Por Alejandra B.
Tegucigalpa, Honduras. El año 2026 se proyecta como uno de los más violentos para las mujeres, víctimas de diferentes delitos, desde agresiones sexuales y privación de la libertad hasta el feminicidio.
Hasta la fecha tenemos 59 muertes violentas y feminicidios, según el Centro de Derechos de las Mujeres. Esta cifra puede aumentar debido a que aún están pendientes exhumaciones y análisis de osamentas para determinar con exactitud la causa de muerte de las mujeres desaparecidas.
El contexto no cambia: cuerpos desnudos de mujeres expuestos en vías públicas o encontrados en sus casas o cerca de ellas, en lugares donde deberían estar seguras. Entre los móviles preliminares, la Policía Nacional destaca la pelea de territorio de drogas o una posible vinculación con una estructura criminal. Luego cierra la investigación.
Siempre se juzga a la víctima siempre porque era trabajadora sexual o porque venía sola en la madrugada. Pero lo cierto es que ninguna mujer debería perder la vida por la negligencia de uan sistema que ignora sus denuncias y un Estado que ha hecho de la impunidad su política más efectiva.
El 95% de los casos de feminicidio queda en el olvido.
Después del mayor terror reciente 一la muerte de 46 mujeres privadas de libertad一, cuando se produjo la intervención de las cárceles, sólo en un 10% se aplicó el Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, desarrollado por la Organización de Naciones Unidas. Tampoco se aplicó el Protocolo de Minnesota, obligatorio en muertes bajo custodia, a pesar de tener en el mismo lugar a los sospechosos. Identificaron a los autores materiales, pero no lograron determinar a los intelectuales. Con este distractor se terminó la intervención en las cárceles o universidades del crimen.
Entonces llegamos a este punto: ¿por qué hay tanta impunidad?
Es un problema interinstitucional que inicia desde la falta de protección de la escena del delito. El procesamiento de la escena muchas veces es insuficiente en comparación con otros países, donde puede tardar días y seguir bajo análisis durante o después del proceso de investigación, al igual que las autopsias. Nos hemos caracterizado por realizar la cantidad de autopsias en el menor tiempo posible para entregar los cuerpos sin priorizar la investigación científica que podría tardar hasta semanas.
Tampoco hay perspectiva de género en el levantamiento de los cadavéres ni en la autopsia médico-legal.
La muerte violenta de una mujer se debe considerar un feminicidio mientras no se tengan indicios de lo contrario. Sin embargo, muchos feminicidios ni siquiera llegan a judicializarse. Eso es así incluso cuando los familiares, las organizaciones y el observatorio de violencia contra las mujeres aportan información clave para detener a los sospechosos.
Realmente, el Estado es el único responsable por su falta de diligencia e interés para crear una unidad especializada en investigación de muertes violentas que procese cada escena de muerte violenta de mujeres con resultados inmediatos por lo menos en las primeras 78 horas. Honduras carece asimismo de una sede forense especializada donde se realicen autopsias completas bajo los protocolos de investigación por razones de género, con equipo completo y especialistas capacitados que emitan dictámenes de autopsia de forma inmediata con el fin de disponer de requerimientos fiscales, detener al sospechoso e impedirle que siga cometiendo este tipo de hechos.
Hasta la fecha, Honduras no cuenta con un protocolo forense de investigación de feminicidio ni para evaluar a victimas y sobrevivientes de violencia sexual.
De hecho, no se ha aprobado, en este gobierno ni en el anterior, algo más sencillo, como iniciativas de escala de riesgo de feminicidio ni alertas en tiempo real de mujeres desaparecidas. Tampoco se han habilitado casas refugio ni fondos para trasladar a las víctimas a programas de protección porque al final llama más la atención la sangre que la prevención.
Entre los últimos casos que han conmocionado al país en mayo de este año se cuenta el hallazgo de tres cuerpos en el sendero del Cimarrón, un área boscosa entre Residencial Las Uvas y Comayagüela. En la escena, el cuerpo desnudo de una mujer estaba amarrado a un árbol. Junto al cadáver había un freezer donde habían incinerado otros dos cuerpos. Aún no se han logrado identificar los restos porque el procedimiento de ADN puede tardar meses y es imposible hacerlo por medios como la toma de huellas dactilares o la odontología forense.
En la misma situación se hallan los familiares de la joven Yorleni Alas, de Puerto Cortés, desaparecida el 4 de mayo del 2026 en una playa local. En la madrugada, Alas salió de su trabajo con su hermana. Contrataron a una persona para que trasladara primero a una de ellas y luego a la otra. La hermana sufrió una agresión sexual, pero logró sobrevivir. Sin embargo, Yorleni no corrió con la misma suerte: desapareció.
Ayer, 14 de mayo del 2026, se encontraron restos humanos con las características de la ropa que Yorleni llevaba el día de su desaparición. Nuevamente, los resultados de los análisis de ADN podrían tardar varios meses para confirmar la identificación. Aunque hay un sospechoso detenido, podría quedar en libertad si no se corrobora su identidad de forma inmediata. Tampoco ha sido posible determinar la causa de la muerte debido a que en el país no hay antropólogos forenses.
Al Estado no le importan las muertes de mujeres que mantienen la mayoría de los hogares, dejando a sus hijos e hijas más vulnerables a la violencia, la explotación infantil y la trata. TODO ES UN CICLO.
No hay una iniciativa real del gobierno ni pronunciamiento sobre cómo aborda esta EMERGENCIA. Mientras ellos piensan qué hacer, los asesinos siguen matando mujeres: cada 48 horas matan a una con extrema violencia. En muchos casos, no hay acceso a la autopsia y las sepultan en total impunidad, con el silencio de las autoridades para que sean parte de las estadísticas junto con la cantidad de exhumaciones pendientes.
Lo que se requiere es una acción inmediata, con mayor operatividad de las autoridades. Necesitamos un sistema judicial que deje de ser espectador y se convierta en muro de contención. Honduras ya no debe ser el santuario del agresor para convertirse, de una vez por todas, en el refugio sagrado de la vida.
Porque la justicia que tarda no es justicia, es complicidad. Y hoy, el grito es uno sólo: que Honduras sea, finalmente, el país donde las mujeres ya no pongan más la sangre.
