Organizaciones presentaron hoy nuevos recursos de inconstitucionalidad ante el fallo del Poder Judicial mientras son reprimidos por guardia de seguridad del edificio donde se encuentra la sala de lo constitucional
Por Luis Vallecillo
Tegucigalpa, Honduras. Líderes LGBTIQ+ enfrentaron un hecho de discriminación hoy al presentarse en la Corte Suprema de Justicia, donde los guardias de seguridad los reprimieron y cerraron los portones de acceso vehícular y peatonal, impidiéndoles ingresar al edificio para presentar los recursos de inconstitucionalidad sobre el matrimonio igualitario.
En una marcha pacífica, más de 50 personas de la diversidad sexual organizadas en mesas de acceso a la justicia de Honduras salieron del bulevar las Fuerzas Armadas hacia las instalaciones del Poder Judicial para pedirles a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que acepten un nuevo recurso tras el fallo anunciado esta semana y presentado en 2018 por las organizaciones Cattrachas y Somos CDC.
Durante los 10 minutos en que se interrumpió el acceso al palacio judicial, lxs activistas denunciaron agresiones verbales del personal de seguridad de la Corte. Al final ingresaron por el portón vehícular. Se instalaron en las gradas de la entrada principal e hicieron un plantón pacífico, durante el cual exclamaron: “Sí se pudo”, después de lo cual se permitió que líderes LGBTIQ+ ingresaran a la sala a presentar el nuevo recurso.
Las mesas de acceso a la justicia para población LGBTIQ+ están integradas por Arcoiris, Somos CDC, Asociación Kukulcán, colectivo feminista Ixchel, Somos Trans, Colectivo Violeta, Muñecas de Arcoiris, Grupo Lésbico y Bisexual LITOS de Honduras entre otras.
La directora de Muñecas de Arcoíris, JLo Córdova, y sus compañeras trans marcharon y exigieron a la corte respeto a los derechos civiles de las personas LGBTIQ+ en Honduras.
“No esperamos nada de una clase política opresora”, dijo el activista de la Asociación Arcoíris, Donnis Reyes, quien recalcó que el fallo de la CSJ no es nada nuevo, ya que por más de 12 años el Partido Nacional de Honduras ha influenciado las decisiones del Poder Legislativo y Judicial.
“Estamos pidiendo que se deroguen ciertos artículos anticonstitucionales y no están basados en derechos”, dijo la directora ejecutiva de la organización feminista Ixchel, Lucía Barrientos, quien se refiere a la opinión consultiva sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo presentada por la Corte IDH.
La Corte IDH ha indicado que existe un vínculo indisoluble entre igualdad y no discriminación y se ha establecido la dificultad de separarlos por cuanto el incumplimiento de uno (igualdad) acarrea necesariamente la verificación de la prohibición del segundo (no discriminación).
En ese sentido, la Corte IDH ha indicado que, en función del reconocimiento de igualdad ante la ley, se prohíbe todo tratamiento discriminatorio. Este principio rector y derecho fundamental fue acertadamente introducido en nuestra Constitución en su artículo 60.
“La falta de reconocimiento jurídico de la realidad conformada por las parejas homosexuales es un atentado contra la dignidad de sus integrantes porque lesiona su autonomía y capacidad de autodeterminación al impedir que su decisión de conformar un proyecto de vida en común produzca efectos jurídico-patrimoniales, lo cual significa que, dado un régimen imperativo del derecho civil, quedan en una situación de desprotección que no están en capacidad de afrontar”, resolvió la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
La CSJ declaró no ha lugar los recursos de Inconstitucionalidad vía acción y por razón de contenido, ambos contra el Decreto No. 176-2024, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha 28 de octubre del año 2004, mediante el cual reformó el artículo 112 de la Constitución de la República y el artículo 45 del Código de Familia.
El fallo fue notificado en la tercera semana de enero, a pocos días de la culminación del gobierno nacionalista de Juan Hernández, pero la sentencia fue emitida en abril de 2021, dos meses después (28 de junio) de la sentencia histórica del caso “Vicky Hernández y otros versus Honduras” por la Corte IDH, donde condena al Estado de Honduras por el asesinato de la líder trans de San Pedro Sula y ordena una serie de reparaciones que incluye otorgar, a través de la vía administrativa, el cambio de nombre de las personas trans, así como otra serie de derechos.
Reportar sin Miedo habló con activistas, quienes dijeron: “Hubo un retraso injustificado en la notificación de la sentencia”.
En América Latina, 10 países reconocen algún tipo de uniones del mismo sexo. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y en los territorios dependientes de Guayana Francesa e islas Malvinas. Bajo una perspectiva del derecho comparado, el reconocimiento de las uniones homosexuales se ha dado a través de dos vías: la judicial (a través de sentencias de tribunales judiciales) y la legislativa.
Sin embargo, en Honduras el artículo 112 Constitucional, en su párrafo primero, literalmente dice: “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer, que tengan la calidad de tales naturalmente, a contraer matrimonio entre sí, así como la igualdad jurídica de los cónyuges. Solo es válido el matrimonio civil celebrado ante funcionario”.
