Violencia, ataques legales, acceso restringido a la información y hackeo contra comunicadores en Honduras, entre los hechos que revela nuevo informe del Comité por la Libre Expresión
Por José Manuel Serén
Tegucigalpa, Honduras. El Comité por la Libre Expresión reveló los hechos más relevantes contra la prensa hondureña en su informe Sin acallar a la crítica, ¡recuperemos la palabra!
Entre los hechos expuestos figuran la violencia, los ataques legales, el acceso restringido a la información pública, el hackeo y la censura, la mordaza para el pluralismo y para la multiplicidad de opinión.
El informe señala en primer lugar el Código Penal, el cual impone 20 artículos que afectan directamente a la libertad de expresión.
Entre los artículos se encuentran los denominados delitos contra el honor, utilizados frecuentemente para perseguir a periodistas y comunicadores sociales a través de querellas.
Sin embargo, ese honor está vinculado en particular con empresarios, bancos y funcionarios públicos, pero no con el ciudadano de a pie.
Este tipo de delitos ha sido utilizado por grupos de poder para perseguir y criminalizar hasta la fecha a 40 periodistas y comunicadores sociales.
Entre los criminalizados se incluye al periodista Carlos Ávila, quien ha estado 14 años en proceso cuando la sentencia por este delito es de tres años.
Ávila lleva todo ese tiempo tratando de demostrar su inocencia en el marco del ejercicio de su profesión, denunciando y dando oportunidad a las voces de las víctimas que en su mayoría son comunidades vulneralizadas, las mujeres y las niñas en particular.
Entre amenazas y golpizas
Las alertas registradas en 2022 según el informe de C-Libre se agrupan en siete categorías. Entre ellas, la violencia encabeza nuevamente las agresiones contra la libertad de expresión. Se trata del principal flagelo que enfrentan las y los periodistas, defensores por vocería comunitaria del territorio y ambiente del país.
C-Libre denuncia que, a pesar de contar con un nuevo gobierno que prometía un avance sustancial en derechos humanos, la recomposición de las fuerzas ha traído un retroceso, registrando más asesinatos y transgresiones que en años anteriores.
Sólo el año pasado hubo 98 alertas contra la libre expresión, de las cuales 80 incluían agresiones físicas, asesinatos, atentados y robos, entre otros.
Tales delitos representan el 81.6 de las alertas emitidas, para un incremento del 37.93% de los casos respecto al año anterior.
Entretanto, los ataques legales presentan un incremento del 80% en relación con el año 2021.
En mayo fue cuando se disparó el número de alertas. La cifra refleja la mayor incidencia del clima violento no sólo en Honduras.
Los ataques ocasionan violaciones de múltiples derechos de la libertad de expresión, opinión, información y muchos otros que ponen en peligro al periodismo.
Las alertas para este año inician con la denuncia de dos periodistas críticos, quienes impusieron su denuncia ante el aumento de amenazas digitales y bloqueos informativos en Casa Presidencial.
Los profesionales de la comunicación expusieron que recibieron una alerta al teléfono, ya que un hacker amenazaba con sustraer toda la información de sus celulares.
El informe también revela que la periodista Karen Mejía fue agredida por seis guardaespaldas armados del congresista Jorge Cálix. Además, otros reporteros expusieron que han recibido agresiones y obstrucciones a su labor.
En las alertas emitidas y documentados por esta organización sobresalen enjuiciamientos en juzgados, amenazas a defensores, estigmatización de grupos indígenas, agresiones físicas, amenazas a comunicadores sociales y periodistas y asesinatos.
Entre los asesinatos documentados están la muerte de Donaldo Rosales, ambientalista y líder comunitario en Minas de Oro, Comayagua.
Al cierre del mes de mayo se registraron los ataques contra las defensoras de los derechos LGBTI Rixi García y Rixi Madrid en una calle de Comayagüela, Distrito Central.
Las defensoras fueron hospitalizadas como resultado de la golpiza. A Rixi García le quebraron la cabeza y le provocaron dos fracturas en la mandíbula. Mientras tanto, a Rixi Madrid le introdujeron un desarmador en el estómago.
Ante hechos como este, el director de la Asociación Arcoíris, Donny Reyes, solicitó al Estado que proporcione medidas de protección para todas las defensoras y defensores de los derechos LGBTIQA.
