Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. El campesinado, poblaciones originarias y afrodescendientes, feministas, ambientalistas y defensoras de derechos humanos expresaron su rechazo a la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras. Estas organizaciones consideran que esta iniciativa es lesiva para los derechos de las comunidades rurales y que profundizará los conflictos históricos por el acceso a la tierra en el país.
En su pronunciamiento, diversas organizaciones sociales articuladas a nivel nacional advirtieron que la propuesta legislativa busca otorgar mayores privilegios a los grandes sectores agroindustriales. Mientras tanto, aseguraron, limita los derechos de las comunidades campesinas, originarias y garífunas que históricamente han enfrentado procesos de despojo, criminalización y violencia por la defensa de sus territorios.
Las organizaciones señalaron que la iniciativa fue presentada apenas días después de la masacre en la finca Paso Aguán, en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón. Este hecho criminal volvió a poner en evidencia la grave conflictividad agraria que persiste en el país y la vulnerabilidad de las familias campesinas.
Alertan sobre retrocesos en derechos territoriales
De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, la propuesta de ley pretende consolidar un régimen de protección especial para los grandes inversionistas agroindustriales, debilitando principios constitucionales relacionados con la función social de la tierra y limitando las posibilidades de acceso a tierras para procesos de reforma agraria.
En su pronunciamiento, las organizaciones denunciaron que la normativa legaliza privilegios para sectores empresariales y reduce controles ambientales. Además, limita derechos territoriales de comunidades históricamente excluidas y fortalece mecanismos de persecución contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes.
Asimismo, alertaron que la iniciativa ignora compromisos internacionales asumidos por el Estado hondureño en materia de derechos humanos, consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas y afrodescendientes, y protección de personas defensoras del ambiente y del territorio.
El campo necesita inversión y no criminalización
La coordinadora de La Vía Campesina, Wendy Cruz, en entrevista a Radio Progreso, manifestó que el problema agrario en Honduras no puede resolverse mediante leyes punitivas o mecanismos de criminalización, sino a través de políticas públicas integrales que garanticen derechos al campesinado.
Según explicó, uno de los problemas estructurales más graves es la falta de seguridad jurídica sobre la tierra, una situación que afecta a miles de familias rurales que durante décadas han esperado procesos de legalización sin obtener respuestas efectivas del Estado.
«El campo no necesita tener guerras ni criminalización. El campo necesita inversión, necesita seguridad jurídica y necesita oportunidades para producir alimentos. El problema es que históricamente se ha privilegiado a los grandes grupos económicos mientras las familias campesinas siguen esperando acceso a la tierra y apoyo para producir», expresó.
Cruz destacó que cerca del 46% de la población hondureña vive en zonas rurales y depende directa o indirectamente de la agricultura para su subsistencia, por lo que consideró preocupante que se impulsen iniciativas que profundicen la exclusión de este sector.
La dirigente insistió en que el verdadero desarrollo agrícola debe garantizar la producción de alimentos para la población hondureña y no limitarse a fortalecer modelos de monocultivo orientados a la exportación.
«Nos han impuesto un modelo agrícola basado en monocultivos, pero eso no garantiza soberanía alimentaria. El desarrollo debe servir para alimentar a la población y garantizar bienestar para todos los sectores, no únicamente para quienes tienen mayores recursos económicos«, afirmó.
Pacto social para transformar el agro hondureño
Durante su intervención, Cruz reiteró la necesidad de construir un pacto social para el desarrollo agrícola del país que involucre a todos los actores del sector rural.
Explicó que durante la administración de Xiomara Castro se instalaron mesas de diálogo relacionadas con seguridad jurídica, acceso a tierras y reactivación del campo, donde participaron diversos sectores productivos. Sin embargo, señaló que muchos de los acuerdos alcanzados no lograron traducirse en reformas concretas.
Según la dirigente campesina, uno de los principales puntos de conflicto ha sido la discusión sobre los llamados «sobretechos», es decir, las extensiones de tierra que superan los límites establecidos en la legislación agraria y que históricamente han estado concentradas en pocas manos.
«La empresa privada nunca quiso discutir seriamente el tema de los sobretechos. Mientras no exista voluntad para abordar la distribución desigual de la tierra será imposible resolver el conflicto agrario que vive Honduras desde hace décadas», sostuvo.
