El estado de excepción vigente desde diciembre de 2022 ha sido insuficiente para detener la galopante violencia homicida que durante ese periodo dejó como saldo, al menos, 23 masacres y casi un centenar de víctimas, según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos
Por Eva Galeas
Tegucigalpa, Honduras. La ciudadanía hondureña lleva ya más de seis meses bajo el estado de excepción. Según las autoridades, la medida se impuso para combatir la criminalidad, extorsión y violencia. Sin embargo, los resultados son pobres y poco orientados respecto al crimen.
Aunque las autoridades nunca confirmaron si la medida se extendería de manera consecutiva, sigue ampliándose pese al rechazo de organizaciones de sociedad civil que defienden derechos humanos de las poblaciones vulnerabilizadas.
El primer PCM en el país cobró vigencia desde el 6 de diciembre de 2022. Sin embargo, el ente rector de derechos humanos en el país detecta quejas, violaciones de derechos humanos y mayor vulneración contra la población.
Por otra parte, desde la vigencia de dicha medida hasta la fecha ya se registran al menos 23 masacres y casi un centenar de víctimas. Las últimas horas se dio a conocer una masacre registrada en San Pedro Sula, norte del país.
El hecho violento cobró la vida de tres hombres que se encontraban departiendo en un local de bebidas alcohólicas. El triple crimen ocurrió en la noche del domingo 11 de junio de 2023 en la tercera avenida del barrio Barandillas.
Elementos de la Policía Nacional dieron a conocer que dos de las víctimas fueron identificadas como Edy Lone y Carlos Cruz. La tercera sigue sin ser reconocida.
Es preciso señalar que con este triple crimen sería la segunda masacre en menos de 24 horas en aquella ciudad, dado que en la colonia Santa Martha cinco personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas el reciente fin de semana.
Defensores de derechos humanos rechazaron el estado de excepción porque lo consideran una medida violatoria de derechos y discriminatoria, pues al comienzo se daba solo en las zonas más desprotegidas. Pero la preocupación de los defensores iba más allá, pues las fuerzas de seguridad del Estado encargadas de llevar a cabo el PCM no logran tener buenos vínculos con la ciudadanía porque han sido los principales agresores del pueblo en años anteriores.
Los cuestionamientos no estaban del todo fuera de lugar. El Observatorio Nacional de Derechos Humanos, mediante un monitoreo permanente de los centros de detención habilitados para la ejecución de esta medida restrictiva de derechos humanos, da cuenta de que las autoridades nacionales atropellan los derechos de la ciudadanía.
Según el Observatorio, se da seguimiento a situaciones que podrían indicar la concurrencia de maltratos, uso desproporcionado de la fuerza e incluso actos de tortura en el marco del estado de excepción.
“Si observamos como hondureños objetivos y somos críticos, no logramos ver lo que en verdad están haciendo estos mil efectivos policiales durante este estado de excepción en los 125 municipios en todo el país”, manifestó a Reportar sin Miedo la criminóloga Zeyda González.
González también se cuestiona qué está haciendo la Secretaría de Seguridad porque los grupos delictivos en el país siguen violentando el derecho a la vida. “Lo que podemos observar es que la misma Secretaría de Seguridad y los demás entes encargados de dar seguridad a la ciudadanía solo se quejan de falta de presupuesto y equipo. Mientras tanto, los grupos delictivos se fortalecen cada día sin que nadie los persiga. Demuestran que están mejor organizados que la policía y que la Secretaría de Seguridad. Estos grupos se burlan de las medidas que ponen las autoridades”.
A juicio de la criminóloga, de nada sirve que la policía mencione avances en los operativos cuando solo incautan cosas materiales. A pesar de todo, no hay personas detenidas ni con un proceso legal. Entretanto, el crimen se mantiene latente en el país y la paz y la tranquilidad siguen siendo una lucha de todos. Al mismo tiempo, González asegura que mientras no se cree un verdadero plan que inicie de cero para desmontar estos grupos, poco o nada están haciendo.
120 masacres en el mandato de Xiomara
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos da cuenta de que desde 2021, cuando asumió el cargo Xiomara Castro Sarmiento, Honduras ha sido escenario de, al menos, 120 masacres, de tres o más víctimas. Casi todos estos crímenes se mantienen en la impunidad por la falta de investigación y otras causas.
El Conadeh estima que entre 2010 y junio de 2023 se han registrado en el país unas 1,170 masacres que han dejado alrededor de 4,270 personas muertas. En esos 13 años y medio, los 18 departamentos del país han sido escenario de muertes múltiples.
No le veo ningún sentido al estado de excepción. Sencillamente, lo que hacen es dar seguimiento a un plan que ya existe para no crear nuevas estrategias. Solo siguen un plan firmado por un grupo que únicamente arroja resultados negativos.
Zeyda González (criminóloga)
Uno de los hallazgos más comunes en las masacres es que pocas veces los responsables son reconocidos y capturados por las autoridades encargadas de la prevención y de la investigación de este tipo de delitos.
Del mismo modo, en muchos casos, los responsables de cometer el crimen se cubren el rostro con pasamontañas y usan chalecos antibalas. Además andan fuertemente armados e incluso algunos usan placas, uniformes militares y policiales.
Masacres en 12 departamentos
Desde que entró en vigor del estado de excepción en diciembre de 2022, el Conadeh registra 23 masacres que han dejado 87 personas muertas y una decena de heridos. Entre las víctimas que perdieron la vida figuran 65 hombres, 17 mujeres y cinco niños.
Durante este periodo, 12 departamentos del país han sido escenarios de muertes múltiples. Francisco Morazán registra cuatro muertes; Yoro, tres; Cortés, tres; Olancho, dos; Santa Bárbara, dos; Comayagua, dos y Colón, dos. Con una masacre se reportan Ocotepeque, Atlántida, Copán, Intibucá y Valle.
Durante este año perdieron la vida violentamente, bajo esa medida, 51 hombres, 14 mujeres y tres niños. En total ha habido 68 víctimas de la violencia homicida “que galopa sin frenos en el país”, según el ente rector de derechos humanos. Asimismo estima que Honduras registra un promedio de diez homicidios por día que lo ubican como uno de los países más violentos de la región y de Latinoamérica.
Sin resultados favorables
De acuerdo con el análisis de los datos arrojados en el marco del estado de excepción, según el Conadeh, no hay suficientes razones argumentativas para comprobar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida adoptada por el gobierno hondureño.
González también es del criterio que Honduras no necesita más estados de excepción. Al contrario, agregó, es preciso trabajar en programas orientados a la prevención de la violencia. Además argumentó que se necesita crear estrategias para combatir el crimen con el fin de que Honduras se quite la mala imagen de país violento.
“No le veo ningún sentido al estado de excepción. Sencillamente, lo que hacen es dar seguimiento a un plan que ya existe para no crear nuevas estrategias. Solo siguen un plan firmado por un grupo que únicamente arroja resultados negativos”, añadió.
González manifestó que la extensión del estado de excepción lo único que deja es un gasto de presupuesto para algo que no cumple con su objetivo o razón de ser.
“Creo que a corto plazo estrategias como esta no dan ningún resultado. Llevamos siete meses y no hay avances. Las personas siguen extorsionadas, la población sigue sufriendo y las familias se siguen enlutando, acompañado de la impunidad”.
