Por José Manuel Serén
Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional que dirige Tomás Zambrano aprobó la Ley de Protección al Sector Agroindustrial para beneficiar a grandes empresarios y agilizar desalojos de campesinos que luchan por la democratización de sus tierras.
Esta norma jurídica impulsada desde el Legislativo se fundamenta en los conflictos derivados de lo que ellos llaman “ocupación ilegal de tierras”. Según los impulsores de esta ley, estas y otras acciones generan incertidumbre jurídica, afectan la producción y desincentivan la inversión en el sector agroindustrial.
La normativa establece que bajo ninguna circunstancia se justifica la ocupación o invasión de los predios protegidos por esta norma jurídica. Además ordena a las autoridades actuar de manera inmediata ante denuncias de tomas o bloqueos.
Zambrano defendió la aprobación de la ley al señalar que responde al incremento de las ocupaciones de tierras productivas.
El diputado afirmó que durante la administración de Xiomara Castro (2022-2026) existió una política que favoreció estas ocupaciones al limitar la actuación de la Policía Nacional y el Ministerio Público ante denuncias y desalojos judiciales.
Zambrano sostuvo que esta situación ha generado inseguridad jurídica, afectando la inversión, el empleo y la producción en sectores como la palma africana, el café, la naranja y la caña de azúcar.
Una inconstitucionalidad aprobada
La Constitución es la norma suprema que está en la cúspide jerárquica y ordena al Estado realizar un proceso integral de reforma agraria para eliminar latifundio y minifundio y garantizar alimentación y acceso a la tierra, entre otras.
Ante este mandato dictado por la Carta Magna, ninguna ley que lo contradiga puede considerarse constitucional.
Para el caso, el abogado Joaquín Mejía señaló que el Congreso Nacional es el primero que tiene que garantizar que las leyes que aprueba no sean contrarias a la Constitución.
Sin embargo, se presume que las reformas y leyes que aprueba el Congreso son constitucionales porque supuestamente este poder confirmó que esa ley no es contraria a la legislación jurídica del país.
Para Joaquín Mejía, el problema es que lo que menos le importa a la cámara legislativa es la legalidad constitucional porque apenas tiene un par de meses y ya ha violado tres o cuatro veces la Constitución.
“No les importa porque no tienen respeto a la cultura, no tienen respeto a la Constitución y no tienen cultura constitucional”, criticó el abogado constitucionalista.
Mejía argumentó que lo único que queda es ir a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia porque tiene la última palabra cuando se trata de interpretar la Constitución y revisar actos considerados contrarios a la misma.
Cuestionó la prontitud en resolver estos casos por los intereses que hay en el Poder Judicial. Recordó el caso de las llamadas zonas de empleo y desarrollo (ZEDE), donde hay un recurso que las declara inconstitucionales y siguen operando.
Luz verde para desalojar inmediatamente
Con la polémica ley, aprobada la semana pasada, las fuerzas de seguridad tendrán la obligación de desalojar “de forma inmediata” las ocupaciones de tierras agrarias y las protestas que bloqueen carreteras.
Además, brindará licencias ambientales express a las empresas agroindustriales y beneficiará a las industrias turísticas y energéticas.
Según organizaciones campesinas, indígenas y la ONU, esta ley podría criminalizar los conflictos socio ambientales y la protesta de quienes reclaman el derecho a tierras.
No protegen el campo
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) indicó que esta ley no protege al campo.
La organización indígena agregó que esta actuación en el Legislativo protege a quienes ya concentran la tierra.
El Copinh lamentó el grave hecho de que la normativa también elimina garantías ambientales y desconoce el Convenio 169. Además abre paso a un mayor despojo en territorios indígenas y campesinos.
La tierra está en pocas manos
El defensor de derechos humanos Joaquín Mejía manifestó que el latifundio es uno de los graves problemas del país, ya que la mayoría de la tierra fértil en el país está en pocas manos.
“Lo que estamos viendo con esta ley es que están priorizando al sector agroindustrial, a pesar de que la Constitución de la República señala que la producción de alimentos la primera finalidad que tiene que cumplir es la de garantizar la soberanía alimentaria, garantizar que todo mundo tenga acceso a una alimentación adecuada en el país y está en la Constitución”, dijo Mejía.
Criticó el hecho de que con esta ley le dan la espalda al mandato constitucional que establece que se debe realizar un proceso integral de reforma agraria en el país.
El profesional del derecho fue directo en los mandatos constitucionales. En primer lugar, señaló que la Constitución habla de eliminar el latifundio, o sea, cuando la tierra fértil de un país está en pocas manos.
En segundo lugar, Mejía subrayó la urgencia eliminar el minifundio, es decir, que hay mucha gente en el país que tiene pedacitos de tierra que no les alcanza para poder producir y para poder vivir ni alimentarse.
“Ley agroindustrial criminaliza la lucha campesina”
El defensor de derechos humanos Ismael Moreno cuestionó duramente la iniciativa de ley, señalando que favorece a grupos de poder y criminaliza la lucha campesina en Honduras.
Condenó la “salida cómoda” que, según él, han encontrado sectores empresariales, diputados y grupos radicales acomodados con el gobierno para criminalizar la lucha campesina en Honduras.
El religioso señaló que la nueva ley busca perseguir y encarcelar a dirigentes campesinos mediante acusaciones “inventadas”, favoreciendo a grupos de poder que “tanto daño le han hecho al país”.
“Hoy encontraron la salida los nacionalistas de la mano del Partido Liberal para perseguir a los más desposeídos”, expresó.
Moreno calificó la iniciativa como discriminatoria e inconstitucional, advirtiendo que profundiza la violencia en el agro al atentar contra el derecho de los campesinos a acceder a tierras para trabajar.
Y aún con todos los desaciertos, el Congreso aprobó la polémica normativa impulsada por sectores agroindustriales que la entregaron al Legislativo para criminalizar la lucha campesina y dejarlos fuera de las tierras de vocación agrícola que el Estado les entregó a través de la reforma agraria.
