Sí los tienen, asegura Kate Orellana en su columna de hoy para RSM. “La violación o falta de reconocimiento de algunos derechos humanos genera un aumento en la criminalidad y violencia. Otras de las razones por las que las personas privadas de libertad tienen derechos es porque no todas han cometido un delito”
Por Kate Orellana
Tegucigalpa, Honduras. En la última semana, el miedo se ha adherido a las familias hondureñas como si de película de terror se tratase. Entre el pánico y la conmoción debido a los últimos acontecimientos, la población ha permanecido inmersa en una crisis colectiva que hace responder a la violencia con más violencia.
Uno de los comentarios más replicados ha sido que las personas privadas de libertad pierden sus derechos al realizar acciones delictivas, otras personas han sugerido que incluso los criminales tienen derechos.
Así que hoy vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en Honduras y sobre si a estas personas se les deberían reconocer sus derechos humanos.
Bienvenido/a a mi blog, suelo hablar de temas de relevancia social. Si gustas leer más, puedes pasarte por mis demás escritos y, antes de sugerir a quién sí y a quién no se le deben reconocer sus derechos, te contaré un poco sobre el contexto nacional que estamos viviendo.
El martes 20 de junio, 46 mujeres fueron asesinadas en el Centro Femenino de Adaptación Social en Támara y el sábado 24 de junio, una masacre arrebató la vida de 11 personas en Choloma, dando como resultado 21 asesinatos sólo en Cortes, entre las cuales se incluye una mujer y su recién nacido al cual sostenía en brazos, esto sin contar los asesinatos en las otras partes del país.
La ola de violencia incluso ha orillado a restaurantes a cerrar, como Tony’s Mar en Tegucigalpa y La Casa de la Pasta en San Pedro Sula.
Estos hechos no sólo han preocupado a todas y todos, sino que también ha hecho cuestionarse qué tan necesario es salir de casa e inclusive qué otros métodos pueden garantizar su seguridad y las de sus familias.
Ante la crisis, este 25 de junio, la presidenta Xiomara Castro instauró un toque de queda especial en Choloma desde las 9:00 p.m. a las 4:00 a.m., y en San Pedro Sula comenzará hasta el 4 de julio.
También se inició la operación “Candado Valle de Sula”, dirigida por el ministro de Seguridad, el coronel Julio A. Ruiz, y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la cual, según algunas personas, es una copia de los métodos del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Cabe mencionar que quienes se espera resuelvan esta crisis son los militares, los mismos que han violentado derechos humanos y han arrebatado vidas inocentes en nombre del Estado de Honduras en reiteradas ocasiones. Claro que no todos. Hay quienes han portado el uniforme con honor y desempeñado sus funciones a la altura de sus cargos.
Pero entonces ¿aquellas personas que se encuentran privadas de libertad deben tener derechos humanos? Aquí les traigo la respuesta y puede que a algunas personas no les guste tanto.
Independientemente del delito que hayan cometido o no, sí tienen derechos humanos. Dejame te cuento el porqué.
Tengamos en cuenta ver el crimen como un problema social y, en Honduras, uno de los que más se destacan, manifestándose en muchas formas de violencia, como asaltos, agresiones, secuestros, violaciones, robos, asesinatos y otros tipos. Este problema afecta a todas y todos sin importar género, sexo, situación económica ni demás distinciones. Sin embargo, algunos grupos sociales se ven más afectados que otros.

De hecho, la violación o la falta de reconocimiento de algunos derechos humanos es lo que genera un aumento en la criminalidad y violencia. Más profundo que sólo un acto violento, es un problema estructural. Esto ocurre cuando se daña a la persona al no permitirle satisfacer sus necesidades básicas.
Para que se entienda más fácil, imagina a un niño o niña que debido a escasos recursos no ha contado con una educación digna ni ha tenido una familia funcional, lo cual lo ha orillado a vivir en un entorno violento. Ahora súmale el hecho de que debido a sus problemas económicos debe trabajar a temprana edad y, a falta de oportunidades, termina delinquiendo.
Podría ser un niño o niña que vive en una zona de alto riesgo, rodeado/a de estructuras criminales que sin darle opción terminan obligándole a formar parte de esos grupos cuyo trabajo es el crimen. Muchos de ellos acaban siendo víctimas de la trata de personas y otros delitos de gravedad.
O, en el mejor de los casos, un niño o niña que aprendió a delinquir porque también es algo que podría aprenderse, ya sea que lo aprenda de su familia, amigos u otros grupos con los que se relaciona.
¿Te parecen conocidos estos casos? Seguramente sí, ya que es la realidad a la que se enfrentan muchos hondureños y hondureñas y puede ocurrir desde muy temprana edad o incluso en la adultez.
