Si el Partido Libre domina la mayoría en la Corte, el socialismo democrático “comeniños” dominará el país. En cambio, si el Partido Nacional controla la mayoría junto al Liberal, la impunidad y la corrupción que imperaban con Juan Orlando Hernández “continuarán”. Esta es la disputa en la que por varias semanas nos han sumergido desde el Congreso Nacional
Por Leonela Paz
Tegucigalpa, Honduras. El sábado 11 de febrero concluye el mandato de la Corte Suprema de Justicia que preside Rolando Argueta, amigo de Juan Orlando Hernández. La Corte actual se impuso tras un golpe técnico en 2012 y podría seguir en el poder si el Congreso Nacional (CN) no elige nuevos magistrados y magistradas. Esta situación causa suspicacia y temor en algunos grupos de la población.
Sin embargo, ningún artículo constitucional indica qué sucede en el caso de que no haya elección de magistrados en la fecha estipulada, o sea el 25 de enero anterior, cuando se instaló la segunda legislatura, según la abogada Lourdes Mejía Haward.
Se necesita la mayoría absoluta de 86 votos para lograr un consenso. Si no lo alcanzan, como ha sucedido hasta el momento, los partidos políticos Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal seguirán dilatando el proceso y reaparece la sombra del continuismo de la Corte electa por Juan Orlando Hernández.
La actual Corte fue juramentada el 10 de febrero del 2016. El Congreso tardó 15 días en ponerse de acuerdo.
La Ley Orgánica del Congreso Nacional en el artículo 80 menciona que todos los funcionarios que eligen ese poder del Estado, cuando concluyan el tiempo por el cual fueron electos y no se hayan nombrado sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice la elección.
Esto conlleva a la continuidad del Partido Nacional y a que haga cambios estratégicos a su conveniencia. Incluso podría deslegitimar la junta directiva del Congreso Nacional que preside Luis Redondo, que ya está en tela de juicio.
Redondo advirtió a la población que no les crea a los diputados nacionalistas porque han hecho declaraciones irresponsables.
“Congresistas del Partido Nacional y sus aliados, es falso. Este Congreso del pueblo respeta y cumple la Constitución y las leyes. Habrá consenso para elegir la nueva Corte y se votará cuantas veces sea necesario. Advertencia: (los nacionalistas) te mintieron durante años y te seguirán mintiendo. No caigas en su red de engaños”, dijo Redondo.
La Corte no será independiente
Hoy se hizo la convocatoria para la sesión del viernes 10 de febrero en el hemiciclo legislativo, 16 días después de que Libre presentara una única nómina. Más que asertividad ante las demás bancadas, la nómina se dio para no romper el orden constitucional durante una sesión retrasada y con pocos frutos.
Jorge Zelaya, diputado nacionalista, afirmó a Reportar sin Miedo que su bancada ya tiene a los cinco magistrados que los representarán en el Congreso.
Mientras tanto, la diputada de Libre, Silvia Ayala, asevera que la bancada nacionalista se opone a una rápida elección. Ayala afirma que de esa manera se garantiza que los actos de corrupción del PN van a quedar impunes.
“En este Poder Judicial hay jueces que les han dado cartas de libertad a narcos que luego se van a declarar culpables a Estados Unidos. Ha mostrado el entreguismo y servilismo hacia la estructura criminal de Juan Orlando Hernández”, dijo Ayala.
Uno de los ejemplos de la actitud servil de la que habla Ayala es el Caso Arca Abierta. Este mes se absolvió a los diputados y diputadas que seguían con investigación abierta en el caso. Los investigados Gladis Aurora López, diputada del Partido Nacional, y sus excompañerxs de bancada Welsy Vásquez, Milton Puerto, Fabricio Puerto y Gustavo Pérez gozaron del beneplácito de la Corte de Apelaciones.
Los “peones” de los partidos tradicionales
En medio de las sospechas de corrupción y la lentitud de la elección de la nueva Corte, Gabriela Blen pide enfocarse en los grupos de poder vinculados con crímenes sin resolver. Estos delitos incluyen casos como el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres y el desvío de fondos del Seguro Social.
“Nos preocupa que el principal afán en el Congreso Nacional sea imponer a las personas afines a sus intereses políticos o criminales antes que brindar a Honduras la oportunidad de tener una Corte Suprema que responda a la terrible necesidad de Independencia, eficiencia y capacidad”, afirmó la líder LGBTIQ+ y exdirigente del Movimiento Indignados, Gabriela Blen.
Hay una deuda histórica referente a la corrupción, señaló Blen. Agregó que grupos de poder están impulsando a personas “no idóneas” como Arturo Sibrián, fiscal general adjunto, y Yuri Melara, exfiscal adjunto, quienes superaron la fase de tachas y denuncias en su contra.
Julissa Villanueva, subsecretaria de Seguridad, cuestionó que Sibrián pasara los filtros, aunque, según ella, tiene numerosas denuncias y tachas. Además, lo acusó de querer “seguir torciendo la cadena de la justicia en perjuicio de la población y a beneficio de los grupos oscuros, algunos conocidos públicamente”.
Villanueva considera “increíble” que a pesar de “las tachas documentadas, relatos de víctimas y abusos cometidos con trastoques perversos de la ley, Arturo Sibrián haya sido quizás negociado por el Partido Liberal para convertirse en un peón decadente cuya misión sea seguir torciendo la cadena de la justicia en perjuicio de la población y en beneficio de los grupos oscuros”.
