Por InnContext
Ciudad de Panamá. Redes de trabajadoras de plataformas digitales de Asia, América Latina y África elaboraron un conjunto de demandas para redefinir los estándares laborales en la economía de plataformas desde una perspectiva del Sur Global, en el marco del proceso de negociación del próximo Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El documento advierte que las mujeres trabajadoras de plataformas se concentran de manera desproporcionada en los segmentos peor remunerados, menos protegidos y más precarios de la economía de plataformas, particularmente en sectores feminizados como el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, los servicios de belleza, el trabajo digital desde el hogar y ciertos servicios basados en la ubicación. En muchos casos, el trabajo en plataformas reemplaza al empleo formal.
Las organizaciones alertan que las referencias explícitas a desigualdades de género se han debilitado durante el proceso de negociación de la OIT, lo que podría derivar en un enfoque “neutral” que ignore las desigualdades estructurales de género, raza, clase y situación migratoria que atraviesan el trabajo digital.
Esto reclaman las trabajadoras del Sur

El documento sostiene que un convenio sin enfoque de género e interseccional podría consolidar nuevas formas de informalidad y discriminación a través de sistemas de gestión algorítmica.
Entre las principales demandas se incluyen el reconocimiento del trabajo feminizado y del trabajo de cuidados como empleo remunerado y protegido, el derecho a la organización sindical y la negociación colectiva con independencia de la clasificación laboral, y regulaciones estrictas sobre sistemas algorítmicos para evitar sesgos y discriminación.
También reclaman que la violencia y el acoso en plataformas, incluida la violencia sexual, sean considerados riesgos laborales bajo los estándares de la OIT, con protocolos obligatorios para las empresas y mecanismos de denuncia accesibles y con perspectiva de género.
El texto exige además protección social universal y portable, remuneraciones justas que reconozcan la subvaloración del trabajo feminizado, límites a la vigilancia digital y garantías de desconexión, así como derechos para trabajadoras migrantes independientemente de su situación migratoria.
Las organizaciones firmantes sostienen que estas demandas deben incorporarse como obligaciones vinculantes para Estados y empresas y no quedar relegadas a recomendaciones no obligatorias.