El punto es que no todas las y los criminales desean o decidieron serlo, algunos no tuvieron elección.
Otras de las razones por las que las personas privadas de libertad tienen derechos es porque no todas han cometido un delito. Algunas de ellas son personas inocentes que han sido arrestadas de manera injusta o, inclusive, personas que están ahí por delitos como estafas mínimas, por permanecer indocumentado en un país que no es el suyo, por llevarse algún producto de una tienda sin pagar, vandalismo, embriaguez pública, entre otros que no parecen tan alarmantes en comparación con los graves.
Dime: si una mujer de mayor edad roba comida en una tienda porque tenía hambre, es arrestada por ello y privada de libertad mientras espera un proceso judicial, ¿debería no tener derechos humanos?
Este es un caso real, ocurrido en Honduras.
Otro ejemplo son las mujeres que sufren abortos espontáneos. Debido a que en Honduras el aborto es ilegal, independientemente de la circunstancia, ellas también se vuelven privadas de libertad, aun cuando no fue su elección o algo que estuviese bajo su control.
La tercera razón es porque los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos. Si bien es cierto, algunos se modifican de acuerdo con ciertas circunstancias, en el caso de cometer crímenes o delitos se les priva de la libertad.
Esta modificación, la vimos al inicio de la pandemia por COVID-19, cuando se nos privó de la libre circulación debido a una emergencia mundial.
Entiendo cómo el dolor puede llevarnos a querer replicar la violencia, desear que esos criminales de delitos graves paguen por lo que hicieron.
También perdí varios familiares y amigos a manos de esas personas. De hecho, una de mis personas favoritas en el mundo fue asesinada en su hogar para robarle lo poco que con esfuerzo había conseguido. Siempre pensé en que podrían haberle robado sin necesidad de matarlo. Aun así lo hicieron.
Recuerdo que estaba cocinando tajadas de guineo (mínimo) verde y que mi madre se acercó para alejarme de la estufa y apagarla para después envolverme en un abrazo mientras mi padre me daba la noticia. Sabían lo que significaba esa persona para mí y que al momento de enterarme me iba a derrumbar.
Pasé meses deseándoles lo peor, nunca supe si se hizo justicia al mandarlos a prisión con una pena justa. Esa es otra deficiencia que tiene nuestro país, y es que no se hacen las investigaciones adecuadas y los años de cárcel suelen ser mínimos en consideración con el crimen. Esa es una de las cosas que se deben mejorar antes de querer privarles los derechos a todas las personas encarceladas.
Lamentablemente, Honduras ha sido un país violento desde hace mucho, ni siquiera sé si en los años que llevo de vida ha dejado de serlo. Es lamentable y alarmante que todas y todos en algún momento hayamos sido víctimas de la delincuencia en este país.
Yo sé que algunas personas opinan que las cárceles deben ser un lugar para castigar a los delincuentes. Otras dicen que debe ser un espacio que sirva para disuadir a no cometer más delitos si algún día obtienen nuevamente su libertad. En mi opinión debe ser un espacio con un enfoque de reinserción social.
Es decir que durante estén privados de libertad se les instruya para poder integrarse nuevamente a la sociedad si alguna vez salen libres. Esto significa educarlos en temas que sean de utilidad, capacitarlos para algún empleo, garantizarles salud e incluso permitirles realizar algún deporte.
Si se responde a la violencia con más violencia, lo único que se obtiene es generar enojo y odio en los delincuentes y no prepararles para regresar a la sociedad después de estar privados de libertad sólo garantiza una cosa, que regresen a delinquir, quizá porque sea lo único que conozcan o porque lo vean como oportunidad, tal vez porque les resulte un espacio seguro. El hecho es que algunas de esas personas saldrán y los resultados no serán positivos si no se les prepara para volver a la sociedad.
Necesitamos penas más largas, la tipificación de delitos que aún no se contemplan en el código penal y algunas otras soluciones que podrían resultar efectivas. Quizás no es nuestra responsabilidad darlas, debería ser del Estado y las instituciones que lo conforman, pero, si reconocemos algún problema, a veces también tenemos que pensar en qué respuesta podría funcionar. Contrarrestar la violencia con más violencia no creo que lo sea.
También aclarar que defender derechos humanos de las personas privadas de libertad no es estar a favor de los criminales. Tampoco es una herramienta que puedan usar para salir libres. En realidad, es una discusión que en momentos tan críticos como en los que se encuentra nuestro país no deberíamos estar teniendo.
Dejame saber cuál sería tu propuesta para mejorar la situación a la cual nos enfrentamos y qué opinión tienes sobre el tema. Te estaré leyendo, recuerda que, si deseas que hable de algo en especial, házmelo saber y con gusto puedo hacerlo. Me lees a la próxima, cuídate mucho.