Que Donald Trump interviniera públicamente en las elecciones hondureñas fue un gesto de poder disciplinador hacia América Latina
Tegucigalpa, Honduras. Las recientes elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025 en Honduras abrieron una encrucijada profunda sobre los rumbos de justicia, igualdad de género, derechos humanos y memoria democrática, no solo para Honduras, sino también para Centroamérica y toda la región latinoamericana y caribeña.
El electorado hondureño debía elegir presidencia, 128 diputaciones al Congreso Nacional, alcaldías, vicealcaldías, regidurías y representantes al Parlamento Centroamericano.
Por una parte, estos comicios representaban la evaluación del mandato de Xiomara Castro, primera mujer en la presidencia bajo la bandera del Partido Libertad y Refundación (Libre), marcada por promesas de justicia social, lucha contra la corrupción y políticas de seguridad, aunque con críticas por omisiones en agenda feminista y causas estructurales.
Pero la elección se dio en un clima de desconfianza: denuncias de irregularidades, amenazas de intervención extranjera y una ciudadanía dividida.
En Honduras, la derecha autoritaria que gobernó más de una década y dejó un país marcado por la desigualdad, la violencia y la migración vuelve con un proyecto que ya se ensayó en otras latitudes: restaurar el orden a través de la militarización, fortalecer alianzas con sectores religiosos fundamentalistas, cerrar espacios democráticos, convertir la migración en herramienta política y desmantelar políticas de igualdad y derechos.
Es el mismo guion que vemos en Argentina, Brasil post-Bolsonaro, la Europa del miedo y Estados Unidos bajo la sombra de Trump: una política que normaliza el odio, se alimenta del miedo y fabrica culpables antes que soluciones.
Lo hondureño es parte de ese mapa: un territorio donde la ultraderecha internacional busca reposicionarse, influir y reorganizarse.
Que Donald Trump interviniera públicamente en el proceso electoral hondureño no fue un accidente: fue un acto metapolítico. Un gesto de poder disciplinador hacia América Latina y un aviso de que la ultraderecha global no respeta fronteras cuando tiene intereses en juego.
Su declaración a favor del Partido Nacional fracturó apoyos locales, alimentó la desconfianza y legitimó a quienes representan el continuismo conservador. Trump no habló a Honduras: habló al continente entero. Dijo, de forma implícita: estamos de vuelta y podemos torcer el rumbo de sus democracias cuando sea necesario. Y ese mensaje es tan grave como claro.
Honduras está entrando en una fase donde la democracia se vuelve más estrecha y más frágil. La ultraderecha no gobierna para todos: gobierna para los suyos. Sus políticas reducen el espacio cívico, desfinancian organismos de control y favorecen a una élite económica, militar y religiosa que dicta la moral pública. El discurso del “orden” se traduce en militarización de barrios, criminalización de jóvenes y represión de la protesta. Cada vez más decisiones se toman con lógica policial, no democrática. La migración, la pobreza y la violencia de género se abordan como fallas individuales, no como problemas estructurales.
En todos los países donde la ultraderecha avanza, las mujeres y las diversidades son las primeras en perder derechos. Honduras no será la excepción. Lo siguiente será: la prohibición total del aborto y de la anticoncepción de emergencia seguirá intocable. La moral conservadora, impulsada por iglesias y grupos antiderechos, recupera protagonismo político. La derecha reduce políticas de género a “temas menores”. Con su regreso, los refugios, fiscalías especializadas y políticas integrales enfrentarán recortes o indiferencia. La violencia machista volverá a ser minimizada. Las defensoras de derechos humanos, mujeres organizadas, periodistas y personas LGBTIQ+ serán blanco de vigilancia y hostigamiento. Ya lo hemos visto en otros países gobernados por proyectos de ultraderecha: el patriarcado se vuelve política de Estado.
La ultraderecha ya no es nacional, es transnacional. Se financia globalmente, coordina discursos, replica tácticas y utiliza las redes digitales para inocular miedo, odio y desinformación.
Por eso, la respuesta feminista también debe ser global: articulaciones regionales más fuertes, redes de protección y acompañamiento para defensoras, observatorios que documenten regresiones y violencias, incidencia internacional para frenar políticas de odio y defensa colectiva de la democracia como condición para la igualdad.
CLADEM, con presencia regional y trayectoria histórica, es clave para construir ese contrapeso. Honduras nos recuerda que, si una democracia cae, tambalea la región entera.
