Contribuyeron con este reporte: Dunia Orellana, Daniel Fonseca, Lissy Serén y José Serén
Tegucigalpa, Honduras. La madrugada de hoy, la Policía Nacional capturó en Tocoa, Colón, al exalcalde Adán Fúnez Martínez, señalado como quien financió y ordenó el asesinato del ambientalista Juan López. Junto con él cayó Héctor Eduardo Méndez Pérez, acusado de enlazar a los sicarios y un tercer implicado, Juan Ángel Ramos Gallegos. Al momento de su detención, Fúnez se declaró inocente: “No tenemos nada que temer porque somos inocentes”, afirmó.
La noticia abre una pregunta que la investigación judicial aún no responde: si ya cayó el operador político cuyo rostro apareció en un video negociando con narcos, ¿para cuándo el empresario minero señalado como el verdadero interesado en silenciar las denuncias? Fúnez no es un político cualquiera: es el mismo que en 2013 se sentó junto a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en la reunión que el país conoce como el “narcovideo”.
Esa grabación, difundida por Univision e InSight Crime en agosto de 2024, muestra a narcotraficantes ofreciendo 650 mil dólares para la campaña de Libre, el partido de Castro. Zelaya, entonces secretario del Congreso, renunció tras admitir su presencia, y la presidenta calificó el hecho como un “error deplorable” de su familiar. Dos días después de que Juan López denunciara públicamente ese video, fue ejecutado el 14 de septiembre de 2024 al salir de una iglesia en Tocoa.
Un vínculo externo con nombre y firma
La madeja conecta también con el empresario minero Lenir Pérez, dueño de la mina que opera en la montaña Carlos Escaleras que López defendía. El hilo entre Pérez y el gobierno de Xiomara Castro tiene un nombre: Pamela Blanco Luque de Vaquero, socia y esposa de Tomás Vaquero, exministro de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Desde 2020, Blanco funge como notaria y representante legal de múltiples empresas de Lenir Pérez, incluyendo aquellas que controlan la polémica concesión minera en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Carlos Escaleras. Pero su rol no es solo técnico: Blanco es públicamente reconocida como “una de las mejores amigas” y consejera cercana de la presidenta Xiomara Castro, con acceso directo a la Casa Presidencial. De hecho, el mismo día en que asesinaron a Juan López, Pamela Blanco saludaba sonriente a la multitud junto a la mandataria frente a la sede de gobierno.
En diciembre de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Blanco en la lista Engel por corrupción y tráfico de influencias, acusándola de presionar a funcionarios para obtener fallos favorables. A pesar de este señalamiento, la abogada siguió gozando de cercanía irrestricta al círculo íntimo de la expresidenta.
El amigo de congresistas, expresidentes y presidentes
El pasado 10 de mayo, el propio Lenir Pérez exhibió en redes sociales la impunidad con que se mueve. Publicó una fotografía junto a la congresista estadounidense María Elvira Salazar en su casa de Palm Beach. “Fue un honor recibir a la congresista Salazar en mi hogar. Quería agradecerle personalmente su firme apoyo a la democracia hondureña. Es una verdadera amiga de Honduras y fue un placer pasar la velada con ella junto a amigos y familiares”, escribió.
En marzo dijo a los tribunales que su residencia permanente está en la ciudad de San Pedro Sula y que no tenía riesgo de huir del país. Por eso le dieron medidas sustitutivas sin prohibición de salir de Honduras. En la casa de Pérez en Florida, Estados Unidos, apareció una foto de Tomas Zambrano.
No es su único contacto «en las alturas”. Antes de cortejar al oficialismo de turno, Pérez había tejido una relación estrecha con Juan Orlando Hernández, entonces presidente hondureño, y consiguió una concesión por 30 años de la terminal aérea de Palmerola. En 2016, cuando inició su relación contractual con el Gobierno, la empresa Alutech —fundada por Pérez y su esposa y de la que ambos fueron únicos representantes— reportó activos por 32 millones de dólares. Para 2017, la compañía tenía abiertas líneas de crédito con varios bancos, entre ellos Banco Promérica, por hasta 10 millones de dólares.
Alutech terminó absorbiendo otras empresas menores, mientras sus dueños seguían creando compañías para expandirse en rubros como la minería, sobre todo en la zona del Bajo Aguán, en el noreste hondureño. El 25 de mayo, Lenir Pérez, tiene que volver a los tribuales a presentarse.
Se presentó tres veces y salió caminando
El antecedente más fresco de este entramado ocurrió hace apenas cuatro meses, el 30 de enero de 2026. Después de tres ocasiones en que la justicia reprogramó su audiencia, Lenir Pérez por fin se presentó ante un juez, pero no para ser encarcelado.
