Por Article 19
Ciudad de México. ARTICLE 19 México y Centroamérica expresa su preocupación por las amenazas de acciones legales en contra de la periodista hondureña Helen Montoya Aguilera, del medio Reportar Sin Miedo, por parte de Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral, en Tegucigalpa, Honduras.
El 28 de enero de 2026, la periodista publicó la investigación donde expone presuntas prácticas de nepotismo y conflictos de interés gubernamental vinculadas al entorno político de Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras. El reportaje señala la posible implicación de funcionarios como José Argueta, secretario de Comunicaciones, así como de personas de su entorno familiar y personal, incluyendo a Cossette López y María José Sosa, diputada electa por el FM.
Dentro del contenido del reportaje, la periodista publicó una tabla compartida por sus fuentes, en la que aparecía el nombre de dos personas menores de edad. Tras percatarse, ofreció disculpas públicas por haber compartido la imagen que contenía los nombres de los menores, familiares relacionados con Cossette López. La periodista Helen Montoya indicó: “Mi objetivo era de interés público: evidenciar las relaciones familiares y de poder”. Sin embargo, tanto Cossette López como María José Sosa han manifestado públicamente su intención de emprender acciones legales por la difusión de dicha información. Adicionalmente, el Registro Nacional de las Personas (RNP) emitió un comunicado oficial anunciando el inicio de una investigación forense interna que será “remitida al Ministerio Público, a fin de que se deduzcan las responsabilidades legales y se promuevan las acciones que en derecho procedan contra quienes resulten responsables del uso indebido o irresponsable de la información”. De forma paralela, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) compartió también un pronunciamiento público relacionado con el caso.
De acuerdo con el testimonio de la periodista, a estas acciones institucionales se sumaron amenazas a través de redes sociales y presión para revelar sus fuentes. En este marco por medio de la plataforma de red social X, el dirigente del Partido Nacional, Mario Díaz, señaló a la periodista que “colaborar y dar los nombres de quiénes te filtraron la información ayudaría a que no tengas cargos”. Además de pedir a través de redes que la Fiscalía de Delitos Cibernéticos rastree la cuenta de la periodista.
Aunado a lo anterior, Montoya indicó que ha sido blanco de ataques en redes sociales por distintos perfiles, en las que indicó se le acusa de actuar con motivaciones políticas. En dichos mensajes se le criminaliza, se le señala con consignas como “con los niños no” y se le refiere que “irá presa”. De acuerdo con la periodista, esta campaña de estigmatización desplaza la atención en la publicación de los nombres y desestima el contenido real de su reportaje.
ARTICLE 19 señala que la libertad de expresión se encuentra reconocida en la Constitución hondureña, la cual prohíbe toda forma de censura previa y establece la inviolabilidad de ese derecho, sin persecuciones posteriores de carácter arbitrario. Asimismo, a nivel internacional, la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas constituye un pilar esencial para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en una sociedad democrática. En este sentido, el Principio 8°de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) establece que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Los hechos relatados en contra de la periodista hondureña Helen Montoya se inscriben en un patrón regional de uso de mecanismos legales, administrativos e institucionales para inhibir el ejercicio periodístico, particularmente en investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción, nepotismo y conflictos de interés. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, ha manifestado “preocupación por la constante presentación de demandas judiciales –o amenazas de demandas judiciales– en contra de periodistas que cubren asuntos de interés público, fundadas en el presunto ejercicio abusivo de la libertad de expresión”.
Las agresiones contra Helen Montoya ocurren en un contexto que puede inhibir el ejercicio del periodismo de investigación en Honduras, especialmente cuando se abordan asuntos de alto interés público. Por lo anterior, ARTICLE 19 exige:
- Al gobierno de Honduras, garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo, absteniéndose de utilizar instituciones públicas o procedimientos legales como mecanismos de presión contra periodistas y medios de comunicación por su labor informativa.
- Al Registro Nacional de las Personas (RNP) y a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Honduras, asegurar que cualquier actuación se apegue estrictamente a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, evitando acciones que puedan generar un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.
- A las personas funcionarias públicas involucradas, abstenerse de promover amenazas de acciones legales, discursos estigmatizantes contra periodistas derivadas de investigaciones de interés público.
- Al Sistema Nacional de Protección en Honduras, evaluar la situación de riesgo de la periodista Helen Montoya e implementar medidas de protección adecuadas, eficaces y oportunas, que garanticen el libre ejercicio de su labor periodística.
