El Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión comenzó en diciembre de 2022. El gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad, anunció los lugares en estado de excepción parcial. Agregó que, luego de tomar esta medida para la lucha contra las maras y pandillas, se redujo la violencia, según las instituciones encargadas de este proceso
Sin embargo, el año en que comenzó el mandato de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento ha tenido la mayor cantidad de asesinatos desde 1994, según la Red Cattrachas. En 2022 han muerto violentamente 43 personas LGBTI, dos de las cuales están desaparecidas, indicó Cattrachas
Por Amelián Zerón
Tegucigalpa/San Pedro Sula, Honduras. La Secretaría de Seguridad amplió el estado de excepción mediante la aprobación del decreto ejecutivo número PCM 01-2023 con el objetivo de erradicar las bandas criminales.
El plan empezó el martes 6 de diciembre de 2022 en el Distrito Central y San Pedro Sula, ya que las autoridades identificaron en estas dos ciudades una gran cantidad de personas en situación de maras y pandillas luego de un análisis que realizó la Policía Nacional (PN).
Este decreto da a las autoridades encargadas de la seguridad del país la facultad de detener a las personas que determinen y consideren responsables de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones con las maras y pandillas en los sectores que han identificado.
Al inicio de este plan se identificaron 162 sectores donde más se da la extorsión en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Aunque las autoridades informaron que este plan culminaría el 6 de enero de este año, Seguridad informó que continuará implementándolo para erradicar los altos índices de violencia que afrontan muchos sectores en el país, como los colaboradores del transporte público.
“Cada orden ejecutada, cada captura, es un paso al éxito. Con el PCM 01-2023 podremos continuar la lucha contra la extorsión. Los logros alcanzados en 2022 se potenciarán con la inclusión de más municipios al estado de excepción. Necesitamos la ayuda de todos. Denuncia cualquier caso de extorsión a la línea 143”, informó la Secretaría de Seguridad vía Twitter.
Situación de los transportistas
Generalmente, las personas que laboran a diario en el transporte público, ya sea quien cobra o maneja el vehículo de carga pesada, no reciben un salario fijo, relata un excolaborador del transporte público, quien pidió que protegiéramos su identidad.
El extrabajador del transporte cuenta que empezó a trabajar en 2017 desconociendo totalmente el área de ese trabajo y que en los primeros meses de labor comenzó a ver la realidad de los transportistas.
“Comencé ganando poquito, de 150 a 200 lempiras. A los primeros tres meses ocurrió el primer intento de asalto. Se subieron dos jóvenes, pero al final no pudieron asaltar porque había un operativo más adelante”.
También explica que la vida de las personas que colaboran en el área del transporte público es muy peligrosa, ya que puede suceder cualquier tipo de acto vandálico y hasta la muerte.
“Todos los días es un riesgo, se está siempre con ese riesgo de que el ladrón se descontrole y te haga un disparo o un extorsionador que se confundió de objetivo o los extorsionadores que atacan a víctimas de manera aleatoria cuando no consiguen lo que quieren, amenazando que si no les pagan van a agarrar al que quieren”.
En muchas ocasiones se ha concluido que los propios transportistas cometen asaltos para que el dueño o dueña de la unidad de transporte no tenga ninguna sospecha de robo. El excobrador explicó a Reportar Sin Miedo lo que realmente sucede.
“Muchas veces se ha tratado de decir que son los mismos transportistas, pero no. Lo que pasa es que estos grupos, digamos, si hay una empresa de diez vehículos, uno de los conductores tiene que recoger la renta de esos diez vehículos y tiene que llevarla. Ahí es donde se entra en esa confusión y se piensa que la misma persona es la que se extorsiona, pero no. Ese pisto termina en el bolsillo de algún grupo criminal. Sí hay algunos conductores que están involucrados en actos delictivos, eso nadie lo niega, pero no son todos”.
Las personas que se dedican a este oficio son personas que a diario están propensas a que les ocurra algo malo y que, a pesar de lo que les ha sucedido a gente cercana a ellos, continúan ejerciendo dicho oficio.
“En casi tres años vi de 17 a 20 personas morir que trabajan en el sector, ya sea por el tema de la extorsión o quizás algún ajuste de cuentas porque también parte de los asesinatos en el transporte público, así como puede pasar por ejemplo en el periodismo, no son por extorsión. También hay personas que tienen problemas personales”.
No ha protegido a poblaciones vulneradas
El objetivo principal del estado de excepción fue evitar a toda costa que las personas en situación de maras y pandillas continuaran afectando a la población en general, pero la situación sólo se reguló en un sector.
Según el analista Nahíl Zerón, del equipo del Observatorio de Muertes Violentas de la población LGBTI de la Red Cattrachas, el año en que inició el mandato de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento fue cuando más muertes violentas se han registrado.
“El año 2022 es el más violento que ha registrado Cattrachas desde 1994, donde hay 43 muertes violentas de personas LGBTI y dos de esas personas se encuentran desaparecidas”, indicó Zerón.
El experto recomendó que el gobierno analice las muertes violentas de las personas LGBT y mujeres, ya que la mayoría de los casos han quedado olvidados.
“La recomendación es que siempre se logre entender desde el Estado, analizar la violencia diferenciada, cómo impacta en la vida de las personas LGBT o las mujeres, todo lo que está pasando en torno al crimen y la violencia en el país. Más allá de que la violencia es algo general, es entender también cómo hemos vivido las personas LGBT en Honduras y cómo hemos enfrentado estos escenarios de violencia que muchas veces el Estado ha ignorado”.
En lo que va del año 2023, según el Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas, hay un registro de la muerte de una mujer trans en un sector con poca población.
“Hasta hoy registramos la muerte violenta de una mujer trans. Eso nos hace pensar que algunos casos de muertes violentas de personas LGBTI siguen y ni siquiera salen en los medios de comunicación porque son mujeres de comunidades o aldeas donde ni siquiera alcanzan los medios de comunicación y que de manera directa se han comunicado con Cattrachas para hablar de estas muertes”, señaló Nahíl Zerón.
El estado de excepción para ejecutar el plan nacional contra la extorsión ha aumentado a 45 días y finalizará el 20 de febrero de 2023, pero las muertes de las personas en situación vulnerable no han cesado, lo cual tiene preocupada a la ciudadanía.
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