Por José Manuel Serén
Tegucigalpa, Honduras. Organizaciones de derechos humanos y familiares denuncian una “impunidad organizada” y exigen unificar cuatro líneas de investigación dispersas en diferentes fiscalías para esclarecer el caso de Angie Peña.
Esta exigencia se da a cuatro años y medio de la desaparición de la joven Angie Samantha Peña Melgares, ocurrida en Roatán el 1 de enero de 2022.
El entramado institucional de Honduras enfrenta una severa crisis de legitimidad debido a la presión de un bloque de más de quince organizaciones civiles y de derechos humanos que comparecieron públicamente a exigir una respuesta inmediata.
Las organizaciones reclaman al Estado hondureño por qué ha ignorado de forma sistemática, en este caso, la Acción Urgente AU Núm. 1691/2024, emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU), cuyo plazo definitivo venció el 22 de febrero de 2024.
El pronunciamiento público, coordinado por el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y Abogados sin Fronteras Canadá, califica la situación actual como un escenario de «impunidad organizada desde el primer día».
Las organizaciones denunciaron que el caso fue inicialmente catalogado de forma negligente por la Secretaría de Seguridad como un accidente náutico. De este modo se entorpeció la recolección temprana de evidencias en lo que hoy se ratifica como un caso criminal de desaparición forzada vinculada a redes internacionales de trata de personas.
Las tres fallas estructurales de la investigación
El documento técnico, presentado por los apoderados legales y respaldado por colectivos históricos como el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla y el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), desglosa tres realidades críticas que mantienen el expediente sin rumbo:
Ausencia total de perspectiva de género. A pesar del mandato de la ONU para implementar un enfoque diferencial en un país con desapariciones sistemáticas de mujeres, la búsqueda sigue careciendo de personal capacitado y protocolos especializados.
Investigar sin este enfoque. El Ministerio Público mantiene un hermetismo riguroso, negando al padre, madre y hermana de la víctima el acceso legítimo a la carpeta de investigación, violando el artículo 24 de la Convención internacional de la materia.
Fragmentación del expediente. Actualmente coexisten cuatro líneas de investigación distintas repartidas de forma inconexa en diferentes fiscalías especializadas y ciudades del país.
Al no existir canales de comunicación internos, las organizaciones advierten que la estrategia parece diseñada para que el caso se diluya y se pierda.
Red de trata y negligencia estatal en el caso Angie Peña
A cuatro años y medio de la desaparición de Angie Peña, el clamor de justicia se transforma en una denuncia directa contra el aparato estatal de Honduras, señalado por organizaciones civiles y familiares de sostener un engranaje de impunidad y opacidad deliberada.
Cristina Alvarado, representante de la organización Visitación Padilla, calificó de «histórica» la cadena de negligencias institucionales que inició con la Secretaría de Seguridad al catalogar el rapto como un simple accidente náutico.
Alvarado reveló que, pese a que las personas judicializadas inicialmente respondían a delitos de pornografía infantil y no directamente a la desaparición, las pericias técnicas confirmaron que la joven pernoctó en la vivienda de uno de los ahora recluidos.
“Ante la falta de respuesta estatal nos ocurre preguntar: ¿A quién están protegiendo acá? ¿Realmente queremos que Angie regrese a casa o estamos protegiendo a los secuestradores?”, cuestionó Alvarado. Además, la defensora exigió la creación inmediata de una fuerza de tarea coordinada que unifique las cuatro líneas de investigación vigentes bajo un enfoque criminalístico de género.
Exigen abrir expedientes
Kenia Paz, miembro del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, expuso el sistemático desacato del Estado de Honduras y del Ministerio Público ante las acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el comité contra la trata.
“Exigimos que se implemente de inmediato una estrategia integral única y coordinada de búsqueda con enfoque diferencial”, puntualizó Paz.
La profesional del derecho demandó además la apertura inmediata de los expedientes a la familia y la entrega de un informe detallado a la ONU sobre el cumplimiento de los requerimientos internacionales formulados para este expediente.
Familia de Angie Peña, desesperada
La desesperación y el desgaste institucional son palpables en el testimonio del padre de Angie Peña, Walter Peña, quien denunció que las autoridades competentes mantienen en su poder información clave que no ha sido procesada con la debida diligencia, permitiendo que el expediente permaneciera «engavetado» por lapsos de hasta ocho meses.
«Exigimos al Estado que dé una respuesta contundente porque hay nombres y hechos concretos. Estos extranjeros sentenciados y enjuiciados son parte de la red de trata que opera en Islas de la Bahía. Nos prometen apoyo cada vez que cambian ministros, pero nunca vemos nada concreto», lamentó el progenitor. Advirtió, asimismo, que, junto con el acompañamiento de organismos internacionales de mujeres, preparan acciones directas contra el Estado ante la falta de resultados.
El cierre del posicionamiento familiar lo sentenció Yenely Melgares, tía de la joven desaparecida, quien reafirmó la hipótesis de una complicidad interna dentro de los cuerpos de seguridad de la zona insular del país
«Desde el día uno entramos en un sistema de impunidad organizado. La misma autoridad corrupta de Roatán manejó esto como un accidente cuando sabían que no lo era. En ese momento se pudo haber recuperado y no quisieron. Como familia no nos vamos a callar porque ella tiene padres que la esperan todos los días», concluyó Melgares.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos cerraron la jornada con un mensaje directo a la víctima y un ultimátum a los operadores de justicia: “Angie, si nos estás escuchando, te estamos esperando. No vamos a descansar hasta que el Estado dé respuestas claras y efectivas”.
