Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras condenó enérgicamente el ataque perpetrado contra la Cooperativa Campesina 9 de Agosto, ubicada en la conflictiva zona del Bajo Aguán. Según el informe preliminar, el ataque, atribuido a un grupo armado ilegal, resultó en la muerte de un cooperativista.
En el hecho violento, ocurrido en las últimas horas, intervinieron las fuerzas de seguridad del Estado, una acción que la Oacnudh saluda como “oportuna”.
No obstante, la oficina de la ONU advirtió que este episodio “se suma a un patrón recurrente de violencia y violaciones de derechos humanos en la zona”. La situación está marcada por una prolongada y compleja disputa por la tenencia de la tierra.
Un patrón de violencia estructural
En un comunicado oficial, la Oacnudh subrayó que la violencia en el Bajo Aguán no es un evento aislado, sino el síntoma de problemas estructurales sin resolver.
La región ha sido escenario por años de conflictos agrarios y enfrentamientos. A lo anterior se suma una alarmante lista de asesinatos y amenazas contra líderes campesinos, defensores de derechos humanos y miembros de cooperativas que reclaman el derecho a la tierra.
Llamado urgente a una respuesta integral y sostenida
Más allá de la condena y el reconocimiento a la intervención policial, el núcleo del mensaje de la Oacnudh es un llamado de urgencia al Estado hondureño.
La oficina internacional reiteró “la urgencia de fortalecer la presencia efectiva de las instituciones de seguridad y justicia” en el territorio. Asimismo exigió no solo reaccionar, sino establecer una estrategia permanente que permita prevenir la violencia, investigar los crímenes y judicializar a los responsables.
Asimismo, hizo hincapié en “la necesidad de impulsar una respuesta integral, sostenida y duradera por parte del Estado para abordar los desafíos estructurales vinculados al acceso a la tierra en el Bajo Aguán”.
Esto implica ir más allá del control del orden público. Implica abordar las raíces del conflicto: la falta de soluciones definitivas a las demandas de tierras, la impunidad histórica, la debilidad institucional y la presencia de grupos armados ilegales.
Un conflicto de larga data
El Bajo Aguán, una de las regiones más fértiles de Honduras, ha sido por décadas el epicentro de un agudo conflicto agrario. La tensión se agravó notablemente después del golpe de Estado de 2009, con un aumento exponencial de la violencia. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado cientos de muertes violentas en este contexto, la mayoría de ellas sin una resolución judicial.
La presión internacional sobre el Gobierno hondureño para resolver la situación ha sido constante. La demanda central siempre ha apuntado hacia una política de Estado que combine justicia y seguridad. Otra exigencia es la solución dialogada y definitiva al problema de la tierra, garantizando los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades campesinas.
Es el turno del Gobierno
El ataque a la Cooperativa 9 de Agosto pone nuevamente en evidencia la fragilidad de la paz social en el Aguán. La Oacnudh, con su pronunciamiento, presiona para que este caso no quede como una estadística más, sino que actúe como catalizador de las acciones pendientes. La pelota está ahora en la cancha del Estado hondureño, que enfrenta el desafío de demostrar con hechos concretos su voluntad para desactivar uno de los conflictos sociales más largos y sangrientos de su historia.
La Oacnudh ha manifestado que continuará monitoreando de cerca la situación y la respuesta de las autoridades, en el marco de su mandato de protección y promoción de los derechos humanos en Honduras.
