La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tiene muchas tareas pendientes con las mujeres y poblaciones LGBTI+ hondureñas cuando ya casi se cumplen sus primeros 100 días de mandato
Por Dunia Orellana
Publicado originalmente en Volcánicas
Tegucigalpa, Honduras. «¡Mujeres hondureñas, no les voy a fallar! ¡Voy a defender sus derechos, todos sus derechos! ¡Cuenten conmigo!».
Esas fueron algunas de las memorables frases que la primera presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo en su discurso de toma de posesión hace casi tres meses. Y aunque está a punto de llegar a los 100 días de gobierno, las mujeres hondureñas seguimos esperando que cumpla sus promesas y desafíe a muchos de los secretarios de Estado que conforman su administración y a los grupos de poder que se oponen a una agenda gubernamental más progresista.
Para muchas personas en la calle, la presidenta está dejando un sabor agridulce. Entre los críticos de su gestión al frente del gobierno de Honduras se hallan quienes ven con malos ojos que entre los «ungidos» en importantes puestos públicos se hallen varios familiares de la mandataria. No solo su hijo Héctor se convirtió en su secretario privado, sino que su sobrino José Manuel también recibió la “bendición” de Castro, quien lo designó para ocupar el codiciado puesto de ministro de Defensa.
Además de los señalamientos de nepotismo, la presidenta se enfrenta a diario a las comparaciones con su esposo, el exmandatario Manuel Mel Zelaya, quien aparece más en los medios que Castro y se sienta al lado de ella en los consejos de ministros. Sabemos que la presidenta tiene un fuerte liderazgo, carácter firme y gran capacidad de mando, y mucha conciencia social, pero la posición y el acompañamiento de Mel opacan su posicionamiento como presidenta, como me dijo una líder social: «Es mujer de pocas palabras, pero cuando lo hace es contundente y firme», enfatizó.
Mel conoce muy bien los tejemanejes del poder. Hijo de un rico terrateniente del departamento de Olancho, en el oriente de Honduras, Zelaya fue ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Ganó las elecciones generales de 2005 y fue presidente de 2006 a 2009, año en que fue derrocado por el golpe de Estado que impuso como gobernante de facto al transportista Roberto Micheletti.
Las críticas contra Xiomara Castro no se acaban allí. Además le ha «llovido parejo» por sus últimas decisiones relacionadas con el incremento al precio de los pasajes de transporte público. Aunque el gobierno subsidiará parte de los aumentos, para muchas y muchos no eso es suficiente en una débil economía y con personas desplazadas a lo interno y externo del país que huyen por la falta de oportunidades de trabajo y la violencia territorial de los grupos del crimen organizado.
Xiomara recibió un país que había quedado en quiebra tras los 12 años de gobierno del conservador Partido Nacional. Durante las presidencias de los nacionalistas Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández se dilapidaron 168 mil millones de lempiras (6.844.037.450,52 dólares) a causa de la corrupción. Además, la deuda pública se incrementó en 540% y superó los 16,500 millones de dólares, dejando un Estado en bancarrota y endeudado, según cifras que la nueva secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, reveló en febrero de 2022.
Como si esto fuera poco, Xiomara Castro ha tenido que afrontar la extradición (que se llevará a cabo en las próximas horas) del exmandatario Juan Orlando Hernández. El expresidente, apodado JOH, ha sido acusado por una corte de Nueva York, Estados Unidos, de tres delitos asociados con la presunta conspiración para el tráfico de miles de kilogramos de drogas en ese país. JOH es además quien expresó públicamente, en su discurso por el bicentenario de independencia en septiembre de 2021, que las defensoras de los derechos de las mujeres, las personas LGBTIQ+ y las y los activistas territoriales, son «enemigos de la independencia».
Los 12 años en el poder de Hernández aumentaron el radio de influencia de los fundamentalistas católicos y protestantes, quienes han impedido que lxs jóvenes, mujeres y personas LGBTIQ+ gocen de sus derechos sexuales y reproductivos. De hecho, en la noche del 21 de enero del 2021 es para el olvido, los congresistas pertenecientes al partido de JOH elevaron a rango constitucional la prohibición del derecho de abortar, así como de las uniones civiles entre personas LGBTIQ+. Antes de esta reforma, ya era prohibido el aborto en todas sus causales en el país y las personas de la diversidad sexual no tenía derecho a realizar uniones igualitarias. El fundamentalismo sigue teniendo tanta importancia para los grupos conservadores a los que pertenece JOH, que un grupo de sus seguidores han llegado al punto de hacer cadenas de oración, pidiendo su liberación, en los alrededores del cuartel policial donde el exmandatario está encerrado en espera de que lo extraditen.
Las protestas pasaron de lo público a las redes sociales, donde los fundamentalistas censuran todas las acciones de la presidenta Xiomara Castro. Muchas de las críticas dirigen sus golpes contra la Secretaría de Desarrollo de la mandataria que está dando protagonismo directo a las personas de la diversidad sexual, mujeres, discapacitados y afrodescendientes, con el fin de cumplir sus promesas.
Para cumplirlas, el gobierno de Castro se enfrenta a una dura realidad en la que Honduras es el único país de América que prohíbe la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE). Esta pastilla es parte de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es fundamental para prevenir embarazos no deseados, especialmente en casos de violación.
El 8 de marzo, feministas se reunieron con Xiomara Castro en Casa Presidencial y le pidieron su apoyo para derogar el decreto de salud que impide este derecho desde 2009. Sin embargo, el secretario de Salud, José Manuel Matheu, prefiere consultarle al cardenal Óscar Andrés Rodríguez, líder de la iglesia Católica, antes que escuchar la evidencia científica. El movimiento de mujeres espera que en estos primeros 100 días por fin puedan obtener una respuesta sobre las demandas en torno a sus derechos, expresó la directora de Acción Joven y coordinadora de Gepae, Jinna Rosales. Por otra parte, hasta el 31 de marzo de 2022 registramos 82 muertes violentas de mujeres, según el Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), y más de 10 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas, según el Observatorio de Cattrachas.
A pesar de que estos primeros 100 días no han sido fáciles para la presidenta Castro, todavía hay esperanza de que cumpla sus promesas. Podrá lograrlo si da curso a la sentencia de la Corte IDH contra el Estado de Honduras por el asesinato de la líder trans Vicky Hernández. El cumplimiento de la sentencia permitirá que se realicen una serie de derechos para las personas trans y LGBTIQ+. Castro tiene la oportunidad de reivindicarse si consigue que las mujeres accedan a sus derechos sexuales y reproductivos. Aún no es tarde para lograrlo, si la dejan trabajar en paz.
