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Caso Koriun: afectados exigen respuestas al Gobierno tras 10 meses de espera

Diálogo directo con el Ejecutivo y el Congreso Nacional demandan afectados para recuperar su dinero

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Por Lissy Serén

Tegucigalpa, Honduras. Cientos de afectados por la financiera Koriun Inversiones exigieron al Gobierno y al Congreso Nacional una respuesta definitiva para recuperar el dinero que invirtieron. Las personas perjudicadas se concentraron en el parque central de Choloma, Cortés, luego de más de 10 meses de reclamos sin resultados claros.

Claman por su dinero

La ciudadana Heydy Hernández, inversionista afectada, expresó su frustración al señalar que los aportes que hicieron fueron fruto de esfuerzo y sacrificio. “Dinero que nos costó, ganado en las maquilas. Necesitamos que el Gobierno nos dé una respuesta”, dijo Hernández.

Otro inversionista afirmó que, aunque todos resultaron afectados, “lastimosamente unos quedaron mucho más perjudicados”. Asimismo, agregó otro ciudadano, “hemos estado abandonados, meses en la lucha porque no hemos tenido una respuesta clara y contundente, nos han dejado engañados”.

KORIUN INVERSIONES. Cientos de personas resultaron perjudicadas por el caso Koriun. Foto: redes

Representantes de Koriun se movilizan

Representantes de Koriun Inversiones, entre ellos Arturo Fúnez, se trasladaron al parque central para expresar la necesidad de un diálogo con las máximas autoridades. 

Fúnez declaró que quieren reunirse con el presidente Nasry Asfura y con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para buscar soluciones, sosteniendo que con el gobierno anterior no hubo voluntad ni solución.

Afectados solicitan acercamiento con el Gobierno

A través de un comunicado, la directiva de aportantes de Koriun Inversiones solicitó un acercamiento directo con las autoridades del Gobierno y el Congreso Nacional. En particular, exigen conversar con el mandatario Nasry Asfura y el presidente del Congreso, Tomás Zambrano.

“Solicitamos como junta directiva, representando a los afectados del caso Koriun, un acercamiento directo con su persona. Confiamos en Dios que ustedes nos puedan abrir esa puerta a la recuperación de nuestro dinero, ya que por parte de las autoridades del Gobierno saliente no hubo voluntad de darle una salida a esta problemática”, indicaron en el comunicado.

Liberar a Iván Velásquez exigen inversores

La directiva afirmó que está lista para continuar la lucha hasta encontrar una solución inmediata para la recuperación del dinero mediante un decreto legislativo. Además llamaron al Ministerio Público y al fiscal a cargo del caso del gerente de Koriun, Iván Velázquez, a agilizar el proceso para liberarlo.

“Él [Velázquez] siempre ha manifestado que si sale en libertad pagará el dinero a todos los afectados. No queremos seguir afectando más a las personas y a la economía del país”, agrega el comunicado.

Advirtieron también que, de no haber respuesta, los afectados seguirán en las calles y podrían emprender acciones más fuertes.

CASO. Agentes revisan millonaria suma de dinero en las oficinas de Koriun en San Pedro Sula.

Abogado destaca complejidad del caso

El abogado Marcos Zelaya indicó que el caso es complejo. Afirmó que hubo “una estafa masiva” que involucra entre 30,000 y 32,000 personas que tienen el derecho legítimo de reclamar.

Por otro lado, Zelaya explicó que se emitieron órdenes judiciales de aseguramiento e incautación, pero no ingresó dinero a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Lo que sí se entregó, señaló el abogado, fueron bienes como vehículos y un terreno que están bajo custodia.

Respecto a las promesas de devolución por el gobierno pasado de la expresidenta Xiomara Castro, Zelaya enfatizó que era necesario ver de qué manera se resarcía ese daño. Según el abogado, esto se debe a que la Constitución hondureña establece que el Estado debe garantizar derechos en situaciones patrimoniales como esta.

Para finalizar, Zelaya expresó que las decisiones sobre cómo proceder con el caso recaen en las nuevas autoridades del Ejecutivo, el Congreso de la República y el Poder Judicial. Estos deben determinar si las operaciones de la empresa fueron lícitas o ilícitas bajo la supervisión que debió ejercer la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). 

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