Asimismo, lamentó los recortes presupuestarios a instituciones vinculadas al sector agrícola, particularmente al Instituto Nacional Agrario (INA), lo que, según dijo, limita las posibilidades de atender las demandas históricas de las comunidades rurales.
Las organizaciones sociales también argumentan que varios artículos de la iniciativa podrían entrar en contradicción con disposiciones de la Constitución de la República relacionadas con la función social de la tierra.
Wendy Cruz recordó que la legislación hondureña contempla que las tierras ociosas o incultas pueden destinarse a procesos de reforma agraria y señaló que cualquier intento de declarar amplias extensiones como inafectables debe analizarse bajo los principios constitucionales existentes.
«Nadie está promoviendo invasiones ni irrespetando la propiedad privada. Lo que estamos diciendo es que debe respetarse la Constitución y garantizarse el acceso a la tierra para quienes históricamente han sido excluidos», indicó.
La dirigente añadió que el Estado debe actuar como garante de derechos y promover soluciones estructurales a los problemas del campo, en lugar de aprobar normativas que podrían incrementar la conflictividad social.
Arcah denuncia favorecimiento a grandes intereses económicos
Por su parte, el coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (Arcah), Cristhopher Castillo, aseguró que la iniciativa responde a intereses de grandes grupos económicos y no a las necesidades reales de la población.
Castillo explicó que existe una diferencia sustancial entre la producción comunitaria de alimentos y la agroindustria orientada a la acumulación de capital para aplastar a los pueblos.
Asimismo, cuestionó la falta de confianza ciudadana hacia el Congreso Nacional y señaló que muchas de las leyes aprobadas en los últimos años han sido percibidas como favorables para sectores empresariales.
«Si revisamos la historia reciente, cuesta encontrar leyes que la población identifique como beneficiosas para sus condiciones de vida. Por eso existe tanta preocupación cuando se presentan iniciativas como esta», Manifestó Christopher Castillo.
Las organizaciones hicieron un llamado urgente a movimientos campesinos, pueblos indígenas, organizaciones feministas, sindicatos, estudiantes, colectivos ambientales y ciudadanía en general para mantenerse en alerta ante la posible aprobación de la ley.
De igual forma, solicitaron el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos y de la comunidad internacional para vigilar el proceso legislativo y denunciar cualquier intento de vulnerar derechos fundamentales.
Finalmente, advirtieron al Congreso Nacional que aprobar esta normativa podría generar nuevas tensiones en el campo y profundizar una crisis agraria que durante décadas ha dejado conflictos, desalojos, persecuciones y hechos de violencia contra comunidades organizadas.
Congreso aprueba Ley de Fortalecimiento y Protección al sector Agroindustrial
A pocas horas de que organizaciones sociales, campesinas, indígenas y afrodescendientes de distintas regiones del país expresaran su rechazo al proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, el Congreso Nacional procedió a su aprobación en medio de cuestionamientos de sectores de oposición.
La diputada Nidia Castillo denunció que la iniciativa fue sometida a discusión y aprobación sin haber sido incluida previamente en la agenda legislativa, lo que, a su criterio, constituye una irregularidad en el procedimiento parlamentario. La congresista también aseguró que el proyecto no contaba con los votos necesarios para su aprobación, por lo que cuestionó la legalidad y transparencia del proceso desarrollado en el hemiciclo.
El diputado Hugo Noé Pino expresó un contundente rechazo al proyecto de ley al considerarse que representa una grave amenaza para los derechos históricos del campesinado hondureño.
Según el congresista, la iniciativa busca desmontar en la práctica los principios establecidos en la Ley de Reforma Agraria, eliminando mecanismos que garantizan el acceso y la función social de la tierra.
Durante sus declaraciones, Pino cuestionó las modificaciones introducidas a última hora en el dictamen, argumentando que evidencian la falta de consenso y las deficiencias técnicas de la propuesta.
A su criterio, estos cambios constituyen un reconocimiento implícito de que el proyecto original vulneraba derechos fundamentales de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y organizaciones campesinas.