Además, Reyes pidió frenar el aumento de las narrativas y apologías al odio en diversidad de púlpitos, palestras públicas y medios de comunicación.
Empresarios y militares entre los agresores
Como en informes anteriores del Comité por la Libre de Expresión, Francisco Morazán es el departamento con la mayor cantidad de alertas emitidas (34), en su mayoría alertas con violencia.
Lo siguen Choluteca con 18 y La Paz con seis. De igual forma, en Colón y El Paraíso se registró este mismo número por departamento.
Choluteca se posiciona nuevamente como el segundo departamento con más violaciones a derechos de la libertad de expresión y acceso a la información pública, especialmente por un alto clima de violencia en esa región del sur del país.
Es importante recalcar que la mayoría de ataques provienen de personas desconocidas. Las agresiones se ejercen mediante diversos actos.
A esta acción se suma, según el informe, que los empresarios mantuvieron un clima de zozobra para el gremio periodístico a través de amenazas, censuras e intimidaciones.
Después de los empresarios siguen como agresores los operadores de justicia, la Policía Nacional, los activistas de movimientos políticos y los militares, quienes mantuvieron un clima de amenazas y agresiones físicas contra periodistas por su labor informativa a lo largo del año 2022.
Entre los blancos de las agresiones en primer lugar están los comunicadores sociales. En segundo lugar se hallan los defensores de derechos humanos y en tercero, los periodistas.
Cierran medios
El 12 de octubre de 2023 se solicitó orden de captura para excomisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) acusados por el cierre ilegal de los medios de comunicación Cholusat Sur y Radio Globo.
Los señalados no se presentaron este día a la audiencia preliminar en la que debían enfrentar la justicia por varios delitos que se les imputan.
Ante esta acción de desacato, el equipo de abogados acusadores solicitó la emisión de órdenes de captura contra los señalados por el riesgo que representan para la sociedad hondureña.
“Falsificaron documentos públicos, obedecieron una orden ilegal. Se ha solicitado se libre orden de captura. Tenemos ya casi 15 años luchando por la libertad de expresión para que nunca más un gobierno totalitario emita órdenes ilegales, persiga y mate periodistas, cierre medios de comunicación”, manifestó el director de Cholusat Sur, Esdras Amado López.
Los ahora exfuncionarios, Miguel Ángel Rodas Martínez, Héctor Eduardo Pavón Aguilar y José Antonio López Sanabria, fueron procesados penalmente por la Fiscalía de Derechos Humanos. Los suponen responsables de delitos de abuso de autoridad y allanamiento de morada.
Posteriormente, la acción penal se amplió por los delitos de violación contra los medios de comunicación y daños y falsificación de documentos públicos.
Según los fiscales, los afectados en este proceso penal son Cholusat Sur, Radio Globo, Radio La Catracha, EPP Pueblo Visión Canal 36 y La Fe Pública.
Durante la audiencia preliminar, que no se desarrolló por la ausencia de los imputados, el Ministerio Público (MP) se aprestó a formalizar la acusación por los delitos de violación contra los medios de comunicación, daños y falsificación de documentos públicos en perjuicio de los medios antes mencionados.
Ante este atropello, la directora ejecutiva del Comité por la Libre de Expresión, Amada Ponce, manifestó que desde este órgano se ve una repetición de la normativa criminalizante, persiguiendo a estas voces críticas.
“Vemos manifestado en medios de comunicación como Radio Globo, UNE TV, Canal 36, que pese a que son beneficiarios de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son víctimas frecuentes porque son voces críticas. Observamos entonces con suma preocupación cómo se sigue utilizando el Estado actual de una normativa criminalizante, pero además cómo el poder hace uso de estas actuaciones”, lamentó.
Añadió que se está en un gobierno de transición, una oportunidad y una ventana que podría permanecer abierta, pero podría cerrarse también. En este caso, el Congreso Nacional debe hacer las reformas pertinentes ante este tipo de normativas. Es la apuesta a la que toda ciudadanía podría incentivar.
El año pasado, igual se dio el cierre del canal de televisión Aviva TV, provocando que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llegara a la alcaldía de Danlí, departamento de El Paraíso, para solicitar información sobre el cierre de algunos medios de comunicación en marzo de 2022.
El alcalde que dictó este atropello es Abraham Kafati, quien solicitó el cierre de canal porque no estaba de acuerdo con la política editorial del propietario Jaime Nery Díaz.
