Por José Manuel Serén
Tegucigalpa, Honduras. Las organizaciones sociales, campesinas y el pueblo garífuna denuncian una ofensiva legislativa que consolida privilegios corporativos, profundiza la violencia territorial tras la masacre de Paso Aguán y augura una crisis alimentaria sin precedentes.
En esta coyuntura crítica para los derechos humanos en la historia reciente de Honduras, el movimiento social organizado ha declarado un estado de alerta máxima.
La detonante es la denominada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Un amplio bloque de organizaciones territoriales califica esta iniciativa legislativa como «nefasta» e «inconstitucional».
En una concurrida conferencia de prensa, la defensa del territorio manifestó su rechazo unánime y rotundo a esta normativa. A esta negativa se unieron organizaciones como la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), la Plataforma Agraria Regional del Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa) y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Lejos de responder a las demandas históricas de acceso a la tierra, el decreto ha encendido las alarmas. Las instituciones defensoras del territorio lo perciben como un blindaje jurídico para los intereses agroindustriales. Además, consideran que está estructurado para criminalizar la protesta social y legalizar el despojo en las comunidades agrícolas, indígenas y negras del país.
Una ley nacida bajo la sombra de la violencia
La presentación de este proyecto de ley en el Congreso Nacional no es un hecho aislado. Su temporalidad revela una preocupante falta de sensibilidad estatal.
La iniciativa fue introducida apenas cuatro días después de una de las peores tragedias rurales del último siglo: la masacre de 20 campesinos y campesinas en la finca Paso Aguán, ubicada en la comunidad de Rigores, Colón.
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, este marco legal no busca pacificar los territorios. Por el contrario, pretende profundizar las condiciones de persecución y muerte.
“Esta ley amenaza la vida, la alimentación, el ambiente, todo lo que significa para nuestra vida como pueblos hondureños y como seres humanos», manifestaron las lideresas Miriam Miranda y Esly Vanegas durante la lectura del pronunciamiento público.
Privilegios, despojo y censura
El análisis jurídico e histórico que realizan los movimientos sociales desglosa los puntos más lesivos de la normativa, la cual consideran una extensión del modelo de entrega territorial impuesto previamente por las polémicas zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE).
Este marco jurídico legaliza prebendas exclusivas para los grandes empresarios agroindustriales. De este modo, ensancha la brecha de desigualdad frente al pequeño productor, desconociendo de forma arbitraria la propiedad ancestral e histórica sobre la tierra de las comunidades rurales y étnicas.
Asimismo, ignora el derecho internacional, en especial la consulta previa, libre e informada a la que el Estado está obligado con los pueblos originarios y negros.
El fantasma de la hambruna
La coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, ofreció un testimonio crudo sobre el impacto cotidiano de estas políticas productivas en el tejido social.
Miranda denunció la urgencia de cambiar radicalmente un modelo económico basado exclusivamente en el monocultivo de la palma africana, un sistema que seca las fuentes hídricas y desplaza los cultivos de subsistencia.
“Todos los ríos están secos y va a haber una hambruna terrible el próximo año. ¿Cómo vamos a hacer cuando no haya agua? ¿Cómo vamos a hacer con esos ríos secos que los están sacando todo lo que tienen adentro para sembrar edificios y no para sembrar comida?», cuestionó con dureza la lideresa garífuna, instando a la prensa y a la población a recordar sus advertencias en el corto plazo.
Para Miranda, la tierra debe cumplir una función social y vital: alimentar a la población en un contexto donde el costo de la vida se ha vuelto insostenible.
Asimismo, vinculó directamente esta asfixia económica y territorial con el drama de la migración forzada.
Frente al cierre sistemático de fronteras tanto en Estados Unidos como en Europa, la consigna es clara: «Hay que trabajar para quedarnos, y eso significa luchar para que haya comida, recursos y vida digna aquí, no solamente sobrevivir».
Persecución sistémica contra el tejido comunitario
El reportaje de campo de los defensores expone que el Estado hondureño, lejos de estructurar espacios de diálogo y soluciones pacíficas a los conflictos agrarios, promueve activamente narrativas de estigmatización que terminan en violencia física.
Ofraneh recordó la feroz campaña de difamación que sufrió la organización y los posteriores ataques armados directos perpetrados en las comunidades de Triunfo de la Cruz y San Juan.
A este panorama de violencia física se suma la manipulación política. Las organizaciones alertaron a la opinión pública sobre supuestas estructuras de la «sociedad civil independiente» que operan de forma ilegítima y sin mandatos comunitarios, buscando desmovilizar las luchas agrarias y validar las violaciones de derechos humanos bajo discursos conciliadores falsos.
Ultimátum al Poder Legislativo
El movimiento social ha dejado claro que la aprobación de esta ley será catalogada como un acto de traición a la patria.
El pronunciamiento oficial advierte directamente a los diputados y diputadas del Congreso Nacional que, de votar a favor de la iniciativa, asumirán la total responsabilidad histórica por la sangre derramada y la represión subsiguiente.
La articulación de organizaciones ya ha iniciado un despliegue masivo a nivel nacional para unificar los esfuerzos de los sectores campesinos, indígenas, negros, feministas, obreros y estudiantiles.
La convocatoria es a la acción inmediata y a la protesta en las calles para frenar lo que consideran una sentencia de muerte para el campo hondureño.
