Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, exigió formalmente al Gobierno de Honduras una investigación rápida, independiente y efectiva sobre la masacre de 20 campesinos ocurrida el pasado 21 de mayo de 2026 en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón.
El experto de la ONU subrayó que las autoridades hondureñas deben identificar y procesar no solo a los autores materiales del crimen, sino también a los responsables intelectuales de la planificación de la matanza. Asimismo, pidió garantizar una reparación integral para las familias de las víctimas y adoptar medidas que impidan la repetición de hechos de esta naturaleza en la conflictiva región del Bajo Aguán.
“Esta atrocidad exige una respuesta inmediata”
La masacre ocurrió cuando un grupo de jornaleros de la denominada Finca 8 se encontraba reunido frente a una iglesia para realizar una oración antes de su jornada laboral.
De acuerdo con las investigaciones oficiales, seis hombres fuertemente armados llegaron al lugar a bordo de tres motocicletas y dispararon de manera indiscriminada contra las personas presentes.
El ataque dejó un saldo de 20 personas asesinadas, entre ellas 14 hombres, tres mujeres y tres menores de edad, dos de 14, y 17 años. Las primeras líneas de investigación apuntan a que el crimen estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales por el control ilegal de plantaciones de palma africana y rutas utilizadas para el narcotráfico en la zona.
«En una región históricamente marcada por conflictos relacionados con el uso de la tierra, la industria de la palma aceitera y las actividades de redes criminales que operan en la zona. Esta atrocidad exige una respuesta inmediata, efectiva y transparente por parte del Estado, conforme a las normas internacionales de derechos humanos», recalcó el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz.
El pronunciamiento del relator se suma a los llamados de organismos nacionales e internacionales para que el Estado garantice verdad, justicia y reparación a las familias de las víctimas, y para que fortalezca las acciones para enfrentar la violencia e impunidad que persisten en el Bajo Aguán.
