Por José Manuel Serén
Fotos y videos de José Manuel Serén, Cilcrusama y Reporteros de Investigación
Tegucigalpa, Honduras. En el emblemático Campamento Berta Vive y frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, el Consejo Indígena Lenca de Las Crucitas, Santa María (Cilcrusama), alzó la voz. Denunció una escalada de criminalización, abuso de autoridad e intentos de despojo territorial dirigidos desde la propia alcaldía de Santa María, La Paz.
La dirigencia comunitaria y su representación legal hicieron pública una acusación penal por el supuesto delito de usurpación contra la vicepresidenta del consejo, Jaira Castillo, y la junta directiva de la organización.
La acción legal impulsada por el alcalde municipal Edwin Alberto Nicolás Morales desconoce los derechos ancestrales y el título de propiedad que ampara a la comunidad indígena sobre sus tierras.
Un título histórico bajo amenaza institucional
La controversia se centra en la recuperación de un terreno y el ejercicio de control territorial en la zona, una práctica de gobernanza amparada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según la dirigencia, la disputa no es nueva: en el periodo 2007-2009, la municipalidad intentó instalar un basurero municipal en 2.6 manzanas de dicho predio sin realizar una consulta previa, libre e informada, proyecto que fue frenado por las denuncias ambientales del Cilcrusama.
Jaira Castillo enfatizó que la comunidad posee el dominio legal sobre la zona desde hace más de dos décadas.
«Nos encontramos ejerciendo un control territorial, amparados en el Convenio 169 de la OIT. Pretenden criminalizarnos por usurpación cuando el Cilcrusama cuenta con personería jurídica desde 1999. También con un título definitivo de propiedad en dominio pleno otorgado por el Instituto Nacional Agrario (INA) en 2001 sobre 301.08 hectáreas», aseveró Castillo.
La lideresa denunció además que la alcaldía ha respaldado la apertura irregular de calles en la ribera del río Caña sin licencias ambientales otorgadas por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna). Esta acción agrava los daños al ecosistema local.
Denuncian abuso de autoridad y bloqueos en el Ministerio Público
Por su parte, el apoderado legal de Cilcrusama, el abogado Roger Medina, señaló directamente las implicaciones jurídicas de las acciones promovidas por el alcalde Edwin Alberto Nicolás Morales, calificándolas como un claro abuso de poder.
Medina explicó que el edil incurre en falta a los deberes de los funcionarios al pretender superponer supuestos derechos municipales sobre un título comunitario preexistente otorgado por el Estado.
Un dominio pleno municipal no puede prevalecer sobre un título comunitario extendido por el INA e inscrito en el Registro de la Propiedad desde el año 2001. El alcalde está utilizando el derecho penal para amedrentar. Exigimos al Ministerio Público que actúe con objetividad y desista de esta denuncia, pues no existe ningún delito que perseguir..
—Abogado Roger Medina
A la arbitrariedad municipal se suma la actuación del Ministerio Público de Marcala.
El pasado 24 de agosto, los integrantes de Cilcrusama acudieron junto a su apoderado legal a presentar la documentación histórica y jurídica que desvirtúa las acusaciones. Sin embargo, las autoridades fiscales se negaron inicialmente a recibir el expediente, imponiendo trabas institucionales en detrimento del derecho a la defensa.
Marco de despojo y criminalización nacional
Para el Cilcrusama y las organizaciones que acompañan la movilización, lo que ocurre en Las Crucitas no es un hecho aislado. Aseguran que es parte de un patrón estructural de despojo alimentado por normativas recientes, como las reformas agroindustriales y de protección a las inversiones, que fortalecen a los sectores extractivos mientras reducen las garantías para las comunidades campesinas e indígenas.
Desde el Control Territorial Félix Vásquez López Vive, el consejo indígena reiteró su llamado a la solidaridad internacional, a la prensa y a los organismos de derechos humanos para mantenerse vigilantes frente al actuar de los juzgados y fiscalías.
La comunidad exige el cese inmediato de la persecución penal contra Jaira Castillo y los defensores del Cilcrusama. Además demandan la incorporación irrestricta de sus títulos de propiedad al expediente fiscal para frenar lo que catalogan como un intento institucional de arrebatarles la tierra y la vida comunitaria.
