Por Redacción de Reportar Sin Miedo
Tegucigalpa, Honduras. Con 98 votos a favor, el Congreso Nacional aprobó este martes una moción para investigar y desmantelar las organizaciones que promocionan abortos clandestinos en redes sociales como Facebook y WhatsApp. El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, justificó la medida esgrimiendo la bandera «provida» que preside el hemiciclo y denunció que «no es posible que promocionen abiertamente perfiles o números de teléfono y nos quedemos sin alzar la voz».
El diputado liberal Carlos Umaña secundó la iniciativa detallando que la Comisión de Familia convocará al Ministerio Público, la DPI, ARSA, el Colegio Médico y otras instituciones para deducir responsabilidades penales.
Pero el discurso se derrumba cuando se confronta con los números que definen la vida real de las mujeres y niñas hondureñas.
Hombres decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres
Para Indyra Mendoza, de la Red Lésbica Cattrachas, las acciones de Zambrano y Umaña son contundentes.
“Son dos hombres dándoles instrucciones a las mujeres del Congreso para perseguir a las organizaciones que defendemos las tres causales y la vida de las mujeres. ¿Defender a la familia? Eso sería cerrar cada iglesia manejada por pastores sentenciados por casos de violación y resarcir a sus víctimas; sería no dejar libres a los violadores y femicidas bajo fianza. El mensaje real es una cacería de brujas desde masculinidades tóxicas que se protegen a sí mismos”.
Mendoza subraya que la moción no es realmente sobre el aborto, sino una estrategia de persecución contra el movimiento feminista que históricamente ha defendido la vida y la salud de las niñas y mujeres frente a los abortos clandestinos e inseguros. Denuncia, además, que son dos hombres —Tomás Zambrano y Carlos Umaña— quienes están dando las órdenes a las diputadas, decidiendo sobre los cuerpos y los derechos de las mujeres.
En el 2025, Reportar Sin Miedo investigó y documentó más de 60 casos de pastores violadores en Honduras. La mayoría fueron dejados en libertad y otro número cumplió su condena.
«Cortina de humo»: Clara López y el cinismo de los votos
La diputada de Libre, Clara López, calificó con dureza la iniciativa. En su opinión, es una «cortina de humo» y denunció el cinismo de un Congreso que dice ser «provida».
«Persiguen, matan y secuestran a personas en las comunidades garífunas del norte del país, pretenden privatizar la energía eléctrica en detrimento de los más pobres y permiten experimentos científicos no regulados en Próspera, Roatán, que no se atreven a hacer en Estados Unidos porque allá la legislación se los prohíbe. Aquí no son provida —sentenció—, aquí hay un cinismo bárbaro».
No es una acusación gratuita: mientras el Congreso se declara «profamilia», las niñas garífunas, campesinas y pobres siguen siendo las principales víctimas de un sistema que las condena a la maternidad forzada sin preguntarles, sin protegerlas, sin darles opciones.
El «provida» que embarazó a una adolescente: el caso Zambrano
La investigación del 2025, Reportar Sin Miedo reveló que el mismo Tomás Zambrano que hoy lidera la cruzada contra el aborto mantuvo, en 2007, una relación con una joven de 16 años cuando él tenía 27 años y estaba casado. La menor dio a luz a los 17 años mientras Zambrano continuaba su carrera política sin ninguna consecuencia.
Hoy, ese mismo hombre viaja por el mundo como vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos, se fotografía con Eduardo Verástegui y Santiago Abascal de Vox y se manifiesta junto al grupo Por Mis Hijos. Pero en Honduras, el país con la tasa más alta de embarazo adolescente de la región, su «defensa de la vida» no ha impedido que miles de niñas sean obligadas a parir producto de violaciones, sin acceso a salud, sin educación, sin futuro.
“El Congreso logra los votos para vulnerar el principio de separación de poderes, promover juicios políticos al margen de obligaciones internacionales y criminalizar la salud reproductiva de mujeres, incluso en casos de violación, inviabilidad fetal o riesgo para la madre. Pero cuando se trata de aprobar la instalación de la Cicih, los votos desaparecen. El consenso, tan sólido para acciones regresivas, se fractura frente a la posibilidad de un mecanismo independiente que combata la corrupción y la impunidad de la que algunos se benefician”, expresó el abogado en Derechos Humanos Joaquín Mejía.
«Persiguen información, no garantizan derechos»
La defensora de derechos humanos Eunice Pérez fue contundente al señalar que lo verdaderamente alarmante no es que el Congreso investigue publicaciones en redes, sino que un país con carencias tan profundas decida perseguir la información antes de garantizar derechos básicos.
«Honduras sigue teniendo enormes deudas: miles de niñas son obligadas a continuar embarazos producto de violencia sexual, el acceso a anticonceptivos es desigual, la educación integral en sexualidad continúa ausente en el sistema educativo y muchas comunidades ni siquiera cuentan con servicios de salud oportunos y de calidad. Criminalizar no previene la violencia sexual ni garantiza salud. Cuando el Estado responde con persecución en vez de prevención, envía un mensaje peligroso: que es más importante controlar el discurso que proteger la vida y la dignidad de las personas».
Pérez concluyó que la discusión central no debería ser cómo silenciar a quienes hablan del aborto, sino por qué Honduras sigue sin ofrecer las herramientas necesarias para que las personas puedan tomar decisiones libres, informadas y seguras sobre su salud y su proyecto de vida.
