En el norte de Guatemala, avanza el monocultivo de palma aceitera. ¿Alcanzan las certificaciones y las leyes para mejorar el modelo?
Por Juliana Gonzalez Ríos
Cortesía de DW
Guatemala. Francisca hipotecó parte de su terreno para pagar el viaje de su hijo. Él logró cruzar y hoy vive en California; ella quedó con la deuda. En Raxruhá, Alta Verapaz, esta historia se repite. La falta de empleo, la violencia y la expansión de la palma aceitera empujan a familias enteras a migrar. «Muchos vendieron sus tierras a las (empresas) palmeras para pagar a los coyotes”, cuenta Francisca. «Si los devuelven del otro lado (Estados Unidos), regresan sin nada”. Juan José Hurtado, director de la asociación Pop Noj, lo resume con crudeza: «Vuelven con la deuda y a un país injusto, desigual y sin empleo.”
Un sector que crece y concentra poder
La palma aceitera representa hoy el 1,2% del PIB de Guatemalay genera más de 28,000 empleos directos y unos 140,000 indirectos, según la Gremial de Palmicultores (Grepalma). Para miles de familias, es una fuente de trabajo formal en regiones con pocas alternativas. Introducida en los años sesenta, su expansión coincidió con la crisis algodonera en los ochenta y noventa. El verdadero impulso llegó en 2007, cuando la ley estadounidense Energy Independence and Security Act incentivó los biocombustibles y disparó la demanda global de aceite vegetal. Desde entonces, los inversionistas en Guatemala apostaron por la palma para abastecer mercados en Europa y Norteamérica. Hoy, el aceite de palma está presente en alimentos procesados, productos de limpieza, de aseo personal y combustibles. La demanda mundial ronda los 165 millones de toneladas métricas anuales y podría llegar a 310 millones en 2050, de acuerdo con datos de Grepalma. Indonesia y Malasia dominan el mercado; América Latina crece rápido, pero sigue siendo minoritaria.
El gremio palmero guatemalteco se presenta como sostenible: promete «cero deforestación” con monitoreo satelital, uso mayoritario de agua de lluvia y certificación RSPO en el 60% de su producción, con la promesa de elevarlo a 75%. De acuerdo con la web de Grepalma: “Específicamente, bajo el estándar de RSPO, Guatemala es el país de Latinoamérica con el mayor volumen de aceite de palma certificado como sostenible durante el año 2023, seguido por Colombia y Costa Rica”.
Ríos con memoria
Pero en comunidades como Raxruhá, las memorias son otras: toneladas de peces muertos en el río La Pasión hace una década, contaminación en la cuenca del San Román en 2017. En ambos casos, los pescadores perdieron su sustento; algunos se dedicaron a talar madera mientras que otros migraron a los Estados Unidos. Las empresas señaladas —la española Repsa y la guatemalteca Chiquibul— siguen bajo investigación en la fiscalía ambiental, pero nada avanza. «Hemos denunciado”, dice Francisca, «pero nuestra esperanza es que en Alemania sí pase algo.” De acuerdo con el informe “Derecho al agua y alimentación y palma aceitera” presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2019 por Congcoop: a pesar de la existencia de reservas hídricas suficientes, más de 3 millones de personas carecen de acceso al agua, debido a la apropiación privada por empresas palmeras.
Otro de los grandes problemas que pone de manifiesto el monocultivo de la palma aceitera es el de la concentración de la tierra en pocas manos. Las empresas afiliadas a Grepalma dominan el 72% del cultivo nacional. De las 41 empresas agremiadas, tres son los actores principales: Industria Chiquibul, REPSA y NaturAceites. El 28% restante está en manos de pequeños productores no asociados o independientes. «Con los monocultivos nos enfrentamos al problema del acaparamiento de las tierras» asegura Lesbia Artola, defensora de los derechos indígenas y campesinos, en más de 150 comunidades Q’eqchi’. El acaparamiento genera además problemas de inseguridad alimentaria. Anabeli, otra de las mujeres de Raxruhá es clara: „la siembra de maíz se ha ido acabando. Hay escasez y mucha pobreza.»
Europa entra en escena: regulaciones sobre deforestación y cadenas de suministro
La Iniciativa Cristiana Romero (CIR) con sede en Alemania ha puesto el tema en la agenda europea. Su informe A la sombra de la palma aceitera (2024) documentó la contaminación de ríos, deforestación y violaciones laborales. El reporte impulsó auditorías internacionales y la suspensión temporal de certificaciones RSPO a una de las empresas, NaturAceites, además de fortalecer denuncias comunitarias ante organismos globales. Para ECCHR, certificar conlleva riesgos serios: «cuando empresas con historial de violaciones logran certificarse, no hablamos de sostenibilidad, sino de una fachada que perpetúa abusos”.
La presión internacional ya no es solo moral: ahora es legal. Dos normas europeas están cambiando las reglas del juego para quienes exportan aceite de palma desde Guatemala. La primera es la regulación de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR) que prohíbe la entrada al mercado europeo de aceite de palma vinculado a deforestación posterior a 2020. Exige trazabilidad geolocalizada hasta la parcela y una declaración de diligencia debida antes de cada envío, entre otras. Las sanciones pueden incluir multas millonarias y bloqueo de mercancías. La segunda es la directiva europea de diligencia debida (CSDDD) y la Ley alemana de cadenas de suministro (LkSG). Ambas obligan a las empresas europeas y alemanas a identificar riesgos en toda su cadena, prevenir violaciones y demostrar acciones correctivas. Esto significa que los compradores en Alemania y la UE deben auditar a sus proveedores guatemaltecos, y pueden enfrentar sanciones si no actúan ante abusos. Para el sector palmero, perder acceso al mercado europeo por incumplir estándares ambientales o de derechos sería un golpe de reputación y de caja.
¿Cambio real o maquillaje verde?
Europa exige sostenibilidad verificable, pero en Raxruhá la pregunta sigue abierta: ¿serán estas leyes suficientes para frenar la contaminación, el acaparamiento y la migración? ¿O solo maquillarán un modelo extractivo que concentra tierra y expulsa gente? El futuro de miles de familias guatemaltecas, tanto de las que trabajan en los cultivos como de aquellas de comunidades aledañas a las plantaciones, depende de que la trazabilidad no se quede en una directiva institucional y que la diligencia debida se traduzca en agua limpia, tierra cultivable y justicia para quienes hoy pagan la deuda del desarrollo.
