El evento que tuvo lugar en Argentina sirvió para construir consensos de transformación de políticas, prácticas y culturas respecto al derecho a la educación inclusiva en la región, con énfasis en las personas con discapacidad
Por María Alejandra Aguilar
Fotos de Elma Perdomo
San Pedro Sula, Honduras. La Red Regional por la Educación Inclusiva (RREI), compuesta por organizaciones de personas con discapacidad, familias y defensores de derechos humanos en Latinoamérica, llevó a cabo el primer Congreso Regional por la Educación Inclusiva del 8 al 10 de Septiembre en Buenos Aires, Argentina.
Durante tres días, el evento contó con las ponencias de más de 30 especialistas de la región, bajo la temática Transformar políticas y prácticas para garantizar derechos. El evento se organizó de forma gratuita y en modalidad híbrida, garantizando acceso libre e inclusivo a quienes quisieran participar.
Entre conferencias y paneles, el congreso regional fue un espacio para construir consensos para la transformación de las políticas, prácticas y culturas respecto al derecho a la educación inclusiva en la región, con énfasis en las personas con discapacidad.
Educación inclusiva, una promesa que exige cumplimiento
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la educación inclusiva es un esfuerzo por identificar y eliminar todas las barreras que impiden el acceso igualitario a la educación, desde el plan de estudio hasta la enseñanza. Sin embargo, la educación inclusiva es todavía una promesa más que una realidad de parte del Estado.
Ante la crisis sanitaria durante la pandemia de COVID-19, la brecha de acceso a la educación incrementó, evidenciando la exclusión de la niñez y adolescencia con discapacidad de sus derechos fundamentales al aprendizaje.
Un informe de 2020 por la Unesco reportó que, pese a que la mayoría de países están promulgando leyes y políticas inclusivas para la niñez con discapacidad, estas políticas suelen ser endebles, lo que da lugar una implementación deficiente.
Los cerca de 19.1 millones de niños y niñas con discapacidad en América Latina y el Caribe continúan en desventaja respecto al acceso a la educación, con un 49% más de probabilidades de no haber asistido nunca a la escuela en comparación con la niñez sin discapacidad.
«En Honduras urge una transformación del sistema educativo»
Alrededor de 200,000 niños y niñas hondureñas presentan una dificultad de aprendizaje, y de esa cifra, 55,000 niños y niñas tienen una discapacidad, según la Unidad de Educación Especial de la Secretaría de Educación.
Ante la insuficiencia de presupuesto para atender la demanda de niñez con discapacidad en los centros educativos, únicamente uno de cada diez recibe la atención adecuada facilite su aprendizaje.
«La educación inclusiva es un derecho fundamental que se debe garantizar a todos, todas y todes», dijo Elma Perdomo, madre y activista en la Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad de Honduras (Fenapapedish). “En Honduras, como en la mayoría de los países latinoamericanos, los presupuestos para la educación son insuficientes, y para el cumplimiento de la legislación en materia de inclusión son aún mas raquíticos».
Perdomo, quien forma parte de la red, explicó las demandas que las personas con discapacidad y sus familias con respecto a educación inclusiva en el país: «Urge una transformación en el sistema educativo, donde el Estado no siga financiando la segregación y la institucionalización de los educandos con discapacidad y/o necesidades educativas individuales», dijo a Reportar Sin Miedo.
Educación para todos y todas, sin excepción
«¡Educación inclusiva YA!» fue el grito unificado de los diferentes participantes provenientes de Colombia, España, Chile, Italia, Canadá, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Portugal, Perú, Honduras, Paraguay y Uruguay.
Por medio de una declaración final que detalla los consensos alcanzados durante el congreso, las organizaciones que integran la RREI explicaron la urgencia por políticas de educación inclusiva, porque «las personas con discapacidad no pueden esperar más». Esta declaración es un llamado de acción tanto a los Estados como a la comunidad educativa y a los organismos internacionales.
Celeste Fernández, codirectora de la Asociación Civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) en Argentina, también reafirmó el rol que las organizaciones de sociedad civil tienen por exigir la educación inclusiva en la región.
«El compromiso de la sociedad civil organizada y que trabaja por la inclusión educativa seguirá poniendo en el foco publico las falencias que nos siguen excluyendo, realizando un trabajo colaborativo que mejore nuestro accionar, impulsando procesos de incidencia que generen acciones concretas de los gobiernos que aseguren una educación inclusiva para todos, todas y todes en igualdad de condiciones».