Sobre él pesaban una orden de captura internacional —suspendida el 13 de enero— y los delitos de daños agravados y explotación ilegal de recursos naturales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
Sin embargo, en una audiencia que los ambientalistas calificaron como «viciada», el empresario pagó una fianza de tres millones de lempiras y obtuvo medidas distintas a la prisión preventiva.
La indignación no se hizo esperar.
Juana Esquivel, ambientalista del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, denunció la desigualdad jurídica.
“Es vergonzoso que el único criterio de peso sean los millones que un empresario puede ofrecer. Tuvimos ocho compañeros privados de libertad por casi tres años, donde nunca se escuchó el clamor de justicia. Hoy, un empresario viene con sus bolsas llenas de dinero a costa de la destrucción de nuestros ríos y sale caminando”, dijo Esquivel.
La abogada Kenia Oliva, quien sigue de cerca el proceso, cuestionó además que el juez no dictara prohibición de salida del país, a pesar de que la defensa de Pérez acreditó que reside en Miami.
“El requerimiento fiscal está presentado desde septiembre de 2024. Pasó seis meses evadiendo la justicia. Al no dictar detención judicial ni prohibición de salida del país, el juez ignora que Pérez no tiene arraigo en Honduras y que ha demostrado ser una persona acostumbrada a evadir la ley mediante fraude”, señaló Oliva.
Ese día, los defensores del territorio dejaron claro que la libertad condicionada de Pérez no cerraba el capítulo. Por eso, exigieron al Ministerio Público desengavetar las líneas de investigación que vinculan al exalcalde Adán Fúnez —ya señalado en estructuras criminales que favorecieron a la minera— y que se hiciera justicia por el asesinato de Juan López.
“La sospecha es legítima”
Las reacciones por las capturas coinciden en que la justicia no puede detenerse en Fúnez.
El padre Ismael Moreno, conocido como Padre Melo, lo expresó con claridad. “Recibimos la noticia con responsabilidad. No podemos estar conformes porque corresponde investigar un entramado más grande que toca intereses mineros y políticos. Que se dé la captura de Fúnez es importante, pero se debe continuar con el entramado más grande”. Y su pregunta en redes sociales resumió el sentir popular. “¿Y Lenir Pérez?”, preguntó Melo.
En una entrevista posterior, el sacerdote detalló por qué la sospecha sobre el empresario minero es una obligación investigativa. Según Moreno, Juan López había logrado que el Congreso aprobara el decreto 18/2024 para proteger la montaña Carlos Escaleras y resarcir los daños ambientales causados por la explotación ilegal. “Esto supone que los empresarios, comenzando por Lenir Pérez, se vieron amenazados en sus intereses. Por eso nosotros sospechamos que él pudiera estar implicado en este crimen”, afirmó.
El padre Germán Rosa, director de Radio Progreso, valoró los avances con cautela. “Son buenas noticias. No queremos venganza, queremos justicia para Juan López, su familia y el Parque Carlos Escaleras. Estaremos muy atentos”, djo.
Entretanto, para Donaldo Hernández, del Cehrodeh, el entramado político es indisociable. “Juan López era regidor del mismo partido que Fúnez. Sus denuncias no solo tocaban la minería; también estaba en juego su proyección política. Las declaraciones del exfiscal general ya advertían de las relaciones entre el exalcalde y las cúpulas partidarias. Ojalá las investigaciones, que pudieron estar engavetadas, salgan a la luz”.
Una estructura criminal en tres niveles
La acusación del Ministerio Público describe una pirámide: Adán Fúnez la financió e ideó; Héctor Méndez, alias Teto, buscó a los sicarios; y Juan Ángel Ramos, aún fugitivo, coordinó la logística con los autores materiales que ya enfrentan juicio el próximo 15 de junio.
El vocero fiscal Yuri Mora detalló que la solidez del caso descansa en vaciados telefónicos —incluyendo uno que un implicado intentó destruir y fue enviado al extranjero para su análisis—, cámaras de vigilancia y testimonios. Sin embargo, ante la pregunta de si Lenir Pérez está en la mira, la respuesta institucional sigue siendo la misma: “La investigación continúa”.
Mientras las esposas se ajustan en las muñecas de Adán Fúnez, en Tocoa el eco de su arresto no se apaga.
En un crimen donde el móvil es la defensa del territorio, apresar al político que financió el sicariato —y que compartió mesa con narcos y cuñados presidenciales— es solo una parte de la historia.
La otra, la que cruza los intereses mineros, las fianzas millonarias, los vínculos íntimos del poder y las fotos sonrientes en Palm Beach, sigue aguardando su capítulo. Y la pregunta que recorre Colón vuelve a resonar: ¿Pa cuándo Lenir Pérez?