El propietario del medio expuso que la situación surge a raíz de la cobertura noticiosa que ha causado incomodidad al edil. Díaz agregó que Kafati lo hace porque no soporta las cosas que se dicen en el medio cuando son situaciones negativas para la alcaldía. Para llevar a cabo esta acción arbitraria, señaló Díaz, la disfrazan como pagos de impuesto de un año, lo cual no tiene nada que ver con solicitar el cierre.
Al respecto, el numeral nueve de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Organización de las Estados Americanos manifiesta: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenazas a comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos humanos de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a sus víctimas una reparación adecuada”.
Mecanismo de protección fallido
Carlos Ortiz, de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), manifestó que el mecanismo de protección no ha estado funcionando por falta de recursos financieros y que tampoco existe voluntad política.
Agregó que la Secretaría de Derechos Humanos debe comprometerse y ser tolerante a la crítica de la sociedad civil y los gremios.
Sobre este tema, dijo que la relatoría para la libertad de expresión que visitará Honduras el 20 de este mes hablará con la APH sobre libertad de expresión y de opinión en el país.
En cuanto al informe anual del Comité por la Libre Expresión que indica en forma estadística la violación de la libertad de expresión en el país, Ortiz espera que tales cifras disminuyan en 2024.
Por otro lado, dijo que trabajan en la despenalización de los delitos contra el honor.
Además, comentó que han tenido reuniones con la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que preside el diputado del Partido Libertad y Refundación, Ramón Barrios.
En las reuniones recibieron a organizaciones gremiales de comunicadores sociales para iniciar la socialización de las reformas del Código Penal que afectan el trabajo periodístico. Sin embargo, estas se mantienen estancadas.
“Esta comisión sólo nos llamó para engañarnos. En 2022 nos reunimos en tres ocasiones. Íbamos por buena ruta. Le apostamos a un proyecto de despenalización de estos cinco artículos, que son los más lesivos a la libertad de expresión y del ejercicio periodístico. Nos salió el diputado Ramón Barrios que había que reformar la Ley de Emisión del Pensamiento que fue aprobada en 1957 y al final no nos volvieron a convocar”, relató Ortiz.
Agregó que el Congreso Nacional no tiene voluntad de despenalizar los delitos contra el honor y la injuria y la calumnia, ya que la clase política representada en ese órgano pretende es mantener una prensa callada intimidada, criminalizada y estigmatizada y al final encarcelar periodistas.
Finalizó diciendo que hacia allá nos quieren llevar, pero no han encontrado el eco de la sociedad hondureña porque el día que pretendan afectar a periodistas llevándolos a la cárcel, ese día va a haber caos, anarquía y crisis social en el país, advirtió el representante de esta organización de 98 años de existencia.
La directora de C-Libre, Amada Ponce, señaló que uno de los primeros elementos es cómo durante la visita de la relatora especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión se hacen recomendaciones puntuales al Estado para avanzar en esta temática.
Un elemento sumamente importante, agregó, es la eliminación de la veda de otorgamiento de radios y de frecuencias para radios comunitarias.
En el país hay más de 50 radios comunitarios, pero Conatel sólo ha favorecido a 10 tienen de ellas. Esa situación es preocupante para esta organización.
Ponce añadió que también hay gran preocupación por la constante violencia contra periodistas y voces críticas en el país.
En particular, recordó el asesinato de cinco periodistas y comunicadores sociales en el gobierno de Xiomara Castro, con los que suman 99 muertes violentas en el gremio periodístico.
Lamentó que esta situación hace del país uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Además, plantea como reto importante el protocolo para la investigación de asesinato de periodistas y por qué diversas fiscalías están llevando este tipo de investigación.
Añadió que para C-Libre representa un gran reto que el Estado pretenda desvincular la muerte de los periodistas del ejercicio periodístico cuando los estándares internacionales sobre libertad de expresión mantienen la recomendación de que, cuando ocurre este tipo de muertes violentas, la primera línea de investigación debe ser precisamente el ejercicio periodístico.
La directora de C-Libre destacó que el informe refleja cómo las voces críticas están siendo silenciadas en las municipalidades.
Además, comentó cómo los vacíos que genera la falta de sanciones de Conatel permite que las municipalidades, con una mirada mercantilista, ordenen el cierre de medios cuando presuntamente han interrumpido el pago de sus impuestos.
