Por Lissy Serén
El Progreso, Honduras. Diversas organizaciones sociales, campesinas e indígenas manifestaron su preocupación por la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento y Protección al Sector Agroindustrial. Consideran que esta normativa representa un grave retroceso para los derechos humanos, la reforma agraria y la defensa de los territorios en Honduras.
Durante un foro de análisis realizado por Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones campesinas coincidieron en que la legislación fortalece el poder de grandes grupos empresariales. Afirmaron que de igual manera incrementa la criminalización contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes.
El Estado al servicio de intereses corporativos
La activista social Juana Esquivel sostuvo que la ley forma parte de un proceso acelerado de consolidación de un Estado corporativo, donde las instituciones públicas responden a intereses económicos nacionales y transnacionales.
Según Esquivel, la normativa elimina mecanismos para investigar el origen de la propiedad de tierras en conflicto y prioriza procesos de desalojo y persecución penal contra comunidades campesinas e indígenas que históricamente han reclamado acceso a la tierra.
Además, señaló que las recientes reformas al Código Penal endurecen las sanciones contra quienes participan en procesos de recuperación territorial, abriendo la puerta a acusaciones por delitos como terrorismo y asociación para delinquir.
Economía campesina, relegada
Trinidad Sánchez, director de la Red Comal, cuestionó que la ley utilice el concepto de agroindustria para beneficiar únicamente a sectores vinculados al monocultivo, como la palma africana, la caña de azúcar, el banano y las camaroneras.
El dirigente afirmó que la verdadera agroindustria hondureña está representada por miles de familias campesinas que producen alimentos para el consumo nacional y que, pese a ello, continúan sin recibir respaldo legislativo.
Asimismo, recordó que una propuesta de Ley de Economía Solidaria presentada por organizaciones campesinas permanece estancada en el Congreso Nacional. Mientras tanto, se aprueban iniciativas que favorecen a grandes empresas exportadoras.
Riesgos para sus territorios
La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, afirmó que Honduras atraviesa un momento histórico en el que se está consolidando un modelo económico que privilegia el capital por encima de la vida y los derechos colectivos.
Miranda señaló que la aprobación de la ley responde a una estrategia más amplia para facilitar el control de los territorios mediante proyectos extractivos, debilitando los mecanismos de consulta previa y aumentando el riesgo de despojo para pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
También hizo un llamado a la juventud a fortalecer la organización comunitaria, recuperar la memoria histórica y construir procesos de formación que permitan enfrentar los desafíos actuales.
Crecen desalojos bajo ley agroindustrial
Entre el 6 de junio de 2023 y el 14 de mayo de 2025, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) registró 46 operativos de desalojo en comunidades rurales y urbanas de Honduras, afectando a 9,443 familias, en su mayoría campesinas, indígenas y obreras.
Estos datos evidencian que los conflictos por la tierra y el territorio continúan impactando a miles de personas. La situación se produce en medio de un escenario agravado con la entrada en vigor de la nueva Ley de Fortalecimiento y Protección al Sector Agroindustrial.
Asimismo, las autoridades se preparan para ejecutar al menos 1,000 órdenes de desalojo en diferentes regiones del país, aplicando de ese modo esta nueva ley, cuya cobertura se amplió a sectores considerados estratégicos, entre ellos la ganadería, el turismo, la energía y la agricultura.
De acuerdo con información del abogado Ramiro Medina, participante en la elaboración del anteproyecto de ley, alrededor de 500 de estas órdenes corresponden a la zona norte del país. El objetivo es recuperar propiedades afectadas por invasiones y garantizar la continuidad de actividades productivas consideradas prioritarias para la economía nacional.
Las organizaciones continúan llamando a respaldar la iniciativa ciudadana que busca la derogación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, pues consideran que podría facilitar desalojos en territorios ocupados por comunidades campesinas e indígenas.
