que se han prestado para actos de corrupción y que ordenaron el asesinato de nuestro compañero Juan López”, explicó Esquivel.
La representante del Comité convocó a instalar un campamento de exigencia de justicia durante el juicio de junio. “Vamos a tener que organizarnos bien, por comunidades, por organizaciones, para tener cobertura durante todo el tiempo que dure el juicio”.
Tábora añadió un dato clave: las extracciones telefónicas realizadas por el Ministerio Público incluyen los teléfonos de los tres procesados y también el del propio Juan López.
“En la extracción del teléfono de Juan López se podrían determinar las amenazas que él recibió. Así podremos saber quiénes lo amenazaban y exigirle al Ministerio Público una línea de investigación al respecto”.
Padre Melo: “Un punto de partida que genera esperanza”
El padre Melo (Ismael Moreno), de Radio Progreso y amigo personal de Juan, acompañó la audiencia durante casi 20 horas. Al conocerse la resolución, manifestó: “Yo creo que es un punto de partida que genera esperanza. La jueza ha actuado conforme a derecho. Me siento satisfecho, pero es una satisfacción prudente, serena, sobria, porque este será un proceso largo, difícil. Tenemos que seguir acompañando y exigiendo justicia”.
Melo felicitó al sistema de justicia, a las juezas y a los fiscales, e hizo un reconocimiento a las comunidades que se movilizaron desde el Valle del Aguán para estar presentes.
“Es una manera de expresar que, en medio de tantas turbulencias y sospechas, seguimos apostándole al Estado de derecho”.
Moreno fue más allá y puso el dedo en la llaga.
“El crimen de Juan López se corresponde con un entramado sumamente serio. Hay una primera ramificación: los autores materiales, cuyo juicio será en junio. Una segunda: los que pagaron a los gatilleros, que es este auto de formal procesamiento. Pero hay una tercera ramificación: ¿cómo se vincula la denuncia constante de Juan López con la explotación minera ilegal en el Parque Nacional Carlos Escaleras, donde funciona la empresa Pinares Ecotec, propiedad del señor Lenir Pérez?”
El padre Melo recordó que el 25 de mayo se celebrará en Tegucigalpa una audiencia clave contra Lenir Pérez, que ha sido postergada en varias ocasiones.
“Con el poder impresionante que tiene Lenir Pérez, él va a querer desplegar sus posiciones, sus amenazas. Por eso mismo, las comunidades y las organizaciones tenemos que estar presentes, activas, vigilantes, para que no nos dejemos llevar de nuevo por quien impone la ley de los fuertes”, afirmó el padre Melo.