La lucha de las mujeres que el Congreso ignora
En 2021, el Congreso hondureño reformó el artículo 67 de la Constitución para blindar la prohibición absoluta del aborto, declarando que «la vida comienza en la concepción», impidiendo cualquier posibilidad de despenalización futura. Honduras es uno de los pocos países donde el aborto está prohibido en todas las circunstancias: ni siquiera se permite en casos de violación, malformación grave del feto o cuando la vida de la madre está en peligro.
A pesar de la presión social, de las voces de las sobrevivientes y de los argumentos médicos y de derechos humanos, el Congreso no solo ha rechazado estas causales, sino que en 2021 las sepultó bajo una reforma constitucional que las hace imposibles de aprobar en el futuro. La enmienda requiere una mayoría de tres cuartos de los votos en el Congreso para ser revocada. El mensaje es claro: una niña violada de 12 años debe parir; una mujer con un embarazo inviable debe morir; una madre cuyo útero se desgarra no merece excepción.
El aborto, un derecho humano
Los organismos internacionales han recomendado al Estado de Honduras por la muerte de mujeres debido a la mortalidad materna derivada del aborto inseguro y la prohibición absoluta de esta práctica. Las activistas y organizaciones feministas señalan que penalizar el aborto sin excepciones vulnera los derechos humanos y la salud de las mujeres.
En un contexto donde la penalización absoluta del aborto pone en riesgo la vida y la libertad de las mujeres y personas con capacidad de gestar, las organizaciones feministas insisten en que la discusión no puede reducirse a un debate moral. Por el contrario, debe entenderse desde la perspectiva de los derechos fundamentales.
«Nos condenan a la tortura, al dolor y a la negación de derechos humanos básicos», denunció el Foro de Mujeres en San Pedro Sula. Esta declaración resume la lucha que miles de mujeres emprenden en Honduras en defensa de sus derechos sexuales y reproductivos.
La penalización del aborto, según las defensoras, no evita que se practique: entre 50,000 y 80,000 abortos se realizan cada año en el país y el sistema de salud público contabilizó más de 30,000 entre 2019 y agosto de 2023.
Lo que hace la prohibición es empujar a las mujeres a prácticas de abortos cladestinas e inseguras, poniendo en riesgo sus vidas. Honduras necesita una reforma progresiva de la ley sobre aborto para avanzar los derechos humanos, dicen expertos de la ONU.
En el 2023, 16 organizaciones firmaron un pronunciamiento contra las leyes que penalizan el aborto, que es la primera causa de muertes maternas en Honduras.
Las feministas hondureñas impulsan esta lucha desde 1984, cuando se eliminó el aborto terapéutico del Código Penal, y han demostrado que la criminalización no evita la clandestinidad. Su apuesta es clara: la despenalización social del aborto y el reconocimiento del derecho a decidir como parte esencial de la autonomía de las mujeres.
Mientras tanto, las cifras de embarazo adolescente siguen siendo las más altas de la región y el Estado no garantiza educación sexual ni acceso equitativo a anticonceptivos ni salud materna oportuna.
62 madres al día que el poder prefiere ignorar
Mientras el Congreso persigue información sobre aborto y blinda la prohibición total, Honduras entierra a sus niñas en la pobreza y el abandono:
Una de cada cuatro adolescentes hondureñas de 15 a 19 años ya es madre o está embarazada. Honduras tiene la tasa de fecundidad adolescente más alta de América Latina: 97 nacimientos por cada 1,000 mujeres en ese rango de edad. En el área rural, la cifra asciende a 115.
El embarazo adolescente le cuesta a Honduras casi 300 millones de dólares al año —más del 1% de su PIB—, según el estudio Milena 2025 del UNFPA. Ese dinero no es abstracto: representa escuelas abandonadas, salarios perdidos, vidas truncadas y un futuro hipotecado para miles de jóvenes.
El Congreso no investiga por qué miles de niñas son violadas y abandonadas ni por qué el acceso a anticonceptivos es desigual —el 58% de la población declaró no tener acceso a ningún medio anticonceptivo. Tampoco analiza por qué la educación sexual integral brilla por su ausencia en las escuelas. Prefiere perseguir el síntoma antes que enfrentar la causa.
Ser mujer en Honduras, vidas robadas y futuro hipotecado
No se trata de promover el aborto, sino de reconocer que la vida digna comienza mucho antes del nacimiento. Se trata de garantizar educación sexual integral, acceso universal a anticonceptivos, salud materna oportuna, justicia para las víctimas de violencia sexual y un Estado que no persiga la información sino que prevenga la tragedia.
Organizaciones como Somos Muchas han luchado durante años para que al menos las tres causales sean reconocidas: que una niña violada no sea obligada a parir, que una mujer con un embarazo inviable no sea condenada a la muerte, que una madre cuyo embarazo pone en riesgo su vida tenga una excepción. Pero el Congreso, en lugar de escucharlas, les ha respondido con una reforma constitucional que las deja sin ninguna vía legal.
Mientras el Congreso persigue abortos y blinda la prohibición total, 62 niñas se convierten en madres cada día en Honduras. Eso no es «provida». Eso es abandono. Esa es la verdadera vida que están decidiendo proteger, y está llena de silencios, muertes evitables y futuros robados.
Las voces de Clara López, Eunice Pérez, Joaquín Mejía y las miles de mujeres de Somos Muchas convergen en una misma denuncia: el «provida» del Congreso es un escudo para encubrir abusos y omisiones. Las verdaderas víctimas —niñas y adolescentes pobres, indígenas, garífunas, rurales, sobrevivientes de violación— siguen esperando protección real en un país donde nacer mujer significa, en demasiadas ocasiones, enfrentar peligros mortales desde la cuna.