El parlamentario también denunció que la normativa favorece principalmente a grandes grupos económicos vinculados al sector agroindustrial, en detrimento de miles de familias campesinas que dependen de la tierra para su subsistencia. «Es inconcebible que desde el Congreso Nacional se impulse una legislación destinada a proteger intereses del gran capital mientras se debilitan las conquistas históricas de los sectores más vulnerables», sostuvo.
Asimismo, advirtió que varios artículos de la iniciativa podrían derivar en la criminalización de las luchas campesinas por el acceso a la tierra. En ese sentido, cuestionó la falta de información oficial sobre la cantidad de tierras nacionales que han pasado a manos privadas para el desarrollo de proyectos agroindustriales, señalando que el Estado tiene la obligación de transparentar estos procesos.
Pino recordó que los derechos agrarios conquistados por el movimiento campesino tienen sus raíces en las históricas luchas sociales que siguieron a la huelga de 1954, considerada uno de los hitos más importantes en la defensa de los derechos laborales y sociales en Honduras.
Por ello, aseguró que la bancada de Libre no respaldará una legislación que, a su juicio, limita el acceso a la tierra y debilita las garantías para la producción agrícola familiar.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras expresó preocupaciones sobre el proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras. Oacnudh considera que el contenido de esta norma podría tener repercusiones en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de comunidades campesinas y locales, así como de pueblos originarios, garífunas y afrodescendientes de habla inglesa.
Según las observaciones del organismo, la iniciativa también podría contribuir a profundizar la criminalización de los conflictos sociales y de las acciones colectivas relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio. Esto incluye protestas, movilizaciones y huelgas impulsadas por sectores que reclaman el reconocimiento de sus derechos territoriales.
La Oacnudh recordó que toda normativa debe estar alineada con los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar el respeto al acceso a la tierra y a los territorios ancestrales. Además, instó a las autoridades a promover soluciones integrales y sostenibles frente a los conflictos agrarios y ambientales, fortaleciendo el diálogo y la participación efectiva de las comunidades afectadas para avanzar hacia una resolución pacífica de las controversias.
El abogado constitucionalista y experto en derechos humanos, Joaquín Mejía cuestionó la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, al considerar que varias de sus disposiciones contradicen principios y mandatos establecidos en la Constitución de la República.
Según explicó, los artículos 344 y 345 de la Constitución establecen que la reforma agraria constituye un proceso integral orientado a sustituir el latifundio y garantizar la justicia social en el campo, por lo que las políticas económicas del Estado deben formularse en armonía con dichos principios. Sin embargo, señaló que la nueva normativa se aparta de ese mandato constitucional.
Mejía sostuvo que, recientemente, el Congreso “declaró inafectables las tierras agroindustriales incluso frente a procesos de utilidad pública o de reforma agraria.»
Asimismo, advirtió que la normativa otorga facultades para que la Policía Nacional y el Ministerio Público actúen de manera inmediata ante recuperaciones de tierras o protestas sociales, facilitando desalojos sin necesidad de una resolución judicial firme. A su juicio, estas disposiciones reducen las garantías procesales de las comunidades y limitan los espacios de mediación en los conflictos agrarios.
El experto también cuestionó que la ley considere determinadas acciones de protesta como amenazas al interés económico general. “La represión se disfraza de defensa del orden público, pero es una criminalización directa de la lucha campesina y de los pueblos originarios”, manifestó.
De igual forma, afirmó que la legislación fortalece la protección de sectores económicos con amplia influencia en el país y dificulta la búsqueda de soluciones dialogadas a los conflictos por la tierra. En ese sentido, señaló que la aprobación de la normativa refleja los intereses que predominan actualmente en el Congreso Nacional.
Mejía recordó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras advirtió sobre los riesgos que la ley representa para los derechos de comunidades campesinas, originarias y afrodescendientes.
Según indicó, las observaciones del organismo internacional alertan sobre una posible profundización de la criminalización de los conflictos sociales vinculados al acceso y uso de la tierra.
Finalmente, el jurista cuestionó la falta de pronunciamientos de diversos sectores que anteriormente defendían la supremacía constitucional. “Parece que se les olvidó que la Constitución es la norma suprema y que ninguna ley puede contradecir sus contenidos”, concluyó.