“Hay personas allí impulsadas por grupos criminales, investigados por Maccih y la Uferco, que tienen denuncias directas. Demandamos que se abstengan de votar todos los y las diputadas que tengan procesos abiertos o engavetados por la Corte Suprema actual. Deberían estar inhabilitados. Estas personas se llaman padres de la patria y deberían estar purgando una condena”, exigió Gabriela Blen.
Respecto a la falta de transparencia señalada por Blen y Villanueva, Human Rights Watch señaló en 2022 que el crimen organizado violento continúa afectando a Honduras y que “la impunidad sigue siendo la norma”.
“La Corte Suprema, en particular su presidente (Rolando Argueta), ejerce un control excesivo sobre el nombramiento y destitución de los jueces y la inestabilidad de carrera limita la independencia de los jueces”, afirmó Human Rights Watch.
El poder oculto que mueve los hilos
Detrás de la mirada pública, un parlamentario suplente afirmó a Reportar sin Miedo que Yani Rosenthal, excandidato a la presidencia y exconvicto, y Carlos Flores Facussé, expresidente de Honduras, están presionando para que la mayoría de la Corte quede en manos del bipartidismo clásico. “Yani Rosenthal quiere cuatro magistrados y se están protegiendo” con el Partido Nacional, señaló el entrevistado.
Mientras este ajedrez político mantiene atemorizados a varios sectores de la población, la mayoría de los hondureños siguen preocupados por otros asuntos como el desplazamiento forzado, la violencia, el desempleo y la canasta básica, en especial los huevos, que no dejan de subir de precio.
Una de las dudas sobre la elección es la cantidad de magistrados por partido. Según las hipótesis que se manejan, Libre quiere siete magistrados, el Nacional quiere cinco y el Liberal, otros cinco. Eso ya fue rechazado por el Partido Nacional. Al respecto, el vocero del PN manifestó que no le darán el poder a un grupo socialista a favor del aborto y del matrimonio igualitario.
Sobre las declaraciones del diputado nacionalista Tomás Zambrano, el abogado Héctor Núñez expresó que estos temas se deben abordar desde un punto de vista jurídico y no desde creencias personales porque Honduras forma parte de acuerdos internacionales de derechos humanos. Por ello, el Estado hondureño debe cumplir con la no discriminación por orientación sexual y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
Mientras los hilos del poder están en manos de hombres, se habla de que la nueva Corte Suprema de Justicia será presidida por mujeres. Grupos organizados en defensa de los derechos de las mujeres, disidencias sexuales, defensores de territorio y poblaciones originarias piden una CSJ para todas, todos y todes.
¿Quién está tomando el control de la Corte? Esa es la pregunta que se hace la mayoría de la población hondureña. Algunos sectores señalan al asesor presidencial y expresidente Manuel “Mel” Zelaya como responsable de las negociaciones junto con algunos miembros de la junta directiva de los partidos Liberal y Nacional.
“Mel Zelaya ha venido advirtiendo que quiere cambiar el sistema y, si se cambia el sistema, automáticamente los diputados y magistrados dejarán de serlo. Todo va a cambiar porque ni siquiera se va a necesitar una Asamblea Nacional Constituyente. En el momento en que la Corte es manejada por el mismo que maneja el Congreso y el Poder Ejecutivo, él puede cambiar las leyes”, dijo Salvador Nasralla, designado presidencial y líder del Partido Salvador de Honduras (PSH).
Para consensuar la aprobación de los 15 magistradas y magistrados se han sentado con líderes nacionalistas y liberales, principalmente, y con el PSH, que se ha convertido en un veedor más que en un jugador de ajedrez.
“La discusión se ha centrado en esas cuotas de una manera cínica, en la que se le falta el respeto al pueblo, que quiere a los y las mejores, no a los que sirvan a ningún poder”, afirma Jimena García, representante del movimiento 100+ Mujeres.
“Detrás de este proceso es muy probable que sigan estando involucrados grupos del crimen organizado. Los involucrados en la narcoactividad y la trata de personas siguen operando y sigue existiendo un alto nivel de impunidad. El poder real está en los partidos políticos y grupos económicos”.
García agregó que el crimen organizado se ha insertado en los tres poderes del Estado. “El poder para ser inmunes ante la ley va desde la sociedad, pasando por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional”, toda la institucionalidad que controló Juan Orlando Hernández, llevando a Honduras a un Estado fallido o narcoestado.
Análisis de Leonela Paz
A pocas horas de vencerse el plazo de salida de la Corte actual, se manifiesta la falta de esperanza en una nueva elección. “La independencia es un factor determinante para fortalecer el sistema judicial y alcanzar algo de la tan anhelada justicia que Honduras merece y que los gobiernos mantienen en deuda”.
La “casa de la justicia”, donde la injusticia muerde a los descalzos, a los y las soñadoras, tiene la mirada puesta del pueblo hondureño y de organismos internacionales como la Misión Internacional de Observación (MIO), a la que pertenece Juan Jiménez Mayor, exvocero de la Maccih.
Lo mínimo que esta clase política puede hacer es evitar el descaro, la desfachatez y el cinismo y hacer una transformación judicial prudente y justa ante la posible llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (Cicih), para la cual ya existe la firma del memorándum de entendimiento con la ONU.
Con buenas decisiones, que espera el pueblo, Libre se fortalece, el Partido Liberal y el Nacional podrían salir de la oscuridad. Podrían promover nuevas figuras y no los “corruptosaurios” que salen a dar la cara permenentemente como si del circo romano se tratara, pero esto es utopía.
¡Justicia para Honduras!
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