“Hemos hablado con el vicecanciller Gerardo Torres y no hemos tenido respuesta”, añadió la directora del medio independiente Pasos de Animal Grande. Meza se refirió así a las solicitudes de que el Estado sea parte de convenios que protejan a los periodistas de la violencia
Por Amelián Zerón
Tegucigalpa, Honduras. Organizaciones solicitaron este 23 de marzo que los Estados centroamericanos establezcan mecanismos para defender la libertad de expresión e impidan una escalada de violencia contra el periodismo en la región.
En la rueda de prensa, organizaciones encabezadas por Reporteros sin Fronteras y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras protestaron por la falta de garantías para la cobertura de elecciones.
También mencionaron “el aumento de una escalada de violencia letal a periodistas”.
Luego de un gobierno en manos de un presidente vinculado con el narcotráfico y preso en Estados Unidos, los medios de comunicación esperaban una transición que garantizara los derechos de los periodistas y comunicadores sociales.
Sin embargo, en 2022 se reportaron 39 periodistas asesinados en la región.
Esa cifra es considerada la más alta registrada hasta hoy y representa la mitad de los periodistas asesinados en todo el mundo.
En el evento también participaron la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Nadie protege a los periodistas
Los patrones de violencia se repiten en los países hermanos, según las organizaciones centroamericanas defensoras de la libertad de expresión.
“Hay patrones de ataques contra la prensa que se repiten en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala”, informaron.
Por otro lado aseguraron que las autoridades estatales no le dan importancia a esta situación, ya que nadie salvaguarda a las y los periodistas.
“Las autoridades están en crisis institucional, técnica y presupuestaria por la falta de voluntad política para dirigir adecuadamente una institución vital para salvaguardar la vida de los periodistas amenazados”, agregaron.
Para la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, Dina Meza, la situación que enfrentan los periodistas en el país es crítica, ya que el Estado no cumple con los convenios y tratados internacionales para proteger a este sector.
“Hay una escalada de violencia contra la prensa que está canalizada desde el propio Estado, grupos de poder y grupos de narcotráfico. Los funcionarios estatales agreden a la prensa, pero no son penalizados”, dijo Meza.
Según la directora de Pasos de Animal Grande, los ministerios públicos de la región no actúan penalmente contra los grupos que atacan al periodismo.
Tampoco cumplen los tratados internacionales de protección de periodistas, aseguró. “Honduras ha hecho tres exámenes periódicos universales. Siempre ha salido que el Estado debe proteger a los periodistas, investigar las agresiones y castigar a los responsables. Pero ninguna se está cumpliendo con el gobierno de la presidenta Xiomara”.
Asimismo, las organizaciones han hablado con entes estatales para incorporar principios y convenios que beneficien a los periodistas. A pesar de sus solicitudes, no han tenido respuesta.
“Hemos hablado con el vicecanciller Gerardo Torres y no hemos tenido una respuesta de incorporación del Estado a este espacio importante integrado por varios países y coordinado por Países Bajos”, señaló Meza.
Ese espacio, agregó la defensora, promueve el respeto de la libertad de expresión y de medios, el acceso a la información y la protección de periodistas.
¿Qué pasa con los periodistas en Colombia?
La situación actual del periodismo en Sudamérica es la misma que en Centroamérica, dijo el director de FLIP, Jonathan Bock.
“En Colombia existe un mecanismo de protección de periodistas, pero no da atención, sobre todo, a los más vulnerables. Pueden pasar cuatro meses desde que un reportero denuncia la amenaza hasta que hay respuesta del mecanismo”, explicó Bock.
Para el director de FLIP, esta no es una respuesta eficiente ni garantiza que el periodista pueda continuar trabajando. “No solamente falta agilidad de la respuesta. También muchas veces desestima las amenazas o las denuncias de los periodistas regionales”.
Aseguró que en su país ha habido amenazas y muertes que bloquean el trabajo periodístico.
“El año pasado, dos periodistas fueron asesinados y 218 fueron amenazados. Muchos periodistas abandonan sus ciudades e investigaciones. También genera autocensura, que dejen de cubrir determinados temas porque los van amenazar. No hay respuesta de las autoridades para investigar y darles protección”.
Es por ello que se han unido con periodistas de Centroamérica para pedir a los gobiernos que tomen cartas en el asunto. Asimismo para dar la alarma de la situación crítica del periodismo en Centroamérica.
Para Block, un punto en común es el mensaje estigmatizante de los gobiernos que desacreditan el trabajo periodístico para silenciar las voces independientes y críticas.
La lucha del periodismo en El Salvador
El escenario es complejo en El Salvador. Aunque la prensa nunca ha sido de agrado para los gobiernos, las y los periodistas tratan de continuar con su labor.
“En los últimos cuatro años ha habido un acelerado deterioro del respeto de los derechos fundamentales”, detalló Angélica Cárcamo de la APES. Agregó que la mayoría de vulneraciones en 2018 eran por crimen organizado, pero la APES registró más de 140 violaciones contra la prensa en 2022. Ocho de cada diez las comete el Estado salvadoreño, dijo Cárcamo, “empezando por el presidente que tiene una narrativa constante de odio contra la prensa”.
En resumen, el periodismo latinoamericano afronta una situación vulnerable en la que el gobierno es la principal amenaza. A pesar de esa situación, el sector continúa a diario con el objetivo de informar a la ciudadanía.
