Por Redacción de RSM
Fotos: Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos y Reporteros de Investigación
Tegucigalpa, Honduras. Mientras el Congreso Nacional se prepara para el tercer y último debate sobre la reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica que profundiza la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), un nuevo informe revela la cara oculta del modelo de energía «verde» en el sur de Honduras. Bajo la promesa de sostenibilidad, comunidades enteras han sufrido despojo, deforestación, pérdida de fuentes de agua y la persecución penal de quienes se oponen a estos megaproyectos.
El documento, titulado «El lado oscuro de la transición energética: colonialismo verde en el sur de Honduras», fue elaborado por organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH), el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVida), el Institute for Policy Studies (IPS) y el Transnational Institute (TNI). El informe se centra en el caso del proyecto solar Los Prados, propiedad de las empresas noruegas Scatec, Norfund y KLP Norfund Investments, ubicado en el municipio de Namasigüe, Choluteca.
Un modelo para el despojo
El estudio documenta cómo estos proyectos, vendidos como una solución a la crisis climática, han repetido patrones coloniales de explotación. Las comunidades afectadas relatan que la instalación del parque solar ha provocado deforestación, desplazamiento forzado, pérdida de tierras productivas y la desaparición de fuentes de agua que abastecían a la población.
Anselma Escobar, residente de Costa Azul en Namasigüe, testificó que la fuente que durante años les proveyó de agua para consumo humano y animal se secó tras la instalación de los paneles solares. Los pozos perforados posteriormente son insuficientes y, en algunos casos, están salinizados.
Germán Chirinos, de MASSVida, cuestionó el propósito real de esta transición energética. Según Chirinos, en el sur del país hay 19 proyectos generadores que ocupan más de 3,000 hectáreas, pero muchas comunidades cercanas kilómetros no tienen energía eléctrica. La energía, advierten, se ha tratado como una mercancía y no como un derecho humano, generando altos costos para el erario público y las tarifas eléctricas de los hondureños.
Criminalización y vínculos con la impunidad
Uno de los hallazgos más graves del informe es la persecución judicial sistemática contra quienes se oponen al proyecto. Por más de ocho años, la empresa Scatec ha sostenido una persecución penal contra diez defensores de derechos humanos y ambientales que se opusieron a Los Prados.
El patrón represivo documentado en Los Prados se asemeja a otros casos emblemáticos en el país. La experiencia del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca —financiado en parte por el banco holandés FMO y vinculado a empresas relacionadas con David Castillo, condenado por el asesinato de Berta Cáceres— involucra las mismas tácticas y la misma impunidad. Norfund, inversionista en Los Prados, también participó en el financiamiento del proyecto Agua Fría, desarrollado junto a una empresa propiedad de Castillo.
El chantaje del arbitraje internacional
Además del daño ambiental y social, el informe destaca el uso de mecanismos legales para presionar al Estado hondureño. En respuesta a los intentos del gobierno de la expresidenta Xiomara Castro por renegociar contratos lesivos, las empresas noruegas interpusieron demandas de arbitraje internacional ante el CIADI por 400 millones de dólares. Estas demandas se utilizaron como palanca de presión durante la renegociación; una vez logrado su objetivo, las empresas las retiraron, según se ha documentado.
Sin embargo, el fantasma del arbitraje sigue vigente. Se reportan cinco demandas pendientes contra el pueblo hondureño por más de mil millones de dólares, una cifra superior al ahorro que se esperaba obtener con las renegociaciones de contratos de energía solar. Jen Moore, investigadora del IPS, señaló que el caso de Los Prados evidencia cómo estos proyectos reproducen el despojo cuando se implementan sin la participación de las comunidades.
