Crece ola de abusos, desde detenciones ilegales hasta agresiones sexuales en niñas-jóvenes durante el estado de excepción
Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra cuatro agentes de la Policía Nacional señalados por la detención ilegal y violación agravada de una niña de 14 años en el municipio de El Progreso, Yoro.
Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron a finales de octubre. En esa fecha, retuvieron a la víctima en Santa Rita y la trasladaron a la Unidad Metropolitana de Prevención 11 (UMEP-11), donde habría sido sometida a tratos degradantes y agresiones sexuales.

“Aquí no ha pasado nada”
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-Mujer), privaron de su libertad a la joven sin justificación y la llevaron a una celda, donde permaneció aislada.
Durante la madrugada, uno de los policías, identificado como Josué Gustavo Zelaya Ortiz, ingresó al área de detención. A continuación la agredió sexualmente y expresó: “Así te quería ver, flaca”.
Tras el abuso, la agente Yeni Nayeli García Hernández cerró la celda con candado. Luego dijo: “Aquí no ha pasado nada”, de acuerdo con el expediente fiscal.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía ejecutaron la captura de los cuatro policías implicados. Posteriormente, un juez competente dictó detención judicial para todos mientras avanza el proceso penal por violación agravada y privación ilegal de la libertad.
Las autoridades señalan a Zelaya Ortiz como ejecutor directo y enfrenta violación agravada y trato cruel. Mientras tanto, a las otras personas se les acusa de presunta complicidad y privación ilegal de la libertad de la menor.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos debido a la gravedad de los señalamientos, pues se trata de presuntos delitos cometidos por agentes encargados de proteger a la ciudadanía.
Este hecho se suma a otros casos de abuso policial, como el de la estudiante de enfermería Keyla Martínez, fallecida bajo custodia policial en 2021, aún sin esclarecimiento total.

Abuso de autoridad
La pastora Ruth García Cárcamo, de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, calificó este caso como un reflejo de abuso de autoridad que está cometiendo la Policía en el marco del estado de excepción.
“El uniforme se convierte en un instrumento de poder para abusar de su autoridad y abusaron sexualmente de esta chica”, expresó la pastora.
Asimismo exigió una investigación para todas las personas implicadas en el hecho y “que les caiga todo el peso de la ley”, concluyó.
La adolescente de tan solo 14 años fue detenida ilegalmente y sufrió abuso sexual de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, según la investigación de la fiscalía.
Por otro lado, una madre de familia denunció abuso de uniformados que ingresaron a su casa de habitación a realizar un allanamiento en el sector 2 de la colonia Villanueva, en el oriente de la capital.
Según el relato, los agentes de la Policía Nacional ingresaron por la fuerza, rompieron el portón con una barra y amenazaron a su hija con una pistola.
Al ingresar a su casa comenzaron a manosear a su hija y a interrogarla, preguntando si “andaba droga, si ya había tenido sexo o si era miembro de alguna pandilla”.
Los uniformados tuvieron a la joven encerrada en un cuarto y le quitaron el teléfono y le robaron alrededor de 5 mil lempiras.
El estado de excepción, calificado como un mecanismo para combatir la criminalidad, se ha convertido en un recurso para alimentar los abusos de autoridad y violentar los derechos de la ciudadanía.



