La familia Atala Zablah se benefició con la corrupción, afirmó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Entre seis y 27 años de prisión exigen para todas y todos los responsables del caso
Por Kevin Contreras
Tegucigalpa, Honduras. El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción realizó durante cuatro días la audiencia del juicio en el caso de corrupción “Fraude sobre el Gualcarque” que estuvo detrás del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
La audiencia comenzó con la evacuación del peritaje de vinculación presentado por la fiscalía en favor de la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá, y del Copinh como víctimas directas.
El Tribunal de Sentencia declaró sin lugar la excepción presentada por la defensa de David Castillo para declarar nulo el juicio. Cabe destacar que a Castillo lo declararon culpable como coautor del asesinato de Cáceres. Además fue sentenciado a 22 años y seis meses de prisión.
Por otra parte, durante el juicio, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones solicitaron evacuar varias pruebas con que se pretendía demostrar la vinculación criminal de los imputados de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) y el Estado de Honduras.
Durante las conclusiones, luego de haber evacuado decenas de medios de pruebas como testimonios de las víctimas, documentos y la pericia realizada, se demostró la responsabilidad penal de las y los imputados en este caso.
Seis exfuncionarios acusados de corrupción
Roberto David Castillo, exmilitar y presidente de DESA, es culpable del asesinato de Berta Cáceres. La Fiscalía solicitó para él una condena de nueve a 18 años de prisión.
Carolina Lizeth Castillo, exfuncionaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, firmó el contrato de la ENEE para otorgar la concesión a DESA. Para ella, la fiscalía solicita una condena de seis a nueve años de prisión.
Roberto Martinez Lozano, exgerente general de la ENEE durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, firmó el contrato con DESA. En su caso se piden de 12 a 21 años de prisión.
Raúl Pineda Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara, otorgó de forma irregular la consulta y el permiso para la construcción del proyecto Agua Zarca. Para él, la fiscalía solicita una condena de 5 a 11 años de prisión.
Luis Eduardo Espinoza y José Mario Carbajal fungieron como técnicos de la Serna y emitieron dictámenes favorables a DESA sin contar con los requisitos. En su caso se piden de 15 a 27 años de prisión para cada uno.
A su vez, el Copinh detalló en un comunicado de prensa que se comprobó que David Castillo articuló, durante el golpe de Estado de 2009, una estructura criminal para obtener beneficios del Estado de Honduras por medio de la ENEE. La acción de Castillo implicaría un perjuicio de alrededor de 174 millones de lempiras entre 2014 y 2021.
Además, el comunicado destaca: “Este juicio está procesando a los funcionarios públicos que fueron parte del fraude; sin embargo, queda pendiente el juzgamiento de quienes se beneficiaron de esta corrupción: familia Atala Zablah”.
Quiénes están detrás del Proyecto Agua Zarca
Luego del golpe de Estado de 2009 comenzaron a darse concesiones como el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá. El proyecto de la familia Atala Zablah, quienes confiaron en David Castillo para que lo dirigiera por medio de DESA.
El Copinh insiste en que las autoridades hondureñas investiguen y castiguen a miembros de esta poderosa familia. Entre ellos se encuentran José Eduardo Atala, Pedro Atala, Daniel Atala y Jacobo Atala. Los dos últimos ya fueron citados a declarar por el Ministerio Público.
En su último comunicado, el Copinh reclama que “la fiscalía especial Uferco continúe con la investigación y enjuiciamiento de todas las demás personas involucradas en los delitos de corrupción de la empresa de los Atala Zablah que llevaron al asesinato de Berta Cáceres”.
Cabe destacar que Berta Cáceres fue asesinada por protestar contra la represa hidroeléctrica Agua Zarca. El proyecto amenazaba al río Gualcarque, considerado sagrado por el pueblo lenca.
El pueblo lenca y el Copinh siguen esperando una verdadera justicia que libere de toda concesión a los sagrados ríos de Honduras. También exigen enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de estos casos de corrupción y que el sistema de justicia de Honduras garantice los derechos de los pueblos indígenas de Honduras.
