Por Redacción de RSM
Fotos: Plataforma Agraria
Tegucigalpa, Honduras. Un amplio movimiento de organizaciones territoriales, indígenas, negras, feministas, campesinas, sindicales y populares se presentó el 29 de julio de 2026 frente al Congreso Nacional para exigir responsabilidades políticas contra los funcionarios que aprobaron la llamada Ley Agroindustrial.
La denuncia, respaldada por más de 14,000 firmas ciudadanas, busca iniciar un juicio político mediante iniciativa ciudadana contra el presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano Molina y el diputado proyectista Erick José Alvarado Alvarado.
La exigencia judicial abarca también a los 13 miembros de la Comisión de Dictamen que firmaron favorablemente la iniciativa, y los diputados Marcos Paz y Leonel López, quienes promovieron la ampliación de la ley para incluir los sectores de energía y turismo.
«Capitalismo salvaje» y despojo territorial
Entre las muchas organizaciones firmantes figuran la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Movimiento de Campesinos sin Tierra, el Consejo Indígena Lenca y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
La alianza acusa a los legisladores de promover el Decreto No. 107-2026, conocido como Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras.
Según su denuncia, esta normativa «entrega los territorios y los bienes comunes del país a grupos de poder económico, en abierta violación de la Constitución de la República, los derechos humanos y el interés nacional» .
La exigencia se fundamenta en la causal de «actuaciones contrarias a la Constitución de la República y al interés nacional», establecida en la Ley Especial de Juicio Político.
Los manifestantes califican la Ley Agroindustrial como parte de un «modelo de capitalismo salvaje» que promueve el despojo, criminaliza a los defensores del territorio y prioriza intereses privados sobre los derechos colectivos.
De hecho, Tomás Zambrano participó en el II Congreso de Palmicultores en San Pedro Sula, donde «reafirmó el respaldo del Poder Legislativo a los productores de palma y destacó las acciones impulsadas para fortalecer la seguridad jurídica, proteger la inversión y facilitar el acceso a financiamiento», según las redes del CN.
La polémica Ley Agroindustrial
El Decreto 107-2026, publicado en el diario oficial La Gaceta el 26 de junio de 2026, ha generado una amplia controversia desde su aprobación. Organizaciones campesinas, indígenas y ambientales denuncian que la normativa facilita desalojos administrativos sin control judicial, criminaliza la protesta social y debilita los mecanismos de protección ambiental.
Edy Tábora, del Bufete Justicia para los Pueblos, explicó que la ley «básicamente lo que ordena son desalojos y criminalización, la creación de un nuevo tipo de desalojos administrativos que no requieren ningún control jurisdiccional». Además, señaló que la normativa «anula todo el capítulo relacionado con el tema de la reforma agraria y también los artículos relacionados con la garantía y protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas».
El proceso legislativo también ha sido cuestionado. La ley fue aprobada inicialmente enfocada en el sector agroindustrial, pero posteriormente se incorporaron los sectores energético y turístico mediante modificaciones que, según denuncias, violentaron la Ley Orgánica del Congreso Nacional y se realizaron sin una nueva votación en el pleno.
Caso San Juan y sentencias de la Corte IDH
La movilización también exige el cese de la criminalización contra liderazgos campesinos, indígenas y populares, así como el fin de las campañas que pretenden vincular sus luchas con el crimen organizado.
De manera específica, demandan la libertad definitiva de cuatro hombres y una mujer de la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, quienes enfrentan un proceso judicial por usurpación tras un desalojo violento el 5 de julio de 2026.
La comunidad garífuna de San Juan es beneficiaria de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2023, que responsabilizó al Estado de Honduras por la vulneración al derecho a la propiedad colectiva. Las organizaciones denuncian que el Estado hondureño mantiene un incumplimiento sistemático de las cuatro sentencias de la Corte IDH relacionadas con comunidades garífunas.
Rony Castillo, representante de Ofraneh, afirmó que el pueblo garífuna exige «el cierre definitivo del caso de San Juan, el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH relacionada con el pueblo garífuna y la derogación del Decreto 107-2026».
Exigencias y próximos pasos
Las organizaciones solicitan a las autoridades del Congreso Nacional la verificación de las huellas dactilares de los firmantes, la introducción formal de la denuncia al Pleno, su admisión, el nombramiento de una Comisión Especial investigadora y la destitución de los funcionarios responsables.
Además, reiteran su exigencia de derogación inmediata de los Decretos No. 93-2021, 84-2026 y 107-2026, así como la resolución pronta de los recursos constitucionales interpuestos contra estas normas.
Las organizaciones firmantes subrayaron que esta iniciativa de juicio político es «autónoma e independiente» de cualquier partido político y responde exclusivamente a la defensa de la Constitución, el cumplimiento de las sentencias internacionales y la protección de los territorios frente al despojo.
«Continuaremos impulsando nuevas acciones jurídicas, políticas y de movilización hasta lograr la derogación de estas leyes y el respeto pleno a los derechos de nuestros pueblos», concluye el comunicado difundido por las organizaciones
