Una comisión legislativa acusa al ente electoral de violar la ley y habilitar al Congreso para asumir una función que, según expertos, ya no le corresponde.
Por RSM
Tegucigalpa, 9 de enero de 2026. — En un informe explosivo presentado ante el pleno del Congreso Nacional, el diputado Ramón Barrios argumentó que la declaratoria de resultados presidenciales emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es «jurídicamente cuestionada» y nula, al haberse realizado sin concluir el escrutinio especial de miles de actas electorales.
El documento, solicitado por el presidente del legislativo, Luis Redondo, concluye que esta omisión constituye un «escrutinio no realizado» que habilita al Congreso, en virtud del artículo 205 de la Constitución, para concluir el proceso y emitir su propia declaratoria, una interpretación legal que otros expertos contradicen y que podría profundizar la crisis política postelectoral.
Hallazgos clave del informe de Barrios
El informe presentado por el diputado Barrios sostiene que el proceso electoral del 30 de noviembre y la posterior declaratoria del CNE del 30 de diciembre están viciados por irregularidades sustanciales. A continuación, los puntos principales:
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La contracara legal: ¿Puede el Congreso hacerlo?
La conclusión más polémica del informe, que busca habilitar al Congreso para asumir el escrutinio, choca con una interpretación constitucional y legal extendida. El artículo 205, numeral 7, de la Constitución otorga al Congreso esa facultad únicamente «cuando el Consejo Nacional Electoral no lo hubiere hecho» dentro del plazo legal.
Análisis legales periodísticos indican que, una vez el CNE emite la declaratoria oficial de resultados, la facultad supletoria del Congreso se extingue. Cualquier controversia o irregularidad posterior debe canalizarse a través de los recursos ante el propio CNE y, en última instancia, ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la máxima autoridad en la materia.
De igual forma, la propia Ley Electoral establece un proceso estricto para impugnar actas o escrutinios específicos (acciones de nulidad administrativa reguladas en los artículos 297 y 298), el cual debe fundamentarse en causales muy específicas y demostrar que las irregularidades afectaron el resultado en Juntas Receptoras de Votos concretas. Un llamado genérico a la nulidad total, sin cumplir estos requisitos, carece de sustento legal.
Contexto de una crisis anunciada
El informe de Barrios llega en un contexto de profunda desconfianza en el sistema electoral, denunciado por múltiples actores incluso antes de los comicios. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), cuya candidata quedó en tercer lugar según los resultados oficiales del CNE, ha denunciado sin pruebas un fraude masivo, injerencia extranjera y fallas técnicas.
Paradójicamente, el propio coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, reconoció en diciembre, tras un conteo interno acta por acta, que el ganador de la elección presidencial era Salvador Nasralla del Partido Liberal, y no su candidata Rixi Moncada. Este reconocimiento contrasta con la narrativa de fraude total y con las conclusiones del informe legislativo, que busca anular unos resultados que, en la práctica, Libre ya había aceptado en su análisis interno.
Un conflicto institucional en ciernes
El informe de la comisión de Ramón Barrios no es un documento técnico neutral, sino un argumento político-jurídico para justificar una intervención sin precedentes del Congreso en un proceso electoral ya cerrado por la autoridad competente dice la oposición. Si el pleno legislativo acoge estas conclusiones y decide «asumir el escrutinio», se abriría un conflicto institucional directo con el CNE y el TJE, organismos designados por la Constitución y la ley para estas funciones.
Más allá del intrincado debate legal, el núcleo del informe refleja y potencia la grave crisis de legitimidad que atraviesan las instituciones hondureñas. La solicitud de anulación total, en lugar de apegarse a los mecanismos de impugnación particulares que prevé la ley, supone un riesgo para la estabilidad democrática, al buscar deslegitimar no solo un resultado, sino la integridad de todo el proceso y la autoridad del organismo electoral.
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Fotos: Leonel Estrada
